El Tribunal Supremo español ha ratificado la condena impuesta a la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) por vulnerar la libertad ideológica y de expresión de sus profesores. Esta decisión se basa en el apoyo dado por los miembros de la comunidad universitaria a una declaración en defensa del exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y otros ex altos cargos de la Generalitat, enfrente de las acusaciones del Tribunal de Cuentas relacionadas con los gastos del Procés. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la UPC contra la condena, que había sido dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según el TSJC, la UPC violó la libertad ideológica y de expresión al permitir que su claustro emitiera una declaración que cuestionaba las acusaciones contra Mas-Colell.
Esta condena, ahora ya definitiva, se originó después de que el claustro de la UPC aprobara una declaración que ponía en duda las acusaciones contra el extitular de Economía del gobierno de Artur Mas, Andreu Mas-Colell. El Tribunal Supremo ha argumentado que esta acción pone en peligro "el deber de neutralidad ideológica exigible a las administraciones, en este caso en la universidad". En su pronunciamiento, el Tribunal también ha recordado casos anteriores en los cuales confirmó condenas similares a otras universidades, como la UPF y la UOC, por su implicación en declaraciones políticas que violaron la legislación electoral. Según el Tribunal Supremo, las universidades públicas no pueden tomar decisiones que abordan cuestiones políticas o ideológicas que no estén relacionadas con sus funciones propias y que puedan dividir la ciudadanía.
En junio de 2021, el Tribunal de Cuentas fijó unas fianzas que sumaban más de 5,4 millones de euros a una cuarentena de antiguos altos cargos del Govern, durante el ejecutivo de Artur Mas, por los gastos en política exterior y del Diplocat entre 2011 y 2017, al considerar que los fondos se desviaron para la promoción del Procés. Entre las fianzas más importantes —de más de 2,8 millones en cada caso— había la del expresidente Artur Mas y la de Andreu Mas-Colell, que fue el conseller de Economía de sus gobiernos. Arran de esta sentencia, diferentes instituciones emitieron comunicados en contra de las acusaciones. Entre ellas, la UPC, que dio apoyo a una declaración contra la acusación del Tribunal de Cuentas contra el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell y otros ex altos cargos de la Generalitat.