El borrador del informe de la Eurocámara sobre el sistema de las euroórdenes pide a la Comisión Europea que estudie "la ampliación de la lista" de delitos que permiten la extradición automática en la Unión Europea y ve "importante" estudiar la inclusión de los delitos "contra el orden público y la integridad constitucional".

El informe, redactado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, también reclama al ejecutivo europeo que controle de manera "efectiva" los "plazos" de las euroórdenes. Tanto el PP como Ciudadanos intentan avivar el debate sobre la reforma de las euroórdenes en la UE a raíz del caso del president Carles Puigdemont. Por ahora, la Eurocámara solo está evaluando el funcionamiento de este mecanismo de cooperación judicial y no hay ninguna reforma en marcha.

Aparte de Zarzalejos, entre los cuatro "ponentes en la sombra" del informe está la eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa y Jorge Buxadé de Vox. Fuentes próximas al comité aseguran a la ACN que no es "muy habitual" la presencia tan destacada de eurodiputados de un mismo estado en las preparaciones de un informe de este tipo.

El borrador se presentará el lunes al Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior, donde los eurodiputados de todos los grupos políticos lo podrán debatir y proponer sus enmiendas. El texto definitivo será solo una recomendación a la Comisión y no un informe legislativo, recuerdan fuentes parlamentarias a la ACN. La Comisión Europea es la única que puede poner en marcha la reforma.

La Comisión pide prudencia

En el último debate del Comité de Libertades sobre las euroórdenes, la Comisión Europea pidió "prudencia" antes de impulsar ninguna reforma del sistema de extradiciones porque es un asunto "complicado". De hecho, Bruselas ve difícil alcanzar un "consenso legislativo" entre las capitales para hacer cambios.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, se comprometió al inicio del mandato estudiar la reforma a raíz de la petición de Ciudadanos y el PP. Sin embargo, el liberal belga no tiene prisa para abrir este melón y ya avisó de que primero evaluaría su funcionamiento.

"Deficiencias en la cooperación judicial"

El borrador redactado por Zarzalejos destaca la existencia de "problemas" en la implementación de la euroorden relacionados con el principio de "doble criminalidad" (equivalencia de los delitos), con "los límites temporales" y "la confianza mutua" de los estados, entre otros. "La impunidad, a consecuencia de las deficiencias en la cooperación judicial, tiene un impacto muy negativo sobre el estado de derecho, los sistemas judiciales y la sociedad", defiende el informe.

Por eso, el borrador elaborado por el PP hace un llamamiento para que los estados implementen las euroórdenes "de manera adecuada y en el plazo marcado" y pide a la comisión que tome medidas para "evitar diferentes respuestas" judiciales al mismo caso.

Aunque plantea la ampliación de la lista de 32 delitos que permite la extradición automática dentro de la UE, el informe también propone a la Comisión Europea que considere la posibilidad de crear una "lista negativa" de delitos por los cuales no se permite la extradición. Sugiere, por ejemplo, incluir la eutanasia o el aborto.

Intentos fallidos de reforma

No es la primera vez que la Eurocámara intenta impulsar una reforma de las euroórdenes, pero hasta ahora no ha tenido éxito por la negativa del ejecutivo europeo.

El Parlamento Europeo pidió cambios legislativos en 2014, pero la Comisión Europea consideró que no era necesario porque los problemas identificados se podían resolver mejorando la implementación del sistema establecido.

Voto del suplicatorio a Puigdemont, Comín y Ponsatí

Este informe del PP, Cs, y Vox llega pocos días antes de que se acabe el régimen de semipresencialidad de la actividad parlamentaria en la Eurocámara por la pandemia. En el caso de los suplicatorios, el reglamento exige que las audiencias donde los afectados se tienen que defender sean totalmente presenciales y, por eso, por ahora no se pueden convocar.

Fuentes parlamentarias aseguran que la presidencia del Parlamento Europeo ya está estudiando cómo resolver este obstáculo que impide la continuación del procedimiento. Aun así, no se atreven a predecir cuándo se desencallará el proceso.