No les quieren ver ni en pintura ni les quieren incluir en la mesa de negociaciones. Pero el Partido Popular juega sus cartas ahora que los socios de coalición se tiran los trastos por la cabeza por la ley del 'solo sí es sí', la reforma de la cual busca parar la retahíla de rebaja de penas y de liberación de presos por delitos sexuales. Sus votos podrían ser determinantes si el PSOE y Unidas Podemos partir peras a raíz de la ley del ministerio de Igualdad, Irene Montero. Aunque el PSOE se ha apresurado a excluir rápidamente los populares de todo pacto para aprobar la proposición de ley presentada este martes, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido sus votos al gobierno si el texto "va en la línea de corregir las terribles consecuencias", si sirve "para corregir las chapuzas que han derivado", "si no se convierte en una "chapuza 2". Sin embargo en la sede de la calle Génova de Madrid admiten que quieren esperar a saber los detalles en las próximas horas.
La reforma de la ley del solo sí es sí está dejando herida a la coalición, amenaza de romper puentes entre los socios y eso puede convertir en un aliado sorpresa al PP. En palabras del portavoz de la formación conservadora, Borja Sémper, después de la reunión de la dirección, si la proposición de ley planteada por los socialistas "va en la línea de volver a la racionalidad ya alertada por el Ministerio de Justicia, a nosotros nos parecerá bien". En este sentido ha añadido que los suyos "no se enrocarán en cuestiones partidistas absurdas" porque, ha rematado, "queremos beneficiar a las mujeres que hoy se sienten revictimizadas". El dirigente popular ha subrayado que "el problema no será el PP" y ha acusado a los socialistas de "sectarismo" por no querer sentarse con ellos para modificar la norma.
Los puntos en común entre el PSOE y el PP
Aunque la argumentación es bastante diferente, las propuestas del PSOE y del PP para reformar la ley de Libertad Sexual tienen puntos en común. La proposición de los socialistas, a través del Ministerio de Justicia, vuelve a incorporar la violencia y la intimidación para determinar las agresiones sexuales aunque no desplaza la figura del consentimiento. De esta manera la agresión sexual mantiene la pena de uno a cuatro años pero ahora recupera la horquilla de uno a cinco años (la que había en el antiguo Código Penal) cuando se ejerce violencia, intimidación o anulación de la voluntad. La propuesta del PP, registrada en el Congreso de los Diputados el diciembre pasado, contempla las mismas penas para la agresión sexual: de uno a cuatro años para agresión sexual y de uno a cinco cuando se comete con violencia o intimidación. A diferencia de Justicia, el texto del PP no introduce la anulación de la voluntad de la víctima.