La comisión de justicia del Parlament, una de las más largas de los últimos tiempos, ha dado para mucho. Incluso para dibujar una especie de gobierno en la sombra en las prisiones. Así lo ha denunciado la diputada del PP Esperanza García cuando ha criticado que los presos políticos hayan creado "una especie de gabinete" en las respectivas prisiones a las cuales acude "el president del Govern" para "gestionar o acordar la aprobación de los presupuestos". Ester Capella, la consellera de Justícia, ha negado que se dé trato de favor a los líderes soberanistas encarcelados.
"Que se haya formado un gabinete dentro de los centros penitenciarios donde el president del Govern va o no a gestionar o acordar la aprobación de los presupuestos no es ni bueno para los interesados, ni para la democracia ni para el funcionamiento interno", ha denunciado García. La diputada popular también ha alertado de que un "posible trato de favor" puede crear "problemas de seguridad" en las prisiones por parte de la "población reclusa".
Capella ha negado las acusaciones y ha recordado que los consellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de Òmnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, sólo tienen privada la libertad.
"La limitación es la privación de libertad, pero ningún otro derecho como las comunicaciones, las relaciones o recibir cartas", ha insistido, antes de añadir que, a diferencia de lo que pasa en otros lugares de España, todos los presos están "en centros penitenciarios y módulos ordinarios". También ha señalado que la normativa penitenciaria "no prevé ni establece un número máximo de visitas que pueden recibir" y que los cargos públicos que así quieran hacerlo pueden acceder al recinto cumpliendo unos requisitos.
"Presidentes del Govern, parlamentarios y eurodiputados tienen derecho a visitarlos y, por lo tanto, lo hacen, lo solicitan y las personas privadas de libertad lo han autorizado", ha enfatizado. Además, ha asegurado que las autoridades extranjeras que visitan las prisiones españolas "se llevan una sorpresa" al saber que "no hay un régimen diferente entre presos preventivos y ya condenados", cosa que genera, ha dicho, "vulneración de derechos fundamentales".