Con la derogación de la sedición y la reforma de la malversación aprobadas antes de que lleguen las fiestas de Navidad, el Gobierno se asegura que el pacto con Esquerra Republicana no le pase más factura a partir de 2023. Pero no pasará lo mismo con la reforma del poder judicial, la modificación de la norma que pretendía renovar el Tribunal Constitucional y desencallar así el bloqueo en la justicia española. Es aquí donde el PP ve una victoria política y donde considera que puede sacar rédito electoral.

Así lo aseguran fuentes del PP, que apuntan que el electorado español ya habrá olvidado a partir de enero que la Moncloa ha pactado con el independentismo la sedición o la malversación, pero no que desde el PSOE y Unidas Podemos se quiere hacer una modificación exprés de la ley con el fin de renovar a los magistrados del Constitucional. ¿Por qué? A causa de los 'timings' parlamentarios en Madrid. La intención del Gobierno es que sus grupos presenten este jueves una proposición de ley en el Congreso como contraataque al TC. Pero eso tampoco está claro del todo, porque el ejecutivo quiere ser prudente y esperar a que llegue a sus manos el auto del tribunal de garantías, con todos los argumentos por los que decidió aceptar las medidas cautelarísimas exigidas por el PP y tumbar de esta manera su propia renovación.

De todos modos, si la proposición se presentara este jueves, las vacaciones de Navidad están en la vuelta de la esquina. Y no solo eso: el mes de enero es inhábil en la cámara baja. De manera que bien se tendría que convocar de manera extraordinaria un pleno para aquel mes o bien obedecer el calendario y esperar a que fuera febrero. Para, posteriormente, aprobar el texto de manera definitiva en el Senado. Con el pronunciamiento que hizo este lunes el Constitucional, lo que tenía que convertirse en una reforma judicial exprés puede acabar dilatándose en las cámaras españolas durante las próximas semanas. Y, por lo tanto, la pugna entre PSOE y PP puede embarrar el año electoral, lo que desde Génova ven con buenos ojos.

Las dos enmiendas de PSOE y Podemos

PSOE y Podemos presentaron dos enmiendas para reformar el poder judicial y desbloquear de esta manera los nombramientos para el Tribunal Constitucional. En primer lugar, pretendían cambiar la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados en el Constitucional que le corresponden por un nuevo sistema por el cual se nombraría a los dos magistrados que sacaran más votos. También querían permitir al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial hacer su propio nombramiento aunque la otra parte no lo haga en los plazos fijados. También querían establecer un plazo para aquella elección que, en caso de que los vocales lo incumplieran, podrían llegar a tener responsabilidades penales.

Estas enmiendas, sin embargo, iban incluidas dentro de la reforma del Código Penal que deroga la sedición e incluye los desórdenes públicos agravados. Es decir, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Se trata de unas enmiendas que en ningún caso vienen a detallar o hacer pinceladas de lo que se dice en el texto original: una reforma del Código Penal. Es por eso que el Constitucional ha dado la razón —de momento, a través de medidas cautelarísimas— al PP y ha detenido el debate del Senado.

Delante de eso, la reacción del Gobierno es proponer una proposición de ley. Las proposiciones de ley no son lo mismo que los proyectos de ley. Las primeras surgen del Congreso, y son los grupos parlamentarios quienes presentan estos textos. Mientras que los proyectos de ley surgen del Consejo de Ministros. Es decir, de la Moncloa. Este miércoles, el líder de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido que su formación ya tiene el texto sobre la mesa, pero ha detallado que todavía se tiene "que estudiar".