“Tiene muchas explicaciones a dar y tendrá que darlas probablemente en los tribunales”. La frase la ha pronunciado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, Ester Muñoz, durante la comparecencia de Teresa Ribera en el pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la gestión de la DANA. “¿Se compromete a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar el descrédito a la presidenta Ursula von der Leyen y a todo el colegio de comisarios?”, ha preguntado la diputada del PP a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se convertirá dentro de poco en vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva de la Comisión Europea. Y las insinuaciones no son nuevas: hace días que los populares, a raíz de su ofensiva contra Teresa Ribera para hacerla descarrilar en Bruselas, hacen sobrevolar la idea de que acabará a los tribunales por la gestión del temporal. Lo mencionan y van reiterando el mensaje. Ahora bien, se lo miran a una distancia prudencial. La realidad es que Génova no ha dado ningún paso adelante en los tribunales: el PP hace sobrevolar una futura posible imputación de Teresa Ribera, pero lo fía todo en la acción judicial de otros actores. “No estamos en esta fase”, señalan fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo. “No está en nuestra agenda”, añade un miembro de la dirección del partido a preguntas de ElNacional.cat. En definitiva, una externalización en toda regla.
🔎 La DANA en el País Valencià llega a los tribunales: querellas y demandas contra Sánchez, Mazón y la AEMET
Los populares se desentienden de impulsar acciones judiciales y se remiten a las dos querellas y la demanda que están registradas en el Tribunal Supremo. ¿Cuáles son? En primer lugar, Iustitia Europa se querelló contra Teresa Ribera por su “responsabilidad directa” como “máxima autoridad” de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En segundo lugar, Manos Limpias apuntó contra ella (y contra Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Ángel Víctor Torres) alegando que el Gobierno no declaró el estado de alarma, cosa que “impidió una coordinación efectiva y la movilización de recursos necesarios para enfrentar la emergencia”, y no implementó “medidas adecuadas” para mitigar los efectos de la DANA. Finalmente, el abogado valenciano Curro Nicolau presentó una demanda (en la jurisdicción contenciosa-administrativa) contra Ribera (y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y el secretario de Estado de Medio Ambiente) porque tenía “competencias en la gestión de la crisis hidrológica tanto previa como posteriormente”. “Resulta palmaria la absoluta descoordinación con los órganos autonómicos de la Generalitat Valenciana”, añadía el escrito. Asimismo, Vox también anunció una querella contra Teresa Ribera y otros ministros por “haberse lavado las manos en una evasión competencial absolutamente criminal”, pero no ha confirmado que la haya presentado. Ante todo este escenario, el PP se escuda en el hecho de que “sin” que ellos hayan hecho “nada”, ya hay tres acciones judiciales sobre la mesa.
Desde Génova, insisten en que sus exigencias responden al hecho de que Teresa Ribera sea nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea. “No pidamos que dimita si es vicepresidenta española o que ningún ministro dimita si lo imputan”, relatan fuentes próximas a Feijóo. “Estamos diciendo que no se lleve el problema”, añaden. Este argumento les sirve para justificar que el presidente valenciano, Carlos Mazón, tampoco tendría que dimitir si los tribunales lo investigan penalmente por la gestión del temporal. Las mismas voces reiteran que si Teresa Ribera “exporta una causa judicial en contra suya”, tendrá que “apartarse” para “dejar de llevar el nombre de España a la Comisión Europa”. Además, recuerdan que si Teresa Ribera se convierte en comisaria, las querellas que ahora están en el Tribunal Supremo por su condición de aforada se investigarán en juzgados de primera instancia.
“¿Trasladará a la Comisión Europea los problemas judiciales?”
“La verdad no corre tan deprisa como la mentira, acabará en los tribunales y se estudiará. Le deseo mucha suerte defendiendo eso en los tribunales”, ha lanzado Ester Muñoz en otro momento de su discurso durante la comparecencia de Teresa Ribera. “¿Trasladará a la Comisión Europea los problemas judiciales por su mala gestión en España?”, le ha preguntado durante la sesión de control el diputado César Sánchez. La conclusión es que el PP da por hechos los “problemas judiciales” de Ribera a raíz del temporal, pero se limita a ser un instigador alejado para convertirse en espectador.
Los primeros a referirse a las hipotéticas responsabilidades “judiciales” de Teresa Ribera fueron la semana pasada Alberto Núñez Feijóo y Dolors Montserrat. “La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y, quizás, judiciales de la candidata del Gobierno”, aseguró el presidente del PP, que también hizo referencia a una “mochila detrás de responsabilidad política y, en su caso, de responsabilidad judicial”. Y fue durante el hearing de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo cuando la líder del PP en Bruselas le preguntó si se comprometía a dimitir del cargo de comisaria “si se ve involucrada judicialmente”.
“Debe dimitir si es imputada”
En paralelo a todo eso, el Partido Popular Europeo se ha decantado finalmente por avalar la candidatura de Teresa Ribera contra el criterio de Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, los populares europeos ponen una exigencia clara: “Debe dimitir si es imputada por sus responsabilidades derivadas del ejercicio de sus competencias como vicepresidenta del Gobierno de España”, han argüido en un comunicado esta mañana. El PPE se suma a la ofensiva dialéctica contra Teresa Ribera aunque todavía no hay ninguna querella contra ella que se haya admitido a trámite, según confirman fuentes del Tribunal Supremo a ElNacional.cat. El primer paso será que la Fiscalía se posicione sobre su admisión y, posteriormente, el Alto Tribunal tendrá que tomar una decisión.
Ahora bien, el equipo de Teresa Ribera no ha tardado en contestar. Fuentes del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico aclaran que el Código de Conducta de la Comisión Europea es “claro” y estipula que un comisario “solo está obligado a dimitir cuando es declarado culpable en una sentencia firme por un proceso criminal”. “No hay nada que inventar”, esgrimen. Argumentan que esta es la norma porque si no fuera así, “bastaría que la oposición de cada estado miembro formulara una denuncia en un juzgado para tumbar a un candidato”, cosa que dejaría la Comisión “permanentemente bloqueada al albur de cocidas nacionales interesadas”. Las mismas voces señalan que “múltiples comisarios” han sido “imputados o investigados” a lo largo de las legislaturas y recuerdan que incluso Ursula von der Leyen “fue investigada por un proceso relativo a las vacunas de la Covid”.