El gobierno de Ada Colau está en el punto de mira de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas por presuntas concesiones de subvenciones a entidades afines a los comunes. Estos tribunales investigan el dinero público que se habría concedido a ONG asociadas como "amigas" del ejecutivo del Ayuntamiento de Barcelona, unos hechos que Colau niega rotundamente.
A pesar de eso, diversas empresas han denunciado a la alcaldesa y otros miembros de la formación (como el concejal Eloi Badia, la exconcejala de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejala de Derechos Sociales, Laia Ortiz, la cuarta teniente de alcalde, Laura Pérez Castaño o la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño). Los magistrados estudian si podrían haber cometido delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.
Desde la oposición, PP y Ciudadanos denuncian la existencia de una "red clientelar" del gobierno de la capital catalana. Los portavoces Óscar Ramírez (PP) y Luz Guilarte (Cs) han exigido una auditoría externa que estudie todas las ayudas que habrían recibido estas entidades afines y han pedido a Colau que aclare "si está dispuesta a dimitir si acaba imputada".
La respuesta del gobierno
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona estudia emprender medidas legales contra los "lobbies que atacan el prestigio" de la ciudad en transparencia y lucha contra la corrupción. Así lo anunciarion el concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, y el de Transición Ecológica, Eloi Badia, que comparecieron para exponer la posición del gobierno municipal después de las denuncias.
Para el concejal Serra, determinados lobbies están perpetrando una "ofensiva judicial" contra los gobiernos elegidos democráticamente y contra las entidades sociales, y esta denuncia, en concreto, "evidencia" que hay una "lógica orquestada de difamación y ataque a la obra de gobierno" en Barcelona: "Parecen denuncias pensadas para pasar directamente a los medios y arrancar la máquina del fango que ensucie la labor municipal y atacan el prestigio de la ciudad".
Las presuntas irregularidades
Según adelantó el diario El Mundo, el tribunal investiga el dinero público concedido al Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras, la PAH y la Alianza Contra la Pobreza Energética. Según los denunciantes, el equipo de gobierno municipal ha otorgado subvenciones a asociaciones con las cuales mantenían "estrechos vínculos personales y profesionales", subvenciones que fueron cuestionadas por el interventor municipal. Sostienen que se otorgaron a veces de forma directa y con carácter excepcional y en la mayoría de los casos para finalidades sobre las cuales el Ayuntamiento no tiene competencias.
Según la alcaldesa, tanto la secretaría como los servicios jurídicos municipales mantienen que "no hay nada desfavorable" en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones se tienen que adjudicar por concurrencia pública o consolidando presupuesto siempre que se pueda.
Imagen principal: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / ACN