Solo El País, ABC y La Razón abren portada con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha fallado que la FIFA y la UEFA violan el derecho comunitario al vetar la Superliga de fútbol e imponer sanciones a los clubs que la promovían. La justicia europea dictamina que las federaciones de fútbol incurren en abuso de posición dominante y no respetan las normas de competencia de la UE. En el editorial, el director de esta santa casa dice que la sentencia es “el cambio más importante de las últimas décadas en el mundo del fútbol”, con consecuencias “de dimensiones económicas enormes para los clubs y toda una revolución en lo que es el espectáculo y el negocio de la pelota”. Eso mismo, explican los expertos consultados por los diarios. José Rivas, codirector del bufete de abogados Bird & Bird, dice a El País que es “un momento similar a la sentencia Bosman”, que en 1995 declaró ilegal que los jugadores comunitarios contaran como extranjeros y revolucionó el mercato de jugadores.
¿Qué tiene que ver esta sentencia —en realidad son tres— con la situación del presidente Carles Puigdemont y compañeros exiliados? Pues que el TJUE no ha hecho caso a la posición del abogado general de la UE en este caso, Athanasios Rhantos, cuya opinión era favorable a la FIFA y la UEFA. También el abogado de la UE, Jean Richard de la Tour, apoyó al juez instructor Pablo Llarena ante del TJUE a raíz de la decisión de la justicia belga de denegar la extradición del conseller Lluís Puig. Para De la Tour, un país tercero no puede valorar si el Supremo es la autoridad competente para juzgar a Puig y que, para argumentar un riesgo de vulneración de un derecho fundamental, debe demostrar deficiencias sistémicas y generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español. En consecuencia, la justicia belga habría contravenido el derecho de la Unión al denegar la extradición de Puig —y por extensión, las de Carles Puigdemont y Toni Comín.
Aunque las opiniones de los abogados generales de la UE no son vinculantes, en la inmensa mayoría de ocasiones sus dictámenes son ratificados por los jueces. Por eso, casi todo el kommentariat español leyó el fin de la aventura de los exiliados catalanes en el dictamen de De la Tour en el caso Puig. También una reivindicación de toda la represión judicial contra el independentismo. “El abogado de la UE da la razón a España ante Bélgica y abre la puerta a la entrega de Puigdemont”, tituló con entusiasmo El País. Incluso algunos sostienen hoy que la amnistía es el fruto de la incertidumbre y el miedo de los exiliados a perder el caso —causada por el dictamen de De la Tour— y de la incertidumbre y el miedo del Gobierno a no ganarlo. Tras la sentencia sobre la Superliga, la justicia (y el gobierno) española tiene más motivos para inquietarse.
En el caso de Puig y compañía, todavía pendiente de resolución, podría ser, como en el de la Superliga, que el TJUE dictamine en contra de la representación legal de la Unión y en favor de Bélgica. Claro que no es automático y que una decisión no anuncia otra. Solo es una posibilidad que había quedado descartada y que ahora está muy a la vista en la decisión del TJUE sobre la Superliga. Algún diario de Madrid lo publica enterrado en la crónica de la cosa. Los de Barcelona ni lo advierten, entretenidos como están, naturalmente, con el encuentro entre el presidente español Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha acabado en unas simpáticas promesas por la “vía autonomista”, como titula El Punt Avui. Lástima, porque hace hervir la olla de la sentencia más interesante del 2024 y avisa, con perdón, de que todo está por hacer y que todo es posible.
