La primicia del día la lleva la portada de El País. El Tribunal de Cuentas (TCo) exige una fianza de 5,4 millones de euros a 39 excargos y funcionarios de la Generalitat de Catalunya, a quienes acusa de malversación contable por haber dedicado esa cantidad a lo que considera "promoción en el exterior" de la independencia. Las cantidades se atribuyen según el grado de participación en esta operación, de manera que al presidente Carles Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras se les reclaman 1,9 millones respectivamente y al presidente Artur Mas otros 2,8 millones. El País expone estos hechos fríamente y sólo se le escapa calificar de "fugado de la justicia" a Puigdemont, mentira que ya les supera completamente y son incapaces de corregir. Los datos así expuestos, sin adjetivos y sin cargar los verbos, tienen un impacto brutal. La enormidad de esta decisión no necesita calificativos.
El Mundo, ABC y Ara se han espabilado para entrar en la conversación sin tener más información que la previsión de aquel organismo de dar a conocer hoy el acta de liquidación provisional. El diario ultra madrileño titula con una declaración que atribuye a un consejero anónimo del TCo —las fuentes anónimas e incomprobables son una especialidad de la casa— y habla de "desvío de fondos", un concepto que suena a delito y no es más que una bola del diario para que pienses, efectivamente, que hay delito. El tabloide monárquico hace un juicio de intenciones a Pedro Sánchez. Ara sólo anuncia que hoy martes se conocerá la magnitud de la tragedia. Ninguno de esos diarios tiene información. Han sido astutos para dar esa impresión con una cabriola retórica, pero como El País publica la información de verdad y no un arabesco sobre el tema, quedan un poco en falso. Ahora, peor lo tienen el resto de diarios, que no llevan ni una mala línea en portada.
Quizás —este es un debate viejo y sin fin— a la portada de El País le habría convenido un poco de contexto. Títulos tan fríos dan la impresión de que se ha hecho justicia y que la decisión es final. En realidad, es un acta provisional que establece una fianza (una, digamos, confiscación preventiva) y no la decisión definitiva. Ya se dice en el texto de portada, pero quizás es un dato más notable (o quizás esta es una valoración sabionda y tiquismiquis). El texto esconde que el TCo, pese al nombre, no es un órgano judicial sino el ente fiscalizador de la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa pública y de los partidos, sindicatos... que enjuicia y castiga individualmente, con responsabilidad patrimonial personal, la malversación contable (no penal) —procedimiento curioso que ha motivado que el Institut d'Estudis de l'Autogovern pida su supresión por ser incompatible con la democracia. Creado por la Constitución de 1978, el TCo es parte de la red de instituciones —Tribunal Constitucional, Consejo de Estado... hasta la Agencia de Protección de Datos, etcétera—, con funciones supervisoras o asesoras, cuyos miembros no son electos pero intervienen antes, durante o después en la acción de gobierno. El Estado profundo, el deep state, lo llaman algunos. La composición de estos órganos la pactan los partidos en las Cortes. En el actual TCo tienen mayoría los consejeros nombrados por el PP, detalle interesante para poner en portada. Quizás.
Asustar a los actores del procés vía grandes multas impuestas por uno de esos organismos especiales, activado por un tercero que no es el gobierno ni la administración del Estado, no es una estrategia desconocida. Por mencionar un caso que te sonará, a finales de 2015, la Agencia de Protección de Datos multó a Òmnium Cultural y a la Assemblea Nacional Catalana con 440.000 euros por poco cuidado en la protección de los datos recogidos en la gigaenquesta, un sondeo que servía para calentar el 9N. El poco cuidado que justifica la gigamulta es el robo de datos cometido por un pirata informático desconocido durante la asamblea de la ANC, en 2014, en Tarragona. La denuncia que activó el procedimiento venía de Vox, entonces un partido ultra irrelevante.
