El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para dar el primer paso y acelerar por la vía rápida la reforma del reglamento de la cámara alta. El objetivo de la modificación final es retrasar al máximo la aprobación de la eventual ley de amnistía, que se tendrá que aprobar previamente en el Congreso de los Diputados, donde hay mayoría plurinacional, en caso de que haya acuerdo entre el PSOE y Junts. El PP ha empezado la tramitación de la modificación de reglamento que quiere culminar el martes de la semana que viene. Después de la toma en consideración, se tendrá que reunir la Comisión de Reglamento, abrir un plazo de enmiendas y finalmente someterlo al pleno para que se apruebe definitivamente, recortando los plazos para sacarla adelante. El objetivo del PP es tener acelerar la modificación para tenerla lista antes de que se empiece a tramitar una posible amnistía.
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La propuesta del PP pretende dar la potestad a la Mesa, controlada por mayoría por los conservadores, para decidir si la tramitación de una proposición de ley, como la de amnistía, se puede hacer por la vía de urgencia o no. En concreto, propone la modificación del artículo 133, a partir del cual la cámara dispone de veinte días naturales por tramitar una iniciativa legislativa de forma urgente que viene del Congreso, cosa que implica recortar significativamente los plazos legales y evitar los informes preceptivos de los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. En cambio, según la Constitución, el procedimiento ordinario establece un máximo de dos meses para la tramitación.
El cambio deseado por el PP implica añadir un punto al artículo que determina que la facultad para tramitar una norma por la vía urgente dependa de la Mesa: "En las proposiciones de ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de veinticinco senadores".
En el pleno, la iniciativa del PP la ha defendido el senador Eloy Suárez, que ha dicho que el "uso y abuso" de las proposiciones de ley por la vía de urgencia representa un "desprecio" hacia el Senado. "La reforma tiene el objetivo de aumentar las potestades del Senado por una razón de interés general, que es el ejercicio ponderado y meditado de la función legislativa". Suárez ha afirmado que las proposiciones de ley, como la que se quiere plantear para desplegar la amnistía, se impulsan para "tapar la inconsistencia de las normas jurídicas planteadas por el gobierno", a la vez que ha destacado que la reforma aportará "reflexión y rigor".
Por parte de Esquerra, Josep Maria Reniu ha denunciado que se trata de una "reforma ad hoc que atiende objetivos políticos con un simple interés espurio". "Un menosprecio absoluto a la norma procedimental de esta casa: una propuesta de reforma del Reglamento del Senado lícita, faltaría más, pero saltándose alegremente el mismo procedimiento que establece el Reglamento", ha afirmado en referencia a la tramitación por el procedimiento de urgencia. Por Junts, el senador Josep Lluís Cleries ha calificado la maniobra del PP de "claro ejemplo de filibusterismo político" porque, según su punto de vista, "se está promoviendo el obstruccionismo parlamentario retrasando la tramitación de una iniciativa legítima y democrática", en alusión a la amnistía, a la que ha defendido afirmando que tiene que servir "no para perdonar", sino "para reparar la injusticia que se ha perpetrado contra el independentismo catalán pacífico desde las facciones más reaccionarias del Estado".
En paralelo, el PSOE, ERC, Bildu, Junts, PNV y Sumar han intentado sin éxito detener la reforma, que han calificado de "inconstitucional", solicitando a la Mesa que se reconsidere este planteamiento y censurando la agilidad en los trámites que han utilizado los conservadores. La Mesa del PP ha rechazado el escrito. De hecho, el PP ha incorporado un apartado a la reforma a través del cual obligan al presidente del gobierno central o a los ministros a comparecer en el Senado cuando lo soliciten los grupos parlamentarios. Eso después de que algunos ministros rechazaran comparecer al pleno este martes alegando que la obligación no estaba recogida en el reglamento de la cámara alta. Tampoco han tirado adelante las dos propuestas alternativas de Vox y la de Izquierdas por la Independencia.
Después de la toma en consideración, el lunes 13 de noviembre se reunirá la comisión del Reglamento para debatir las enmiendas que hayan presentado los grupos parlamentarios y el martes 14 está previsto que se apruebe definitivamente al pleno. De esta manera, el Senado podrá dilatar la entrada en vigor de la potencial ley, convirtiendo el procedimiento de urgencia en ordinario. Con el nuevo reglamento, el periodo de tramitación de una norma por la vía de urgencia pasaría de 20 días a dos meses.