En medio del Decreto de Viviendas de Baleares, el partido de extrema derecha Vox ha visto la oportunidad de colocar una enmienda que nada tiene que ver con la materia que ocupa el decreto: se quiere permitir la asistencia de menores de edad a corridas de toros. Si la estrategia para impulsar esta medida, así como la misma propuesta, ha levantado polvareda, el hecho de que ahora el PP dé apoyo lo ha acabado de empujar. Según informa elDiario.es, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sebastià Sagreras, ha recordado que se trata de uno de los acuerdos de investidura entre las dos formaciones.

El portavoz popular ha asegurado que la asistencia de menores a los espectáculos taurinos es posible en casi todo el Estado español, por lo tanto, la medida de la extrema derecha es una manera de igualar la situación en las Islas Baleares. "Podemos intentó en el Congreso prohibirlo y no lo consiguió porque el PSOE lo impidió", ha justificado Sagreres en la rueda de prensa donde ha confirmado el apoyo a la propuesta de Vox.

No es la primera vez que Vox impulsa medidas a favor de la tauromaquia en los territorios donde está en el gobierno autonómico o son decisivos para mantener en el PP en este. El partido de extrema derecha quiere revivir la tauromaquia en las zonas donde tiene influencia y al PP ya le parece bien, como en Castilla y León o Extremadura. En el caso de las Baleares, Vox incluye en el decreto de las viviendas una enmienda al artículo 12 de la Ley 9/2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Baleares. Actualmente, este precepto prohíbe a los menores de 18 años asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos.

Nueva iniciativa para derogar la tauromaquia como patrimonio cultural

Organizaciones animalistas han registrado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia este enero, según ha informado Anima Naturalis. Los promotores de la iniciativa denuncian que la actual normativa estatal "socava las competencias autonómicas y municipales, ya que, en la práctica, priva a los ayuntamientos y autonomías de la iniciativa en la regulación de las manifestaciones del patrimonio cultural propio".

Una vez la Mesa del Congreso admita a trámite la proposición, dispondrán de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas a fin de que se pueda iniciar la tramitación en la Cámara Baja. La Comisión Promotora, formada por representantes de organizaciones y personas animalistas, quieren registrar esta iniciativa solo empezar la legislatura con el fin de "asegurar que sea votada antes de que esta acabe, y contar así con la posibilidad de una mayoría parlamentaria que le dé apoyo".