"Impediremos la independencia de Catalunya. Tomaremos las medidas necesarias. La secesión no se producirá y el Gobierno lo impedirá". Con estas cuatro frases se ha referido de forma tajante el presidente del gobierno Mariano Rajoy durante el comité de dirección del Partido Popular este lunes, día antes de la comparecencia del president de la Generalitat Carles Puigdemont en el Parlament, según ha informado el portavoz de la formación, Pablo Casado. Ahora bien, Casado no ha revelado cuáles serían estas medidas –más allá de aplicar la Constitución y el Código Penal– y tampoco ha querido aclarar si el apoyo del PSOE era necesario para el 155, aunque esperaban "mantenerse juntos". Lo que sí que ha afirmado es que Puigdemont podría acabar "como quien declaró hace 83 años" la independencia, es decir en 1934, en referencia al president Lluís Companys, detenido y encarcelado por aquellos hechos.

El portavoz ha buscado más tarde corregir que no hablaba del final trágico de Companys en 1940 –el fusilamiento–, pero se ha deshecho entonces en descalificativos al independentismo denunciando que los "únicos fascistas son los separatistas" y que "Puigdemont se ha convertido en un ocupa en la Generalitat y la CUP en unos yonquis de la postverdad", ha dicho sobre la legitimidad para mantener su proyecto. Por ese motivo, ha advertido al president que "dialogue con su abogado", como habría hecho el lehendakari Juan José Ibarretxe en su momento, quien le dijo que le podían caer 7 años de prisión si no renunciaba al plan soberanista.

Así las cosas, Casado ha exigido a la Generalitat que deje de lado el proyecto independentista sin esperar nada a cambio. En primer lugar, se ha remitido a los acontecimientos en el Parlament este martes, indicando que mientras tanto "no hay nada que negociar" con aquellos, que ha tachado de "terroristas", a cambio "de dejar de incumplir la ley". Aquí ha comparado a Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras con los artífices del golpe de estado del 23-F, Tejero y Armada, como insinuando que no serían ya interlocutores válidos, aunque más tarde ha difuminado esta posibilidad.

En segundo lugar, ha afirmado que no habría bilateralidad con Catalunya a la hora de hacer pactos, y que recibiría un trato igual que el resto de comunidades autónomas. "No es el Estado libre asociado de Puerto Rico. Pocas transferencias quedan más para hacer a las comunidades autónomas. Si querían hablar de financiación, que hubieran venido a la conferencia de presidentes", ha dicho.

El portavoz también ha valorado la manifestación unionista que tuvo lugar este domingo en Barcelona, asegurando eran "un millón de personas", cosa que quitaría argumentos al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien pretendería declarar la independencia en nombre de todos los catalanes. "Recordó al Espíritu de Ermua, e impedirá que nunca más se hable de un pueblo catalán. Constata que los independentistas han conseguido fraccionar la sociedad catalana. No éramos silenciosos, estamos silenciados por los medios de comunicación", ha inferido al respecto.

Después, Casado ha puesto el dedo en la llaga sobre el cambio de sede social de empresas que se ha producido a lo largo de los últimos días, como argumento para desbaratar los planes de independencia. "Mienten cuando decían que en Catalunya no pasaría nada si hubiera un proceso de sedición. Lo lamentamos mucho, y no es cosa del decreto [aprobado por el Consejo de Ministros la semana anterior] porque este permite que las empresas se muevan a otras regiones. Ellos decían que querían ser la Dinamarca europea y ahora serán el Kosovo. Su ranking crediticio está al nivel de Gambia", se ha jactado.

El contexto internacional también ha sido argumento por parte del PP, afirmando que Europa no quería más fronteras porque eso abriría la puerta a otras comunidades como Córcega, el Véneto o Baviera en Francia, Italia o Alemania, como consecuencias económicas para toda la Unión. "No queremos una balcanización de España, que sería una balcanización de Europa. Que tendría una consecuencia catastrófica. Ahora quizás quieren impresoras para imprimir billetes porque no pasa nada, si se marcha un funcionario a quien le han hecho chantaje no pasa nada. Quizás los que se tienen que marchar son ellos", ha zanjado.