El debate sobre la energía nuclear volverá al Congreso de los Diputados. Y lo hará de la mano del Partido Popular, que ha registrado una proposición de ley con el objetivo de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Hace dos meses, la Cámara Baja aprobó gracias a la abstención de ERC y Junts una iniciativa no legislativa (sin carácter vinculante) con este mismo propósito, aunque, semanas después, el Parlament de Catalunya reclamó el cierre de las nucleares con el apoyo de ERC y la abstención de Junts. Ahora los populares quieren derogar la prohibición de ampliar la vida útil de las centrales Ascó 1 (en el Camp de Tarragona), Cofrents (en el País Valencià) y Almaraz 1 y 2 (en Extremadura), que son las que “han estado sentenciadas mediante órdenes definitivas de cierre”, según ha denunciado la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín.

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Desde el PP apelan a Junts y ERC, que permitieron que su PNL se aprobara en el Pleno del Congreso a mediados de febrero. “Confiamos en que nos apoyen, buscamos esa amplia mayoría”, ha verbalizado Paloma Martín. “A partir de ahora, comenzaremos a hablar con los grupos políticos. Ya lo hemos hecho con otras iniciativas y continuaremos haciéndolo”, ha añadido. “Llevamos hablando con todos los grupos desde hace tiempo, no es algo que surge ahora. Hemos hablado con los distintos grupos y así vamos a continuar haciéndolo porque es lo que necesita España”, ha reiterado. “Deseamos que los grupos parlamentarios y los diputados de los territorios en los que hay instalaciones nucleares tengan en cuenta la importancia de contar con la energía nuclear y lo apoyen. Vamos a negociar lo que es bueno para España”, ha remachado.

¿Y cómo ha argumentado la necesidad de alargar la vida útil de las nucleares? “Estamos en tiempo de descuento. Es una cuestión urgente, es necesario prolongar su vida para garantizar la autonomía estratégica de España y hacerlo no es una opción, es una necesidad”, ha destacado Paloma Martín, que ha advertido que “permitir ahora el cierre sin que exista alternativa más allá que quemar gas va a ser una decisión de muy difícil reversión que incrementaría la dependencia de terceros países y perjudicaría la autonomía estratégica”. Desde Génova, reivindican que la nuclear es una energía “limpia, barata, flexible, predecible y estable”, que “no tiene carácter intermitente” (a diferencia de la eólica o la fotovoltaica) y una “fuente de energía que está instalada en España y que no se puede tirar por la borda”. Además, instan a la Moncloa a aprovechar la “ventaja competitiva” que tiene España por la disponibilidad de la energía nuclear. “Nos hace más fuerte como país, mientras que privarnos de ella nos hace más vulnerables”, ha insistido Martín.

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“La ceguera del Gobierno nos lleva al apagón”

“De lo que hagamos o dejemos de hacer, va a depender que nos deslicemos por la pendiente de la pérdida de competitividad y de la dependencia de otros países”, ha subrayado Paloma Martín, que ha cargado contra lo que considera que sería un “error histórico” y una “temeridad” y ha lamentado que la “ceguera” del Gobierno lleva a España al “apagón” y a convertirse en una “excepción marginal en Occidente”. A parecer del PP, la Moncloa mantiene el calendario de cierre de las nucleares por cuestiones “puramente ideológicas” y “poniendo en riesgo el suministro”. “El actual escenario internacional exige a España mantener la producción de la energía nuclear”, ha apostillado. Y ha arremetido contra Teresa Ribera y Nadia Calviño, que fueron vicepresidentas del Gobierno y ahora tienen responsabilidades en Bruselas: “Planificaron el cierre en España, pero no han tardado ni un minuto en promover la energía nuclear en otros países. Lo que aquí demonizan allí lo financian”.

Las empresas y el Gobierno podrán solicitar la continuidad de las nucleares

El articulado de la ley precisa que las empresas podrán solicitar la prolongación de la vida útil y que, en caso de que el Consejo de Seguridad Nuclear emita un informe favorable, el Ministerio de Transición Ecológica tendrá que resolver favorablemente. Además, explicita que, por cuestiones de seguridad energética o necesidad de continuar con el suministro, el Gobierno podrá acordar la continuidad de las nucleares bajo el paraguas del Consejo de Seguridad Nuclear. Por otra parte, fija que la  Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) tendrá tres meses para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos.

 

Una ley sin mencionar los impuestos para evitar el veto del Gobierno

“El Gobierno no tiene motivo alguno para vetar la iniciativa porque no tiene impacto presupuestario”, ha subrayado Paloma Martín al ser preguntada por las vías que podría tener la Moncloa para frenar su tramitación. El PP ha optado por no incluir ninguna modificación de impuestos para evitar que el Ministerio de Hacienda pueda hacer uso de su prerrogativa para vetarla. Sin embargo, desde Génova reiteran su petición de reducir el precio de la electricidad a través de una rebaja de impuestos. “Seguiremos defendiendo arias la rebaja de la fiscalidad en distintas incitativas parlamentarias”, ha reiterado la dirigente popular. Hace unos meses, el PP se alió con Junts, ERC y el PNV para rebajar el impuesto a la producción eléctrica, pero la Moncloa acabó retirando la ley para esquivar la derrota parlamentaria.