El PP de Isabel Díaz Ayuso pone fin a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre Begoña Gómez arremetiendo con dureza contra la mujer de Pedro Sánchez. Los populares impulsaron la comisión hace diez meses y, después de dieciocho comparecencias, han usado su mayoría absoluta para aprobar el dictamen con las conclusiones. La comisión se inauguró con la comparecencia de Begoña Gómez, que se negó a responder a las preguntas de los diputados. A parecer del PP, a lo largo de estos meses, se ha demostrado con “claridad meridiana” que la cátedra que ella codirigía en la Complutense fue creada de forma “anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de la Moncloa”, al “margen de los cauces reglamentarios” y a raíz de una “cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común”. “Todo apunta a que se trató de una operación diseñada ad hoc para colocar a Begoña Gómez en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica”, considera el documento, al que ha tenido acceso ElNacional.cat.
A instancias del PP, la Asamblea de Madrid dará trasladado a la Fiscalía del dictamen con las conclusiones por si las conductas pudieran ser “constitutivas de ilícito penal” por “posible manejo deshonesto de los fondos públicos asignados a la presidencia del Gobierno”. Además, enviará el mismo documento al juez Juan Carlos Peinado para su “general conocimiento” y para que, “si procede”, practique las diligencias oportunas relativas al software, que también está siendo investigado. Por ejemplo, con el rastreo y seguimiento de la huella digital de la carpeta compartida, ubicada en el servidor de la Complutense, en la que las empresas tecnológicas colaboradoras depositaron los entregables de la Plataforma Tecnológica.
“Una cátedra creada para un interés personal, una figura sin cualificación colocada en el centro de la vida académica, recursos públicos desviados, normativas vulneradas y silencio desde la presidencia del Gobierno”, insiste el texto. El dictamen considera que Begoña Gómez “ha podido influir en el rector y otros funcionarios” de la Complutense “prevaliéndose de su relación personal y conyugal” con el presidente del Gobierno para “conseguir que se tomaran determinadas decisiones que generaban directa o indirectamente un beneficio económico para ella y para terceros”. Además, esgrime que la esposa de Pedro Sánchez utilizó la Moncloa de “forma intencionada” como “método de influencia o persuasión” en terceros a los que les “solicitaba regalos y otras remuneraciones”.
Un “uso ilegítimo e indebido” y un “desvío” de los recursos públicos
Enfocando a la Moncloa, el PP arguye que la Presidencia del Gobierno “ha puesto a disposición de la actividad profesional privada de Begoña Gómez medios humanos y materiales para llevar a cabo las funciones que tenía asignadas por la Complutense” y denuncia que la “utilización de espacios, medios materiales, seguridad, personal adscrito a la Presidencia del Gobierno” puede ser “constitutivo de un manejo deshonesto del patrimonio público del Estado”. También reprocha a Begoña Gómez que su “praxis habitual” fuera “acudir a contrataciones directas gestionando ella misma los presupuestos con las empresas y seleccionando las adjudicatarias”.
Por otro lado, en relación con su asesora personal en la Moncloa, Cristina Álvarez, que también está investigada, el PP critica que “intervino, participó de forma activa y asistió a reuniones y eventos propias de la actividad particular” que desarrollaba la esposa del presidente español “accediendo a su correo corporativo, interactuando con los responsables de la institución universitaria y con las empresas financiadoras y manejando información y documentación propia de la Cátedra”. “Tales conductas apuntan a que se ha producido un uso ilegítimo e indebido de los recursos propios de la administración pública” con “fines personales”, un “desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales” y una “administración desleal del patrimonio público del Estado”.
Además, el parlamento madrileño insta a la Complutense a “mejorar considerablemente los protocolos de transparencia y difusión” con el objetivo de “garantizar la publicidad de la información pública” con procesos de tramitación “más ágiles y eficientes”, a “mejorar los estudios de viabilidad previa” y a “establecer criterios más sólidos para evaluar la potencial de demanda y rentabilidad” de los nuevos másteres. “Lo prioritario es recuperar el prestigio de la Universidad pública madrileña y salvaguardar el patrimonio público de las diferentes instituciones implicadas”, concluye el documento.
El software de la cátedra, una “maniobra” que “pone en tela de juicio la ética pública”
Las conclusiones de la comisión de investigación también aluden al software de la cátedra. Fue una Plataforma Tecnológica de Medición de Impacto financiada con fondos públicos y de empresas privadas. “Se constituyó una empresa con el mismo nombre, cuyos fines y actividad coinciden con los de la plataforma impulsada desde la universidad y cuya administradora única es Begoña Gómez”, señala el documento. “La coincidencia de denominación, funciones y liderazgo personal apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio”, sostienen los populares.
Y concluyen que se trató de una “maniobra” que “pone en tela de juicio la ética pública” y los “límites entre lo institucional y lo personal” en el entorno del Gobierno. El PP considera que se han producido “conductas lesivas al patrimonio de la universidad” con un “perjuicio económico evaluable” que “benefició” a Begoña Gómez y reprueba que la Complutense “no hizo todo lo necesario para salvaguardar los intereses generales de la universidad ni proteger eficazmente sus bienes”.
El PSOE denuncia que la comisión de investigación ha sido una “basura en el sentido estricto de la palabra”
Por su parte, el PSOE ha elaborado un documento, al que ha accedido ElNacional.cat, con sus conclusiones. No las han registrado formalmente porque consideran que la comisión es una “pantomima”, sino que las presentan a la opinión pública. “Ha sido una basura en el sentido estricto de la palabra”, denuncian los socialistas madrileños, que reprochan al PP de Ayuso que haya querido “señalar con el dedo a personas honestas con acusaciones falsas sobre su trayectoria profesional”. El PSOE, que cifra en 300.000 euros el coste de la comisión de investigación, denuncia que es “vergonzante” ver en “qué han convertido el PP y Vox la casa de todos los madrileños” y cómo “han manoseado” la cámara de una “manera obscena”.
Los socialistas acusan al PP de querer “articular la máquina del fango contra el Gobierno”, “ocultar los escándalos que rodean a Ayuso” y “tapar los escándalos de corrupción que la acorralan” a través de una “burla al parlamentarismo, los ciudadanos y a la Constitución”. El PSOE defiende que los comparecientes “han dejado claro que no ha existido ningún tipo de irregularidad”, “han rebatido toda sombra de duda que el PP ha querido extender sobre Begoña Gómez” y han servido para “conocer mejor la intolerable situación de recortes e infrafinanciación” a la que el gobierno madrileño está “sometiendo a las universidades públicas madrileñas”.