El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, da 10 días al Partido Popular para abonar 1,2 millones de euros en concepto de fianza civil por el caso de la caja B. El partido tiene que responder como responsable civil subsidiario de las cantidades que no han podido abonar los extesoreros Luís Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente, Cristóbal Páez, y la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo que asumió las obras de la sede de Génova.
Si el partido no deposita esta fianza en el plazo establecido, el juez embargará bienes y cuentas corrientes hasta llegar a esta cantidad.
El partido será juzgado como responsable civil subsidiario de los delitos fiscales cometidos por su personal y por los donativos ilegales que recibió durante los últimos 18 años.
Reacción
La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha quitado hierro al ultimátum judicial: "En ningún caso es una condena ni una multa", ha dicho este lunes, después de la reunión del comité de dirección. En cambio, desde el PSOE, Antonio Hernando, ha asegurado que el requerimiento judicial es de "máxima gravedad" y que "nadie tiene ninguna duda de que el PP se ha estado financiando ilegalmente durante mucho tiempo".
Doble contabilidad
El juez argumenta que el PP se financió de forma irregular desde 1990 y hasta, como mínimo, el 2008. Lo hacía a través de una caja B que se engordaba a través de donativos ilegales, que recibía de empresas, a cambio de concesiones.
Reforma de la sede
La otra pata de la causa es el pago de las obras de la reforma de la sede estatal del partido en la calle Génova de Madrid. Según la Agencia Tributaria, el PP pagó 1,4 millones de euros en negro a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo.