La sentencia de caso Gürtel ha sacudido completamente la política española de la noche a la mañana. La semana pasada, Mariano Rajoy brindaba por la aprobación de los presupuestos gracias al PNV, asegurando un final de legislatura tranquilo. Una semana más tarde, el Congreso lo sustituía por Pedro Sánchez a través de una moción de censura que prosperaba gracias a los votos de los nacionalistas vascos. De la euforia al ostracismo en tan sólo diez días.

La Audiencia Nacional no sólo condenaba a 29 personas a cárcell y al PP como "partícipe a título lucrativo" y confirmaba la existencia de una caja B. También constataba la creación "en paralelo de un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido que tenían posibilitados de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública".

Pero con la sentencia sobre la pieza principal de la Gürtel no acaban los quebraderos de cabeza para Génova, sino que más bien empiezan. Sin ir más lejos, sólo hay tres sentencias (la principal, la de los trajes de Paco Camps y la de los expositores de la Generalitat Valenciana en Fitur). La Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado sobre siete piezas separadas del mismo caso.

Entre estas piezas, seguramente la más destacada es la de los famosos "papeles de Bárcenas". El PP como entidad vuelve a estar acusado como "partícipe a título lucrativo" por el pago en negro de 880.000 euros de la reforma de la sede del PP en la calle Gènova. El juicio está paralizado porque uno de los integrantes del tribunal fue recusado a finales de abril por "amistad manifiesta" con el partido.

También está la pieza principal de la caja B del PP, todavía en fase de instrucción. Fue reabierta después que Francisco Correa confesara el supuesto pago de comisiones del 3% de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones. En los famosos papeles de Bárcenas es donde aparece la inscripción "M. Rajoy".

Aparte de estas piezas, también hay otras, como las de contratos de la Generalitat Valenciana a sociedades del grupo Correa, los contratos del Ayuntamiento de Jerez, la visita del Papa a Valencia de 2006, la "trama AENA" o la trama del municipio madrileño de Boadilla del Monte. De la mayoría se ha abierto juicio oral.

Los discos duros de Bárcenas

Sin embargo, más allá del caso Gürtel, el PP tiene abiertos muchos más casos de corrupción que pueden determinar su futuro durante los próximos meses y años, con un horizonte político marcado por elecciones municipales, europeas, autonómicas en muchos casos y muy probablemente también españolas, en función de cómo se desarrolle el mandato de Pedro Sánchez.

Entre los casos mediáticos pendientes de juicio hay el de los discos duros de Luis Bárcenas, que el PP formateó hasta 35 veces. La jueza instructora Rosa María Freire concluyó que el PP pretendía "destruirlos" literalmente "mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobrescritura de 35 pasadas y rayado hasta su destrucción física". Este método, conocido como Gutmann, hace prácticamente imposible recuperar su contenido original.

Según el mismo Bárcenas, estos discos duros contenían información sobre la caja B del partido. Aunque la Fiscalía se ha opuesto a juzgar el caso, la Audiencia de Madrid decretó el pasado noviembre que había "indicios suficientes" de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento. Por este caso están procesados la actual tesorera popular Carmen Navarro, el abogado del partido Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. El PP está imputado como persona jurídica.

Valencia y Madrid

Una de las sentencias más inminentes es la que tiene que ver con la financiación ilegal del PP en el País Valenciano. Después de que la Audiencia Nacional cerrara el juicio hace unas semanas, ahora está redactando el veredicto, que está a punto de llegar. Después de que los empresarios acusados y las cabecillas de la trama admitieran las irregularidades, la sentencia ya está prácticamente escrita.

Pero en el País Valenciano también está el caso Taula. En una de las piezas está investigada gran parte del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de València, por blanqueo de capitales y delito electoral durante las campañas de Rita Barberá. Todavía se encuentra en fase de instrucción, pero el juez podría cerrarla este antes del verano. Por otra parte, el caso Valmor investiga las irregularidades en la negociación, construcción y liquidación del Gran Premio de Fórmula 1 de València.

También hay frentes abiertos en Madrid, como el caso Púnica y el caso Lezo. En el primer caso, la acusación reclama al juez instructor que el partido sea investigado como persona jurídica. También se ha pedido la imputación de la expresidenta Esperanza Aguirre. En el caso Lezo ya están siendo investigados el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el expresidente y exministro Ignacio González por las irregularidades en la empresa pública Canal de Isabel II.

Pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil también señala a la recientemente dimitida Cristina Cifuentes. Hasta tres informes consideran irregular la adjudicación de un contrato para la cafetería de la Asamblea de Madrid a un empresario que donó dinero al PP a través de una fundación vinculada. Entonces Cifuentes era vicepresidenta de la cámara.

Después de que la cuarta moción de censura de la historia de España haya prosperado, el Partido Popular vuelve a la oposición. Allí tendrá que reconstruir una imagen muy tocada por la corrupción mientras lidia con los frentes que todavía tiene abiertos, que no son pocos. Mientras las batallas internas amenazan con sacar la cabeza, el auge de Ciudadanos en todas las encuestas no hace más que amargar todavía más el calvario en Génova.