“Podría dejar insuficientemente financiadas a otras comunidades autónomas” y “podría agravar las desigualdades entre regiones”. El Partido Popular vuelve a utilizar el Senado en contra de los intereses de Catalunya. Esta vez ha sido con la elaboración de un informe contrario a la financiación singular pactada entre el PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa. Después de doce comparecencias de expertos, la cámara alta, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado un informe de dieciocho páginas que reprueba el acuerdo y sostiene que no tiene cabida en el marco constitucional actual: “Cualquier acuerdo que priorice la bilateralidad sobre la multilateralidad, en particular si compromete el reparto equitativo de recursos, se estima claramente inconstitucional”. El documento argumenta que el nuevo pacto supone “riesgos potenciales relacionados con los principios de solidaridad, suficiencia financiera y equidad, que son principios básicos que forman parte de la Constitución y que, en cambio, se ven seriamente afectados”. Es un informe que se ha debatido y aprobado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas y que ha recibido luz verde por 34 votos a favor y 25 en contra.
¿Cuáles son los argumentos? De entrada, censura que el pacto “detrae del sistema una importante parte de los recursos, que automáticamente suponen una reducción de los recursos disponibles para el resto”, cosa que podría “agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras”. “La reducción de la aportación de Catalunya al sistema de nivelación interterritorial podría dejar insuficientemente financiadas a otras comunidades autónomas, estimando que esto podría impactar negativamente en los territorios con menos capacidad recaudatoria, exacerbando desigualdades”, esgrime. Lejos de esta tesis catastrofista, el independentismo ha alzado la voz: ha presentado dos votos particulares y ha defendido la necesidad de que Catalunya tenga soberanía fiscal. “Catalunya no puede más”, ha proclamado Eduard Pujol, el portavoz de Junts en el Senado. “Catalunya no puede esperar más”, ha reivindicado Sara Bailac, la líder de ERC en la cámara alta.
“Puede incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal”
Los populares reprueban que se deja atrás una “descentralización” para pasar a una “fragmentación”, cosa que, a su parecer, generaría “incentivos para el fraude fiscal”, fomentaría “dinámicas de competencia fiscal desleal o nociva”, aumentaría los “costos administrativos”, afectaría la “equidad fiscal” y “debilitaría la eficacia en la recaudación”. “La creación de un sistema tributario singular para Catalunya puede incrementar el riesgo de competencia fiscal desleal”, añaden. Asimismo, desmiente que el acuerdo entre el PSC y ERC sea replicable en el conjunto del Estado: “Si este sistema se extiende a todas las comunidades, los recursos disponibles por la administración central no alcanzarían ni para pagar los intereses de la deuda del Estado”. El documento sí que reconoce que el principio de ordinalidad supondría un “avance hacia un sistema más justo y transparente” que “respete las capacidades fiscales” de las comunidades autónomas, a pesar de que advierte que podría “debilitar la solidaridad y generar desigualdades si no se aplica en un marco multilateral y bien regulado”.
“La viabilidad económica del acuerdo está condicionada por la falta de detalles definitivos en áreas clave y los potenciales desequilibrios que podría introducir en el sistema fiscal general. Incluso en la situación menos lesiva para la Administración Central, habría una mejora de la financiación que recibiría Catalunya en detrimento del resto de comunidades autónomas”, arguye el documento. Y sobre la bilateralidad, argumenta que las relaciones bilaterales se tiene que circunscribir a la “negociación de las posibles singularidades específicas de cada territorio”, pero “siempre supeditadas a que el diseño del conjunto se efectúe mediante una negociación y acuerdo multilateral”. Además, relata que “muchos de los expertos manifestaron su inconveniencia de empezar a construir un nuevo sistema negociando exclusivamente entre dos partidos de una sola parte del territorio, sin tener en cuenta para nada las necesidades del resto de partidos ni del resto de territorios”.
Junts denuncia un informe “hecho de espaldas” a Catalunya para justificar “políticas contrarias” a los intereses de los catalanes
En su voto particular, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, Junts per Catalunya reprueba que el PP haya elaborado el informe de “espaldas a la realidad de Catalunya con el único interés de elaborar un documento que justifique políticas contrarias a los intereses de los catalanes”. En un documento de dos páginas, los juntaires denuncian que el déficit fiscal hace que en Cataluña “estén en juego y peligren la prosperidad y el bienestar más elementales” y señalan que “los problemas de infraestructuras y en los sistemas públicos de salud y de enseñanza son tan graves como tangibles”. “Los ciudadanos no podemos vivir de acuerdo con la riqueza que generamos”, lamentan, y reprochan a los populares que agiten un discurso “tramposo, falso e irreal” sobre Catalunya. “Negar el derecho a la bilateralidad forma parte de la antipolítica y muestra un nulo sentido de estado por parte de los que más deberían respetarlo. La mirada centralista define todo el informe y lo convierte en arma de confrontación política y ataque a los intereses de Catalunya”, concluye el voto particular.
Durante el debate, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, ha criticado un “informe de parte” que ha servido al PP como “excusa para organizar un aquelarre donde se habla de Catalunya sin contención ni pudor” y que “tiene las santas narices de negar que hoy Catalunya es un país infrafinanciado.”. “Habla de Catalunya por boca de asno buscando votos impúdicamente”, ha lanzado al PP. “Ya es hora de dejar de ordeñar la vaca: ¿si la vaca no puede más, qué harán? ¿De qué sirve seguir manteniendo este sistema que ahoga Catalunya y que en la España receptora solo le ha servido para hinchar un globo falso y un espejismo insostenible?”, se ha preguntado. Finalmente, ha reclamado “cambiar las reglas del juego” después de cinco décadas para poner fin a la “solidaridad impuesta” y ha recordado que Junts apuesta por la “soberanía fiscal plena” para “poder decidir” sobre los recursos propios. Sobre el pacto entre el PSC y ERC, ha sostenido “queda lejos de resolver el problema de fondo” y ha lamentado que suponga una “fórmula que endulza el agravio histórico que sufre Catalunya”.
ERC reclama cumplir el acuerdo “al pie de la letra, puntualmente y sin rebajas”
Por su lado, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha reivindicado que Catalunya necesita un modelo de financiación que “ponga fin al espolio fiscal” y permita “gestionar plenamente todos los recursos que genera”. “La riqueza de Catalunya se tiene que quedar en Catalunya y se tiene que convertir en un estado del bienestar más fuerte, en más prosperidad para todo el mundo, en mejores servicios públicos y en menos pobreza y menos desigualdades”, ha subrayado. Asimismo, ha defendido que la soberanía fiscal “no es un privilegio, un acto egoísta o una obsesión de los políticos”, sino que es una “reclamación del catalanismo político y la sociedad catalana en las últimas décadas” y una “necesidad para los servicios públicos”. “El acuerdo tiene que pasar del papel a la realidad y que se cumpla a rajatabla, puntualmente y sin rebajas porque cualquier incumplimiento tendrá consecuencias”, ha concluido.
En su voto particular, ERC denuncia que la “situación de infrafinanciación” de Catalunya “impide una dotación de servicios a la ciudadanía a la altura de los impuestos que pagan” y ha supuesto un “auténtico freno al crecimiento económico”. Los republicanos insisten por escrito que el acuerdo con el PSC “pretende impulsar un sistema de financiación que avance hacia la plena soberanía fiscal”, contempla que la Generalitat “disfrutará de la clave de la caja de la financiación” y se traduciría en un ingreso potencial de 52.000 millones de euros, “el doble de los 25.600 millones que la Generalitat ingresa actualmente en anticipos por parte del Estado”. Sobre la cuota de solidaridad, destaca que la aportación será “transparente y explícita, a diferencia del modelo actual, marcado por la opacidad en los recursos que Catalunya aporta en clave de solidaridad”. Asimismo, pone en valor que el modelo será “extensible a otras comunidades autónomas que así lo deseen”.
Finalmente, los republicanos vuelven a hacer un llamamiento a Junts, dado que la cristalización del pacto requerirá modificar, entre otras, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). “Existe también una mayoría de partidos en el Congreso de los Diputados que, al menos sobre el papel, están a favor de una reforma fiscal en el Estado que acabe con un déficit fiscal y de inversiones en els Països Catalans”, relatan. “Esta mayoría tiene que hacerse valer para implementar los cambios legislativos necesarios”, reclaman. Y acaba con un mensaje directo a la formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras: “El Gobierno depende en la gran mayoría de las votaciones de los votos favorables de ERC y Junts, dos formaciones nítidamente favorables a la financiación singular para Catalunya que pueden condicionar la acción legislativa”.