El Partido Popular vuelve a los tribunales para hacer oposición a Pedro Sánchez. Ahora, a raíz de la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí. La polémica estalló el miércoles cuando se supo que el Ministerio del Interior había optado por formalizar una compra que en octubre había anunciado que cancelaría alegando que la Abogacía del Estado había “desaconsejado la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato” y que anularlo “supondría abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado”. Esto abrió la “mayor crisis” de la legislatura en la coalición entre el PSOE y Sumar y llevó a Izquierda Unida a abrir la puerta a salir del Gobierno. Sin embargo, 24 horas después, Pedro Sánchez desautorizó al ministro Fernando Grande-Marlaska y le ordenó rescindir el contrato. La reacción de Génova ha sido anunciar que presentará la “oportuna denuncia” ante el Tribunal de Cuentas contra esta “resolución arbitraria”.

“Vamos a controlar todos los pasos que se den y vamos a activar la exigencia de responsabilidades en todos los ámbitos”, señalan fuentes del PP.  “¿Quién va a pagar la decisión de Sánchez de rescindir el contrato por interés personal?”, se preguntan. “Los contratos acordados se cumplen, ese es el interés general. Algo que no puede estar sujeto a los intereses personales de Pedro Sánchez y menos si es a cargo de los impuestos de los españoles que pagan de su bolsillo”, añaden las mismas voces. Para los populares, la decisión de la Moncloa supone una “muestra más del abuso de poder que practica” Pedro Sánchez y, en este caso, por “motivos únicamente políticos y, por tanto, arbitrarios, en una adjudicación ya publicada hasta en el Boletín Oficial del Estado”.

Asimismo, el PP advierte que la rescisión “tendrá un alto coste económico” y hace sobrevolar una sombra de duda de que la actuación se ajuste a la legalidad: “Nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo”. “Responsabilidad contable en la que incurriría y a la que tendrán que hacer frente patrimonialmente quienes la ocasionen, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno”, concluyen las fuentes populares.

Feijóo atribuye la rescisión de la compra de balas a Israel a un “problema personal” de Sánchez

Justo ayer, desde Galicia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró que el contrato “debe cumplirse” y arguyó que la polémica era una “cortina de humo” para “no hablar” del incremento de los 10.500 millones de euros del gasto en Defensa. “Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del Gobierno y por la inestabilidad política que genera es propio de un país de otras latitudes”, esgrimió. “¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato? ¿Con ese dinero cuántas viviendas podríamos haber hecho?”, se preguntó. “Es verdad que hay socios en el Gobierno de España que prefieren hacer contratos con gobiernos no democráticos. A nosotros nos gusta cumplir los contratos y hacer contratos con gobiernos democráticos todavía tiene un plus de exigencia de cumplimiento”, apostilló. Sobre la división en el seno del Consejo de Ministros, que catalogó de “conflicto aparente”, verbalizó que “no hay un solo ministro que esté dispuesto a dimitir nunca” porque su “objetivo fundamental” es “cobrar la nómina”.

Israel “condena firmemente” la decisión del Gobierno

Asimismo, a última hora, el gobierno de Israel cargó contra la decisión del Gobierno y subrayó que está dejando de lado la seguridad por “fines políticos”. “Israel condena firmemente la decisión del Gobierno español de romper unilateralmente un contrato firmado con la empresa de defensa IMI Systems y su anuncio de que se abstendrá de futuros acuerdos de defensa con empresas israelíes”, trasladó a Europa Press un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí. El ejecutivo israelí también denunció que la Moncloa “sigue situándose en el lado equivocado de la historia”.