De camino a la colisión entre el Congreso de los Diputados y el Senado. El Partido Popular recoge el guante de los letrados de la Cámara Alta y apuesta por plantear un conflicto entre órganos constitucionales a raíz de la ley de amnistía. Lo ha anunciado la portavoz de los populares al Senado, Alicia García, que ha argumentado que la amnistía es una “reforma encubierta de la Constitución” que hace que “esté en juego la defensa del Estado de derecho”. El primer paso que darán los populares es “instar formalmente” al Congreso a “retirar” la ley de amnistía: es la forma de activar un mecanismo que puede acabar en el Tribunal Constitucional y que no paraliza la tramitación de la amnistía en el Senado. Esta vía que abre ahora el PP se suma al recurso de inconstitucionalidad que hace semanas que han anunciado los populares contra la amnistía una vez sea aprobada, pero tiene un matiz añadido: el TC se tendrá que pronunciar sobre el conflicto entre órganos constitucionales con unos plazos tasados y mucho más deprisa. Paso a paso.
📝 Los letrados del Senado guían al PP para entorpecer la amnistía: conflicto entre órganos constitucionales
La decisión del PP llega al día siguiente que trascendiera un informe de los letrados del Senado muy crítico con la amnistía y con su tramitación en el Congreso y que incluía una especie de manual de instrucciones indicando el camino a seguir paso a paso para plantear el conflicto entre órganos constitucionales. Es un mecanismo que está regulado en la Ley del Tribunal Constitucional y que está previsto para los casos en los que el Congreso, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial adopten decisiones “asumiendo atribuciones que la Constitución” atribuye a los otros. Fuentes del PP en el Senado apuntan que esta posibilidad sobrevolaba Génova desde hacía días, pero reconocen que el pronunciamiento de los letrados lo desencadenó.
El dictamen de los letrados esgrime que el conflicto se basaría en el “fraude constitucional”, dado que la amnistía “está menoscabando la atribución constitucional del Senado en la tramitación de reformas constitucionales”. El argumento es el siguiente: “Se le pide al Senado que participe en un procedimiento que materialmente tendría que ser una reforma de la Constitución”, en la que “hay un bicameralismo perfecto” y “pesa lo mismo la voluntad de las dos cámaras en el texto final de la norma”, cosa que no pasa con todas las otras leyes.
En el pleno del Senado, la portavoz del PP, Alicia García, ha reprochado al PSOE que esté “acostumbrado a recurrir a tramitaciones fraudulentas con el fin de salirse con la suya” y ha subrayado que el PP “no está dispuesto a doblarse ante sus desprecios”. También ha aseverado que mientras la Comisión de Venecia pide una mayoría cualificada alta, la amnistía tiene una “mayoría raspada en el Congreso y una amplia mayoría en contra en el Senado”. “Cualquier Gobierno que tuviera un poco de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente”, ha remachado. La réplica la ha hecho al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha lanzado al PP que haya intentado “convertir el Senado en una cámara dilatoria, obstruccionista y de confrontación con el Congreso” y en un “freno de la actividad parlamentaria”. El ministro ha criticado que la estrategia del PP tiene la única voluntad “de gustar un poco a la ultraderecha para que no se enfade”. En la salida del Pleno, ha expresado la tranquilidad del Gobierno ante esta maniobra y la ha calificado de “puro artificio”.
La posibilidad (o no) de suspender la tramitación en el Senado
El escrito de los letrados reconoce claramente que el planteamiento de este tipo de conflictos “no paraliza la tramitación” en el Senado, ya que eso deriva directamente de la Constitución y la regulación del conflicto entre órganos constitucionales “no hace mención expresa que su interposición tenga un efecto suspensivo ni la posibilidad de solicitar medidas cautelares”. Fuentes de la Mesa del Senado insisten en que un conflicto entre órganos constitucionales “ni paraliza ni ralentiza” los trámites. Sin embargo, los letrados también apuntan en su escrito que “se podría solicitar al Tribunal Constitucional la medida cautelar por si, excepcionalmente, la admite ponderando las circunstancias urgentes y extraordinarias”, ya que si no se adoptara, habría un “perjuicio irreparable” para las atribuciones del Senado.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría ser en agosto
En paralelo a la tramitación de la amnistía en el Senado, que está previsto que culmine el 16 de mayo (de tal forma que el Congreso pondría el sello definitivo a la ley el 23 de mayo), el conflicto entre órganos constitucionales tendrá sus propios plazos. El recorrido, regulado en la Ley del TC y recogido en el informe de los letrados de la Cámara Alta, podría alargarse hasta el mes de agosto, una vez la amnistía ya estuviera publicada en el BOE y los jueces la hubieran empezado en aplicar. Lo que permite la maniobra del PP es tener un pronunciamiento del Alto Tribunal más rápido y sin tener que esperar a que el Constitucional resuelva el futuro recurso de inconstitucionalidad (ya que, en estos casos, no hay una fecha límite).
¿Y cuál es el camino y los plazos de un conflicto entre órganos constitucionales? El primer paso lo tiene que dar el PP, que mañana presentará el escrito justificando los motivos. Acto seguido, la Mesa lo tendrá que calificar, en una reunión extraordinaria que, según fuentes del órgano de gobierno del Senado, se convocará en Semana Santa. A continuación, la previsión del PP es que en el pleno del 2 de abril se vote y se apruebe la petición de los populares. Eso pondrá en marcha el calendario:
- El Congreso tendrá un mes para responder la demanda del Senado: la Cámara Baja podrá hacer caso omiso de la reclamación y mantenerse en silencio o retirar la proposición de ley. Tendrá margen hasta a principios de mayo.
- Si pasado este mes, el Congreso no ha rectificado o responde que ha actuado legítimamente, el PP tendrá un mes más por plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional. En este caso, sería la Mesa, sin necesidad del pleno, quien lo acordaría. Es de prever que los populares se apresuren a presentarlo.
- Cuando el recurso llegue al Tribunal Constitucional, el Alto Tribunal, después de un margen de diez días, tendrá que fijar un plazo de un mes al Congreso para formular alegaciones y trasladar la cuestión al Senado y al CGPJ. Eso nos sitúa a mediados de junio.
- Además, el TC podrá fijar un plazo de treinta días más para presentar información, aclaraciones y precisiones que finalizará a mediados de julio.
- Finalmente, el Constitucional tendrá un mes más para tomar una decisión y determinar “a qué órgano corresponde las atribuciones constitucionales controvertidas”. Por lo tanto, los primeros cálculos orientativos sitúan el pronunciamiento final en agosto.