Cuestionado, aislado, contradicho, desmentido y sin apoyos. Casi dos semanas después de que estallara la DANA que ha causado más de 200 muertos en el País Valencià, Carlos Mazón continúa en la cuerda floja. Y cada día que pasa se ponen más de manifiesto las negligencias de la Generalitat Valenciana en la gestión del temporal (que está investigando la justicia valenciana) y se hace más evidente que las explicaciones del president valenciano no convencen ni a la población ni a su propio partido. Cada nueva información lo acorrala un poco más y lo deja más cerca de la defenestración final. En los últimos días, en paralelo a los nuevos escándalos de la gestión del gobierno valenciano, el PP se ha ido distanciando de Carlos Mazón y ha evitado avalar su respuesta al temporal. Poca presencia mediática de dirigentes populares y ninguna defensa de su gestión. En Génova, se asume que Mazón tendrá que ser sacrificado porque el relato del presidente valenciano tiene demasiadas fisuras y su liderazgo ha quedado altamente en entredicho. Mientras tanto, la ciudadanía sube la voz y protesta contra Mazón. Ayer, decenas de miles de personas se manifestaron en València para exigirle la dimisión. El presidente valenciano se queda solo.

La lectura del aislamiento promovido por el PP va más allá. Si los populares quieren disparar contra la Moncloa, que es su objetivo primordial, por su reacción ante la DANA (las críticas se dirigen, especialmente, hacia Pedro Sánchez, Margarita Robles y Teresa Ribera), tienen que asumir que Mazón no podrá continuar. Solo repartiendo las culpas (y salpicando, por lo tanto, al presidente valenciano) podrán exigir responsabilidades al Gobierno con toda la dureza. Pero hay más. El principal interés de Génova es retirar el foco del País Valencià para redirigirlo a los escándalos que “acorralan” a la Moncloa y que confían que hagan caer a Pedro Sánchez: el caso Koldo (el Supremo investigará al exministro José Luis Ábalos), el caso de Begoña Gómez (ahora con una nueva investigación en marcha) y el terremoto por las denuncias de violencia machista contra Íñigo Errejón. Para que todo eso vuelva a estar en el orden del día, el PP necesita que los escándalos de Mazón dejen de ser protagonistas. Será, pues, cuestión de saber hacer encajar los tempos y aprovechar el momento político oportuno. Eso sí, aunque los errores se encadenan, parece difícil imaginar una dimisión inmediata, todavía con los graves efectos del temporal en las calles de los pueblos valencianos. Cuando llegue el momento, habría dos escenarios posibles: la investidura de un nuevo candidato (que tendría que ser diputado y requeriría el aval insoslayable de Vox) o ir a elecciones.

El silencio más atronador ha sido el de Alberto Núñez Feijóo. En los últimos doce días, ha contestado dos preguntas de los periodistas. Ninguna explicación y ninguna muestra de apoyo directo a Mazón. El viernes, después de reunir telemáticamente a los barones del PP, se limitó a reivindicar que la Generalitat Valenciana “se está volcando” en esta catástrofe. Ninguna mención a Mazón. Los populares se centran en reconocer el esfuerzo del gobierno valenciano en la gestión de las graves consecuencias de la catástrofe y en elogiar la “solidaridad” de los territorios gobernados por ellos. En las dos ruedas de prensa que ha ofrecido Génova desde que estalló la DANA, de Cuca Gamarra (secretaria general del PP) y de Miguel Tellado (portavoz en el Congreso), las preguntas relacionadas con la prevención del temporal y con la reacción el día D se esquivan disparando contra la Moncloa. Ninguna explicación: pelotas fuera para evitar contestar sobre el momento clave con respuestas que se ha demostrado que pueden convertirse en boomerang. Sea como sea, no hay ninguna autocrítica con respecto a la actuación de la Generalitat Valenciana el martes del temporal y no hay ni un mínimo cierre de filas con Carlos Mazón.

 

El PP acusa a Sánchez de “dimitir de sus responsabilidades” para no quitar el mando a Mazón

Tanto es así que la principal crítica que ha expresado el PP los últimos días hacia el Gobierno es que no haya declarado la emergencia nacional. “¿Si eso no es una emergencia nacional, qué lo es, entonces?”, se preguntó Alberto Núñez Feijóo el lunes en una declaración institucional sin preguntas. “Si se decide, tiene nuestro apoyo”, subrayó. Y eso, como es sabido, implicaría que Carlos Mazón perdiera el mando de la situación, que pasaría a manos del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el PP desaprueba que Sánchez mantenga el mando a uno de sus barones en lugar de retirarle el poder. Bastante indicativo de la valoración que se hace en Génova del papel de Mazón. El viernes, Feijóo volvió a disparar contra la Moncloa y la acusó de “dimitir de sus responsabilidades”.

Ahora bien, no es una cuestión solo del PP a escala española. “Estamos hablando de una emergencia nacional que requeriría la situación operativa del Ministerio del Interior para coordinar y dirigir recursos estatales a otras comunidades autónomas”, afirmó hace unos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. “Estamos en una emergencia nacional”, sostuvo al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Creo que las responsabilidades, quien las tiene de carácter público, las tiene que asumir siempre. Estoy seguro de que todo lo haya que explicar, se hará. De momento, no juzgaré la actitud de nadie”, esgrimió el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Carlos Mazón está también solo entre sus compañeros de filas.

Isabel Díaz Ayuso, con contención, espera su momento

Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso se lo mira con cierta distancia. Sin hablar mucho y sin posicionarse. Esperando también su momento y con pretensiones de aprovechar esta crisis para debilitar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. La presidenta madrileña, que nos tiene acostumbrados a declaraciones altisonantes y combativas, ha evitado confrontar sobre la DANA. “Estamos destrozados, no tengo palabras”, afirmó al ser preguntada por la gestión de Carlos Mazón. “No se puede imaginar ni el mal cuerpo que tenemos, ni como está siendo de difícil para nosotros mantener una cierta normalidad y una cierta sonrisa delante de las cámaras cuando por dentro estamos destrozados. No puedo decirle más que estaremos allí para ayudar. No haré declaraciones, no puedo”, verbalizó el martes. Y el viernes hizo una segunda consideración: “Pido al activismo político que no involucre Madrid en ningún conflicto. Esta polémica o las discrepancias sobre aquello que se hace o no, me parece que no conducen en este momento más que a la desesperanza”.

 

Las cinco horas de desaparición de Carlos Mazón: una comida con una periodista y un vacío antes de la reunión del CECOPI

Dicho todo esto, ¿cuáles son las grandes negligencias de la gestión de Carles Mazón? La principal crítica que se ha desatado en las últimas horas ha sido su desaparición el mediodía del temporal: llegó más de dos horas tarde a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada después de tener una “comida de trabajo” con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de À Punt. No aparecía en su agenda oficial y su gabinete estuvo días ocultándolo, pero se ha acabado sabiendo. Estuvo en un restaurante céntrico de València hasta las seis de la tarde, pero se incorporó a la reunión del CECOPI pasadas las siete de la tarde. Entremedio, hay más de una hora sin saber dónde estuvo.

Desde su equipo y desde Génova, defienden que Mazón estuvo informado en todo momento sobre la situación. Ahora bien, cuando se sumó a la reunión lo tuvieron que poner al día sobre todo lo que se había estado discutiendo. A pesar de todo, en Madrid, el PP no le quiere sacar las castañas del fuego. “Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de aquel día”, afirmó el jueves Miguel Tellado. Antes, a la una y media, el president valenciano se reunió con el presidente de la patronal, Salvador Navarro, y no habló en ningún momento sobre la temporal y sus posibles consecuencias.

Una alerta que se pospuso demasiado, que se envió a la tercera y que sonó con las calles inundadas

La otra gran deficiencia en la gestión de la Generalitat Valenciana es el retraso en la alerta de Protección Civil. Y en los últimos días se han ido conociendo nuevos detalles que agravan la irresponsabilidad. La realidad es que el aviso en la población se envió pasadas las ocho de la noche, cuando las calles estaban inundadas y el barranc de Xiva se había desbordado. Y ahora se ha sabido que el gobierno valenciano habría podido dar el paso mucho antes: entre las seis y las seis y media de la tarde, durante la reunión del CECOPI, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miquel Polo, puso sobre la mesa la posibilidad de enviar alertas masivas a la población. Ahora bien, la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, no lo consideró necesario.

Posteriormente, a las siete y cuarto de la noche, uno de los técnicos defendió que había que enviar un mensaje “inmediatamente”. Así lo verbalizó, según queda patente en un audio difundido por la Cadena SER, a la consellera de Justicia e Interior y a la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé. Pero no fue hasta una hora después que la advertencia llegó a los móviles de los valencianos. Y hay más. El audio filtrado contradecía unas declaraciones de la misma consellera, que había reconocido en À Punt que desconocía la existencia del sistema de alerta masiva. En declaraciones en la televisión pública valenciana, admitió que fue a las ocho de la noche cuando un técnico la informó de que podía utilizar este mecanismo.

El AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y el UME han tenido que desmentir el relato del PP

En los últimos días, las excusas de Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo han quedado altamente desacreditadas. El primero a abrir la veda fue el líder del PP, que desde l’Eliana responsabilizó a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de la reacción tardía de la Generalitat Valenciana. “Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe, que depende de organismos con competencia exclusiva del Gobierno”, aseguró. Por su parte, el presidente valenciano, más reservado en un principio, decidió pasar al ataque el martes para acusar la CHJ de “desactivar la alerta hidrológica” por posible desbordamiento de caudales en “tres ocasiones”.

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Pero las respuestas de los dos organismos fueron tajantes. Poco tardó la AEMET en refutar las acusaciones de Feijóo y dejar claro que el martes 29 de octubre, “desde primera hora de la mañana se podía concretar un aumento de la peligrosidad del fenómeno meteorológico y sus zonas de impacto, y se dio a conocer por parte de la AEMET con inmediatas actualizaciones”. Sin embargo, a pesar de las previsiones, Carlos Mazón pronosticó erróneamente al mediodía que la situación se calmaría a partir de las seis de la tarde. Por otra parte, la réplica de la CHJ también fue clara: “Entre sus competencias no hay la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de este riesgo físico en la población y en el entorno, de emitir los avisos que corresponda y de adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso”, señaló en un comunicado.

Finalmente, Javier Marcos, general en jefe de la Unidad Militar de Emergencias, tuvo salir al paso de las críticas de Mazón para recordar que es la comunidad autónoma la que dirige la emergencia y que el UME no puede actuar si no recibe “luz verde” del gobierno autonómico. Pero hay más contradicciones sobre la actuación de los militares. La mañana del 29 de octubre, la delegada del Gobierno en el País Valencià ofreció la UME a la consellera de Justicia e Interior en tres ocasiones. Posteriormente, en declaraciones en À Punt, Salomé Pradas negó que se le hubiera planteado el despliegue de la UME, pero aquella misma mañana Televisión Española había captado una conversación entre ella y sus colaboradores en la que les reconocía que la UME “se había puesto a disposición de poder desplazarse”.

Una nueva investidura de un diputado de las Corts Valencianes de la mano de Vox o elecciones

Hecho todo este relato, ¿qué puede pasar a partir de ahora? A escala orgánica, Alberto Núñez Feijóo no puede destituir al presidente valenciano, que puede querer aferrarse al cargo y renunciar a dar un paso al lado. El líder del PP, con la complicidad de Génova y de los barones territoriales, puede presionarlo, retirarle la confianza y enseñarle la puerta de salida, pero la decisión final será de Mazón. Y si decide dimitir, abrirá un escenario con dos caminos y los dos supondrán un desgaste por el PP.

Una posibilidad sería erigir a un candidato a la presidencia (que tendría que ser diputado en las Corts Valencianas) para intentar una nueva investidura que requeriría a toda costa el apoyo de Vox. El partido de extrema derecha rompió el pasado mes de julio todas las alianzas autonómicas con el PP a causa de la distribución de menores extranjeros no acompañados y ahora se tendría que reconciliar con los populares. La vía alternativa, que podría llegar por voluntad propia o por la imposibilidad de hacer fructificar una investidura, sería celebrar unas nuevas elecciones, con el riesgo de cambio de gobierno después del desgaste evidente que ha sufrido el PP los últimos días. Los populares salen perdiendo.

Bonus track: Carlos Mazón, a la vanguardia de los pactos con Vox

El distanciamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón no es nuevo. Conviene no olvidar que, después de las elecciones autonómicas de mayo del 2023 y una vez Pedro Sánchez había convocado las elecciones del 23-J, el actual presidente valenciano fue el primer líder territorial del PP que pactó con Vox a pesar de las reticencias de Génova. Dos semanas después de la alianza entre el PP y Vox en el País Valencià, llegaron los pactos en las Baleares y en Extremadura. Los acuerdos en Aragón y en Murcia no fueron hasta pasadas las elecciones generales. En concreto, Carlos Mazón dio a la extrema derecha una vicepresidencia y dos conselleries y fue investido presidente diez días antes del 23-J. Tres meses más tarde, Feijóo reconoció el “desgaste” que había sufrido el PP en las elecciones a causa de los acuerdos con Vox.