20 de marzo de 2024 a las 17.48 horas. Pistoletazo de salida al choque institucional entre el Senado y el Congreso de los Diputados. El PP intensifica la batalla contra la amnistía y, tal como anunció ayer su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, quiere “requerir formalmente el Congreso para que proceda a la retirada” de la ley de amnistía. En un escrito de seis páginas registrado en el Senado este miércoles por la tarde, y a golpe de copia y engancha, los populares hacen gala del informe encargado ad hoc a los letrados de la Cámara Alta para argumentar el planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales. El motivo de fondo es claro: según los juristas del Senado, se trata de una “reforma constitucional encubierta”. El PP va más allá y sostiene que “los posibles motivos de inconstitucionalidad” de la amnistía son “abundantes y graves”.

📝 El PP impulsa un choque institucional entre el Senado y el Congreso por la amnistía

 

 

En todo momento, los populares abanderan los pronunciamientos de los letrados, que plantean “dudas sobre la constitucionalidad” de la ley “tanto desde el punto vista de la constitucionalidad material y formal como por la infracción de las reglas esenciales de formación de la voluntad de las Cámaras”. Consideran que se ha utilizado de forma “fraudulenta” el procedimiento legislativo, cosa que supone un “vicio de procedimiento” y la “vulneración del artículo 23 de la Constitución”, el referente a los derechos de representación política. Los populares denuncian “los vicios de inconstitucionalidad que no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra”.

La argumentación en todo momento es que la Cámara Alta tiene una “obligación formal de tramitar una iniciativa que se ha autocalificado como ley orgánica”, pero que, en este caso, en realidad se trata de una “reforma constitucional” o de una “ley inconstitucional”. Según el dictamen, eso supone “una invasión del poder constituyente radicado” en el Senado. ¿Cuál es el motivo? El PP recuerda que, “como es bien sabido”, el procedimiento de reforma constitucional es “sustancialmente diferente del procedimiento legislativo” con respecto a los requisitos de mayorías exigidas para su aprobación y, en especial, por el “peso del Senado en la formación de voluntad de las Cortes Generales”. En las reformas de la Carta Magna, el papel del Senado “prácticamente se iguala al del Congreso” y, además, hay “la posibilidad o la exigencia, según el caso, de la celebración de un referéndum”. Para el PP, la intención del PSOE registrando una proposición de ley era “rebajar las mayorías necesarias para su aprobación” y “esquivar que la posible oposición del Senado dentro de un procedimiento simétrico entre las dos Cámaras le impidiera tirarla adelante”.

El pleno del Senado se pronunciará sobre esta cuestión el 2 de abril

Lo que hace hoy el PP es el primer peso para poner en marcha la maquinaria de un procedimiento inédito entre el Senado y el Congreso. Una vez se ha presentado el escrito, la previsión de la Mesa, según apuntaban ayer fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Alta, es convocar una reunión extraordinaria en Semana Santa con el objetivo de incluir el debate y votacióndel requerimiento del PP en el pleno del 2 de abril. Allí se aprobará gracias a la mayoría absoluta de los populares. A continuación, el Senado dará traslado al Congreso, que tendrá un mes para responder: podrá hacer caso omiso de la reclamación y mantenerse en silencio o retirar la proposición de ley. Una vez pasado este periodo (en el que la Cámara Baja no enmendará su actuación), se abrirá la vía para que el Senado acuda al Tribunal Constitucional, que se tendrá que pronunciar específicamente sobre las “atribuciones constitucionales controvertidas” y no sobre la constitucionalidad de la amnistía.