El Partido Popular lleva su ofensiva contra el fiscal general del Estado a Bruselas. La líder del PP en Europa, Dolors Montserrat, ha enviado una carta al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, denunciando la causa contra Álvaro García Ortiz que está en marcha en el Tribunal Supremo, que investiga si él filtró a la prensa un correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Su permanencia podría vulnerar el principio de independencia judicial, pero también compromete directamente la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y socava la confianza de la sociedad en el sistema”, lamenta la europarlamentaria popular. “Mantener en el cargo a un fiscal con una actitud completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en el proceso penal mina la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa”, añade. Y apela directamente a la Comisión Europea: “Un poder judicial independiente es esencial para garantizar que quienes cometen actos de corrupción sean llevados ante la justicia, por muy influyentes que sean. La Comisión debe utilizar los mecanismos a su alcance para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad”.

 

En concreto, la misiva lamenta que el fiscal general del Estado está “imputado penalmente por revelar secretos para perjudicar a la oposición política” y, sin embargo, “se niega a dimitir en medio del clamor de las asociaciones de fiscales que piden su dimisión inmediata”. Hace quince días, trece de los 38 miembros de la Junta de Fiscales de Sala criticaron que Álvaro García Ortiz no contestara al juez en su declaración como investigado y le pidieron la dimisión: “La tensión es insoportable. […] Es impropio de un estado democrático de derecho”, denunciaron. Dolors Montserrat envió la carta el lunes, en la víspera de la comparecencia de Álvaro García Ortiz en el Senado, donde el PP lo ha convocado para que presente la memoria de la Fiscalía de 2023 y dé explicaciones sobre su gestión.

Asimismo, el PP condena que Álvaro García Ortiz borrara “masivamente correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, no una, sino dos veces” el 16 de octubre, el mismo día que el Supremo le encausó, como acreditó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cosa que “podría constituir ocultación o destrucción de pruebas y demuestra una conducta constitutiva de obstrucción a la justicia”. “Más grave aún no es tanto que un miembro de las más altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces”, remacha la carta.

El PP acusa al TC de actuar de “forma arbitraria” y de “poner en riesgo la legalidad europea” 

Ahora bien, la carta de Dolors Montserrat no se queda aquí. La líder del PP en Bruselas aprovecha para cargar contra el Tribunal Constitucional, siguiendo el hilo de la estrategia que está siguiendo Génova en los últimos días. “Tenemos serias dudas sobre la actuación del Tribunal Constitucional y, en particular, de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, muy próximo al Gobierno”, esgrime Montserrat, que señala que la Moncloa “no ha perdido ninguno de los casos más ideológicos revisados ​​por el Tribunal”. “La Unión se basa en valores como la justicia y el Estado de derecho. Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea. La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas”, añade.

Sin ir más lejos, Alberto Núñez Feijóo sostuvo ayer que el TC es un “tribunal político al servicio del Gobierno” y advirtió a los magistrados del Constitucional que “no están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”. “Lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en este momento no lo había hecho nunca ningún otro: derogar, enmendar y anular sentencias del Supremo. Esto ha hecho temblar los cimientos del Estado”, verbalizó en una entrevista en El Mundo. Además, hace unos días el PP presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la sentencia del TC sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado alegando que el Constitucional podría haber vulnerado su derecho a un “proceso justo y equitativo”.

“El abuso de poder en beneficio de los dirigentes políticos constituye prevaricación e incluso cohecho si se puede demostrar que hubo algo a cambio. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No permitamos excesos autoritarios ni manipulaciones jurídicas que violan por completo los principios de nuestro Estado de derecho”, concluye Dolors Montserrat en la carta.