El PP responde a la amnistía abanderando el Código Penal. Los populares proponen endurecerlo con una reforma para incorporar una serie de delitos de "deslealtad constitucional" y que podría llegar a suponer la disolución de partidos y entidades que promuevan, entre otros, "referéndums o consultas ilegales". Es el anuncio que ha hecho este miércoles el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa este miércoles para dar a conocer su enmienda a la totalidad de texto alternativo en la proposición de ley de amnistía. Concretamente, el PP aboca por castigar a las autoridades, cargos públicos y funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales "buscando perjudicar a la unidad" de España, tipificar las declaraciones de independencia y los "referéndums o consultas ilegales" y promover la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
Fuentes de la dirección popular añaden que se trataría de promover la disolución y la suspensión de actividades de las personas jurídicas que un juez acredite que han participado en "actividades que lleven a la deslealtad constitucional". Los populares reclaman incorporar el delito de referéndums o consultas ilegales "para que no haya dudas", señalan las mismas fuentes, que confirman que un nuevo 9N entraría dentro de esta tipificación. A preguntas de los periodistas, Tellado ha aclarado que su propuesta se circunscribe al Código Penal y no afecta a la ley de partidos políticos. Sea como fuere, quedan en el centro de la diana los partidos independentistas y las entidades que los han acompañado durante todo el Procés, tanto la Asamblea Nacional Catalana como Òmnium Cultural.
El redactado registrado por el PP habla de la "pena de disolución" y especifica que esta no se aplicará (y se impondrá, a cambio, una pena de suspensión de actividades o de multa) si la persona jurídica hace antes de la apertura de juicio oral "actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional". En relación con la deslealtad constitucional, puntualiza que las penas serán de 5 a 10 años de cárcel y de 6 a 12 de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad, funcionario público o parlamentario que "declare la independencia de una parte del territorio nacional" o realice actos dirigidos a conseguirlo o que lo propicien.
Una tramitación con “cierta nocturnidad”
Los populares presentan su enmienda a la totalidad como “el punto de partida de una actividad política, social y legal que desplegará el PP para rearmar al Estado” con el objetivo de “frenar y revertir” el daño que los independentistas y los socialistas "están haciendo en las instituciones". "Les han dejado las manos libres para volver a hacerlo si es que es lo que quieren y los independentistas dicen que esto es lo que quieren", ha recriminado Miguel Tellado al PSOE.
El portavoz del PP en el Congreso ha denunciado que el PSOE ha querido tramitar la proposición de ley de amnistía de forma "exprés", desde "cierta nocturnidad" y con un "calendario perverso" ideado desde la Moncloa con el objetivo de "garantizar como sea y cuanto antes la impunidad de los socios de Pedro Sánchez". Aludía a la tramitación de urgencia que acordó la Mesa del Congreso, prevista en el Reglamento del Congreso, que reduce a la mitad los plazos en la Cámara Baja. Tellado ha definido la ley de amnistía como una "ley de impunidad" que quiere "reescribir la historia reciente de España" y que "avergüenza muchísimos socialistas y la inmensa mayoría de demócratas" del Estado.
Esta enmienda a la totalidad se debatirá el próximo miércoles, 10 de enero, junto con la que ha presentado Vox para introducir en el Código Penal penas de 6 a 10 años de prisión para quien negocie investiduras con "prófugos de la justicia". Excepcionalmente, el pleno tendrá lugar en el hemiciclo del Senado debido a las obras que hay en la Cámara Baja.
El PP argumentaba hace un mes que disolver un partido político es una de las "medidas más graves" en democracia
La ilegalización o disolución de los partidos independentistas no es una nueva propuesta por parte de la derecha española. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre el Senado debatió una moción de Vox que instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de ERC y Junts, pero el partido de extrema derecha se quedó solo y fue rechazada por 257 votos en contra y solo 3 a favor. La senadora del PP María Yolanda Ibarrola arguyó en ese momento que "la disolución de un partido político es una de las medidas más graves que se pueden adoptar en democracia". Durante el debate en el pleno, aseveró que el "pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento" y apuntó que una eventual ilegalización no tendría recurrido al Tribunal Supremo y que no existe "ni una sola sentencia firme" que lo avale.
El segundo paso del camino parlamentario de la amnistía
El debate de totalidad es la siguiente fase que tiene que superar la proposición de ley de amnistía. El recorrido de la amnistía en las Cortes Generales empezó el lunes 13 de noviembre, cuando el PSOE registró la iniciativa en solitario. Un mes más tarde, superó su primer examen parlamentario, la toma en consideración, con 178 votos a favor y tras un debate en el cual ERC y Junts fijaron la amnistía como el punto de partida para el referéndum.
Cuando el Congreso haya rechazado las enmiendas a la totalidad, llegará el turno de las enmiendas parciales, aquellas que pretenden retocar algunos aspectos del redactado. Las enmiendas se debatirán primero en la ponencia, que se reunirá a puerta cerrada y tendrá que elaborar su informe, y posteriormente en la Comisión de Justicia, que aprobará su dictamen en una sesión que sí que será pública. Finalmente, el texto tendrá que recibir la luz verde del pleno del Congreso por mayoría absoluta antes de enviarse al Senado.
Cuando llegue allí, la Cámara Alta retendrá la amnistía dos meses (el tiempo máximo que fija la Constitución) gracias a la reforma del Reglamento que impulsó el PP y que permite a la Mesa del Senado decidir sobre la tramitación de urgencia de una iniciativa que llega del Congreso (antes de la modificación, la amnistía se habría podido quedar solo veinte días en la Cámara Alta porque la Mesa del Congreso sí que ha acordado tramitarla de urgencia). El PSOE recurrió la reforma al Tribunal Constitucional, esgrimiendo que choca contra el artículo 90 de la Carta Magna y confiando en que el TC tome una decisión pronto para evitar que se produzca esta maniobra de filibusterismo.
Por su parte, la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional, hará pública su opinión sobre la ley de amnistía antes de marzo, después de que el PP también utilizara su mayoría en el Senado para pedirle un dictamen urgente.