La última reunión, el martes pasado, entre representantes del gobierno catalán y español para limar los puntos de la ley de pobreza energética, susceptibles de provocar un conflicto de competencias entre Generalitat y Estado, ha sido un fracaso. Así lo aseguran fuentes del Partido Popular que explican la “sorpresa” de los técnicos de la administración estatal ante la “mala actitud” de la delegación catalana. “Era una reunión técnica y se encontraron con un discurso político inmovilista que hizo imposible cualquier avance”, han apuntado las mismas fuentes.

El objetivo de este grupo de trabajo bilateral, apuntan desde el PP, es encontrar puntos de consenso y alternativas para evitar que el gobierno español recurra la ley. En principio, es un trabajo técnico para permitir que las leyes autonómicas salgan adelante. Y, en este caso, “el ministerio no tiene ningún interés, ni se da ninguna directriz para que los técnicos bloqueen una ley que busca proteger a los más desfavorecidos. Lo que se está diciendo es que la ley otorga al gobierno catalán competencias que no tiene y que esto es inconstitucional. Arreglémoslo y ningún problema”.

Este grupo de trabajo está formado por una delegación del gobierno catalán y un equipo técnico del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto, se trata de personal adscrito a la dirección general de coordinación de competencias con las comunidades autónomas y las entidades locales.   

Recurso de inconstitucionalidad  

Después del tono en que, según fuentes del gobierno español, se desarrolló la reunión del pasado martes, parece poco probable que se introduzcan enmiendas a la ley catalana. Si no es así, el ejecutivo español podría presentar el recurso de inconstitucionalidad después de la reunión del consejo de ministros del próximo 22 de abril.  

“Alimentar el relato victimista”

“Parece que busquen que el gobierno español recurra la ley”. Esta es la conclusión de uno de los asistentes a la reunión del pasado martes. De hecho, desde algunos sectores del PP, defienden que los independentistas tienen en el constitucional su mejor aliado: “Parece que les vaya bien que el constitucional les recurra las leyes porque así pueden alimentar aquel relato victimista basado en que el Estado maltrata injustamente a Catalunya”.  

Decreto anulado, ley...?

La última semana el Tribunal Constitucional ya anuló el decreto de pobreza energética de Catalunya argumentando que invadía competencias estatales.

El decreto aprobado en diciembre del 2013, contempla que la Generalitat defina qué es un consumidor vulnerable y también prohíbe a las compañías cortar la luz y el gas de las familias que no puedan asumir el coste. Estos son dos de los puntos que el tribunal ha considerado inconstitucionales.

El Parlament, sin embargo, aprobó en julio del 2015 la ley de vivienda y pobreza energética que, teóricamente, permite al Govern garantizar todas las medidas que contemplaba el decreto anulado por el constitucional. El portavoz parlamentario de CSQP, Joan Coscubiela, ha denunciado que la ley no ha tenido ningún efecto porque el Govern no ha desarrollado los reglamentos necesarios para dotarla de contenido. Una denuncia secundada por el resto de grupos de la oposición y que ha arrancado el compromiso del ejecutivo catalán de desplegarla antes del 6 de mayo. Habrá que ver si, antes, el gobierno español presenta o no el recurso de inconstitucionalidad.