El Partido Popular suma un nuevo actor en la ofensiva contra la ley de amnistía en el Senado: la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Los populares, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, quieren que se elabore un informe sobre el “contenido autonómico” de la amnistía y abren las puertas del Senado a los gobiernos autonómicos. Según ha podido saber ElNacional.cat, la mesa y los portavoces de la comisión han decidido designar una ponencia para que elabore un informe sobre la ley. Además, fuentes del PP en el Senado indican a este diario que, durante la elaboración del informe, miembros de los gobiernos autonómicos “podrán comparecer” para hablar sobre la amnistía. La próxima sesión de la comisión se convocará, previsiblemente, para la primera semana de abril. Esta petición se añade a los otros informes sobre la amnistía que está esperando el Senado: dos de la letrada mayor, Sara Sieria, analizando la constitucionalidad de la ley y su tramitación y el posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial, que el jueves se decantará por uno de los dos borradores contrapuestos que tiene sobre la mesa.

🔎 La carrera de obstáculos que afronta ahora la ley de amnistía después de acorazarse en el Congreso

 

La petición que ha hecho este lunes la Comisión General de las Comunidades Autónomas nace de una demanda que el PP registró en el Senado hace un par de meses y que ha sido paralizada a la espera de que el Congreso diera luz verde a la amnistía. En el texto registrado en la Cámara Alta, los populares arguyen que la amnistía tiene “implicaciones evidentes” por “el intenso impacto que supondría para la estabilidad y la integridad del Estado autonómico” y “afecta directamente a la vigencia del modelo de Estado autonómico”. Con estos argumentos por bandera, el PP usa el artículo 56 del Reglamento del Senado, que establece que esta comisión debe informar sobre “el contenido autonómico de cualquier iniciativa que deba ser tramitada en el Senado”. El Reglamento también fija los plazos: entre su publicación y la finalización del plazo de enmiendas, que, en el caso de la amnistía, concluirá inicialmente el 3 de abril y podrá prorrogarse hasta el 9 de abril, según el calendario al que ha tenido acceso ElNacional.cat.

Los populares quieren poner la lupa, en especial, en el “principio de lealtad constitucional”, en el “sistema de organización territorial”, en “la autonomía política territorial conciliada con la unidad y la integridad del Estado”, en “la solidaridad y la cooperación territorial” y en “la interdicción de privilegios económicos o sociales entre comunidades autónomas”. También apelan a “la exigencia de responsabilidades penales y contables por la gestión indebida de fondos públicos, que afecta a todas las administraciones públicas, incluidas las autonómicas”.

 

No será la primera vez que en la Comisión General de las Comunidades Autónomas se habla de la amnistía. El pasado mes de octubre, todavía sin conocer el redactado de la ley, el PP convocó a todos los presidentes autonómicos para debatir sobre la norma: asistieron los doce del PP y el presidente de la Generalitat. Pere Aragonès presentó la amnistía como “el punto de partida” para llegar a un “referéndum sobre el futuro político” de Catalunya, mientras que los barones del PP, en una especie de coral polifónica, acusaron a Pedro Sánchez de llevar a cabo una “transacción infame”.

ERC presentará un escrito de reconsideración si el PP tramita la amnistía por el procedimiento ordinario

Por otra parte, los republicanos han anunciado este lunes que si la Mesa del Senado confirma que tramitará la ley de amnistía por el procedimiento ordinario (que se puede alargar dos meses) con el fin de estirar al máximo su tramitación a la Cámara Alta, ERC presentará un escrito de reconsideración pidiendo que se haga por la vía de urgencia, dado que eso es lo que aprobó la Mesa del Congreso. El PP se escuda en una reforma del Reglamento que se aprobó en noviembre (y que el PSOE ha recurrido al Tribunal Constitucional) que permite a la Cámara Alta decidir si tramita o no de urgencia una iniciativa legislativa que proviene del Congreso. Antes de esta modificación, cuando la Mesa del Congreso decidía tramitar una proposición de ley por la vía de urgencia, el Senado tenía solo veinte días para estudiarla. En cambio, ahora la Cámara Alta podrá retener la amnistía durante dos meses.