PP, Cs y Vox han hecho público que denunciarán al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y al conseller de Educació, Josep González Cambray, si no "obedecen" la sentencia del 25% de castellano en las aulas. Las tres formaciones españolistas les han puesto un plazo de diez días para ejecutar el 25% de clases en castellano en los centros educativos de Catalunya, tal como ha hecho el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, después de que el Supremo haya rechazado el recurso de casación del Govern. Sobre este punto, la diputada del PP catalán Lorena Roldán ha declarado a través de Twitter que "se plantará cara". A su vez, Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament, también ha tuiteado que "la imposición lingüística tiene los días contados". Para acabar de remacharlo, el presidente de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado en rueda de prensa que "se presentarán tantas denuncias como hagan falta".
Asedio al modelo de escuela catalana. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), emitida la notificación del Tribunal Supremo, ha dictado este viernes el decreto de firmeza de la sentencia de finales del 2020 que obliga al Departament d'Educació a aplicar del 25% de castellano en todos los centros educativos del país, lo pidan o no las familias. Así pues, el tribunal da diez días a la Generalitat para cumplir la orden, aunque todavía puede presentar recurso de reposición. Cabe decir que, desde la resolución judicial, han sido pocas las escuelas que han tenido que cumplir el 25% de castellano a la fuerza. Hasta ahora, ha sido a petición de algunas familias. Frente a esta nueva amenaza a la inmersión lingüística, desde el Departament d'Educació señalan que las órdenes del TSJC se tienen que cumplir, pero que se protegerá a los profesores. A su vez, recientemente, la ciudadanía respondió con una manifestación multitudinaria por las calles de Barcelona con el fin de salvaguardar el modelo de escuela catalana.
Después de un recurso del Ministerio de Educación del 2015, la sección 5.ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC dictó el pasado 16 de diciembre de 2020 la controvertida resolución que la comunidad educativa catalana ha tomado como un ataque al modelo de escuela catalana. Y es que la inmersión lingüística es un amplio consenso de la sociedad catalana. Concretamente, la resolución estipula que una asignatura que no sea la de lengua castellana tiene que ser impartida en esta misma lengua. En el auto de este viernes, el tribunal indica que cuando Educació reciba la orden tiene "diez días desde su comunicación para que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la resolución". No obstante, se especifica que la parte demandada tiene dos meses para ejecutar la sentencia, tal como establece el artículo 104 de la ley contenciosa administrativa.
Ignorar la sentencia
Después de conocer la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellano en las aulas catalanas, Òmnium Cultural ha pedido "que se ignore la sentencia" y ha animado a la comunidad educativa a "defender el modelo de escuela catalana". "Es preciso que se proteja el profesorado, el alumnado y se garantice la cohesión social", ha replicado la entidad en un tuit publicado este viernes en respuesta a la sentencia. En este sentido se ha posicionado el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, a través de Twitter. Ha asegurado que "no se puede acatar una sentencia que ataca la escuela, la lengua y la convivencia". "Protejamos a los maestros y blindemos un consenso básico, ejemplo de cohesión y orgullo de país", ha manifestado Cuixart en las redes sociales.
USTEC e Intersindical-CSC piden "no acatar"
Iolanda Segura, portavoz nacional del sindicato USTEC-STEs (IAC), ha pedido no acatar la sentencia del 25% del castellano en las escuelas, que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme. También lo ha hecho el sindicato Intersindical-CSC. Y es que la sentencia que ha dictaminado el TSJC sobre la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas se tiene que aplicar en un plazo de diez días. Así pues, Segura ha instado el Govern a convocar una cumbre de urgencia para "acordar una estrategia y hacer fuerza unitaria" ante una sentencia que, según ella, responde a "criterios ideológicos y no pedagógicos". Además, ha reclamado al Departament d'Educació y a la Generalitat que "se responsabilice de las decisiones que se tomen" y "defienda al profesorado, personal de centros y toda la comunidad educativa para que no quede desamparada si no se cumple la resolución judicial".