El paquete fiscal impulsado por Pedro Sánchez (y que incluye acuerdos concretos con Junts) continúa el recorrido que lo tiene que llevar al Boletín Oficial del Estado. Este miércoles ha dado dos pequeños pasos más en el Senado antes de volver al Congreso de los Diputados para recibir el sello definitivo. Después de que el PSOE salvara la ley en la cámara baja en una exhausta negociación gracias a acuerdos in extremis con Podemos y con ERC, Bildu y el BNG, el PP ha pasado la norma por el enderezador. Ha sacado a relucir su mayoría absoluta y, sin margen de maniobra para el resto de partidos, ha incorporado la mayoría de sus enmiendas en el texto. Los populares defienden que sirven para “proteger” a los ciudadanos de un “hachazo impositivo” de 8.700 millones de euros. Una de las incógnitas era saber cuál sería el papel que harían Junts y el PNV, que confluyen en cuestiones fiscales con el PP (sin ir más lejos, el lunes juntaires y populares pactaron poner fin al impuesto sobre la producción energética, cosa que el PSOE ha obstruido guardando la ley en un cajón). Ahora bien, finalmente, tanto Junts como el PNV se han opuesto al texto que se ha aprobado a la Comisión de Hacienda de la cámara alta con 17 votos a favor y 14 en contra. ERC no ha participado en la votación porque estaba presente Bildu, que comparte grupo parlamentario con los republicanos. El siguiente filtro que tendrá que pasar será el pleno de la semana que viene, que validará la ley y la enviará de vuelta al Congreso. El segundo interrogante será qué día se votará definitivamente en la cámara baja: como el Senado ha apurado al máximo los plazos, los diputados tendrán que celebrar un pleno extraordinario, que se prevé para el 20 o para el 27 de diciembre.
“Desde Junts, se ha pactado con el Gobierno un paquete de medidas fiscales y, en consecuencia con eso, votaremos en contra de algunas enmiendas que quizás podemos compartir su contenido, pero, por seriedad, por rigor y por compromiso con el acuerdo que ha habido con el Gobierno, votaremos en contra muchas de las enmiendas que puedan quedar vivas para el debate”, ha argumentado Joan Bagué. Asimismo, el senador de Junts ha reiterado que los juntaires no forman parte de “ningún bloque gubernamental”: “Queremos recordarlo porque a veces hay peligro de que alguien se despiste o dé por sentadas cosas que no hay que dar por sentadas”, ha añadido.
Además, Joan Bagué ha esgrimido que su “obligación” es “proteger autónomos, clases medias, emprendedores y personas que tienen iniciativa para crear empresas, negocio y economía real”, que son los que “hay que favorecer y no castigar cargando siempre las mismas espaldas la presión fiscal y el esfuerzo fiscal”. “Nosotros, con toda modestia, pero con toda convicción, queremos representar a los catalanes que levantan la persiana de su negocio cada mañana”, ha remachado. Por su parte, la senadora del PNV María Dolores Etxano ha reiterado su apoyo al proyecto de ley tal como llegó al Senado con los “acuerdos alcanzados en la tramitación en el Congreso”. “Con respecto al resto de enmiendas, actuaremos en consecuencia con los acuerdos que ya hemos conseguido, con aquellas posiciones que ha mantenido nuestro grupo”, ha añadido.
Derogación del impuesto a las energéticas
Una de las enmiendas que ha incorporado el PP a la ley (la n.º 54) ataca directamente el impuesto a las energéticas, el mismo día que el Ministerio de Hacienda se ha reunido con Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG, con la ausencia de Junts y el PNV, para abordar el camino para prorrogarlo de cara al año que viene. Los populares han introducido la derogación del impuesto a las energéticas, que se creó a finales del 2022: es una vía para poner más palos en las ruedas, dificultar su continuidad y obligar a Junts y al PNV a pronunciarse más adelante.
Por otra parte, no se ha llegado a votar otra enmienda que abordaba esta cuestión (la n.º 56). Lo que hacía era introducir dos filtros extras si el Gobierno quiere prorrogar el gravamen mediante un real decreto ley, que es el compromiso que ha afianzado este miércoles el Ministerio de Hacienda después de la reunión en el Congreso entre los partidos políticos implicados que han querido asistir. La enmienda establece que tramitar cualquier modificación normativa por real decreto que afecte al gravamen energético requerirá el informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera y estipula que la justificación de las causas de “extraordinaria y urgente necesidad” para actuar a través de un real decreto ley tendrá que contar con un dictamen previo del Consejo de Estado, que tendrá que “valorar la oportunidad”. Como los aliados habituales del Gobierno se han emplazado a volver a reunirse el próximo miércoles, 18 de diciembre, la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros sería a partir del 23 de diciembre, momento en el que la ley podría estar ya publicada en el BOE. Ahora bien, de momento, este doble filtro no se ha introducido.
“Proteger” a los ciudadanos de un “hachazo impositivo” de 8.700 millones de euros
¿Y qué otros cambios ha promovido el PP? Los populares defienden que sus enmiendas permitirán “proteger” a los ciudadanos de un “hachazo impositivo” de 8.700 millones de euros. Sus modificaciones incluyen ayudas directas a jóvenes de 18 a 35 años en vivienda, emprendeduría, formación o natalidad a través de la exención gradual del IRPF, la redirección de la recaudación de 3.000 millones de euros del impuesto a la banca en ayudas a las hipotecas o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes en una vivienda y la previsión de que la rebaja del tipo del Impuesto de Sociedades para pymes se haga desde 2025 de forma automática y sin prorrogarla a tres años. Asimismo, para los afectados de la DANA, ha introducido la exención del IRPF y del Impuesto de Donaciones para las ayudas a los afectados a fin de que el Gobierno “no se beneficie de la tragedia”, un IVA del 0% para el cambio de vehículo y arreglo de la casa y la extensión en 2025 de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).