Dice El Mundo que el Tribunal de Cuentas prepara la subasta de la casa del president Artur Mas, en ejecución de la confiscación de los bienes personales con que le toca resarcir su parte de los gastos públicos en la consulta del 9-N de 2014, que ese organismo considera malversación. Por suerte, la constitución española prohíbe encerrar a la gente por deudas, porque la situación en que el Tribunal de Cuentas deja a sus víctimas es igual de bárbara. Se castiga con la requisa del patrimonio personal para compensar las decisiones tomadas en el ejercicio del cargo público electo que no gustan al Tribunal de Cuentas.
Si te parece un ejercicio salvaje y primitivo del poder, no eres el único o única. Ya veremos si eso es como dicen los dos periodistas que firman la información, que ya han tenido que comerse con patatas otras especulaciones como esa. La cosa es que la decisión viene después de que el Tribunal Supremo rechazara admitir los recursos de Mas y otros contra ese embargo, cosa que adelanta lo que pasará con los encausados por el Tribunal de Cuentas a raíz del referéndum del 1-O. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos puede tumbar la sentencia de los líderes del procés y será igual, porque la maquinaria represiva actuará para arrebatar el patrimonio personal de los afectados.
Alerta con el Estado activista
El otro tema del que vale la pena hablar es el que abre la portada de El País. El diario progre explica que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional permitirá al Estado movilizarte para prestar los servicios que bien les parezca y requisarte lo que les apetezca, además de intervenir empresas y, en fin, poner todo lo que es privado al servicio de la administración pública en los casos que la ley determine. La justificación de esta reforma es la complicación que ha supuesto tomar medidas muy fuertes —confinamientos y prohibición o restricción de derechos y libertades— para controlar la pandemia. Ya veremos qué dice la ley exactamente y qué recorrido lleva por las Cortes y por el Tribunal Constitucional.
Ciertamente, la amenaza colectiva que ha supuesto la pandemia ha provocado un aumento del poder estatal, que a su vez ha limitado libertades civiles básicas como el derecho de reunión y de movimiento, entre otras acciones delicadas. En los momentos duros de la pandemia, los estados nos han confinado, han sido el principal canal de información, los reguladores únicos, la fuente de dinero que ha permitido sostener la economía y, finalmente, los financiadores y proveedores de vacunas. The Economist, un semanario liberal británico, ha hecho sumas y restas y calcula que los gobiernos de los países ricos han pagado 90 céntimos por cada dólar de PIB perdido. Los aparatos estatales y los políticos, además, se han encontrado, muchas veces por sorpresa, que cuando restringían las libertades civiles, la mayoría de sus conciudadanos les aplaudían. Sea cual sea el problema (desigualdad, crisis económica, seguridad...), parece que la solución preferida en Occidente es más gobierno y más activista. Es el que esta reforma legal viene a concretar y fijar. Da un poco de miedo, porque estos derechos y libertades que se quieren limitar no pertenecen al gobierno sino a los ciudadanos —como el dinero que se gasta el Estado— y son el fundamento de la democracia. Esperemos que los diarios nos expliquen bien qué quiere hacer el gobierno español.
