“¿Se han producido conversaciones formales o informales de miembros del Gobierno o de alguno de los partidos en él representados con miembros de cualquier otro partido del arco parlamentario sobre el asunto?”. Es el interrogante que el PP plantea a la Moncloa en una batería de veinte preguntas con respuesta escrita registradas por los populares en el Congreso de los Diputados y el Senado sobre el caso Olmo. Desde Génova, consideran que la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de dar la cautelar al Barça para que Dani Olmo y Pau Víctor pudieran volver a estar inscritos en LaLiga supone una “amnistía” y una “intervención política” que “ensucia la reputación del principal y más popular campeonato deportivo de España”. Y ahora el PP quiere que el Gobierno “aporte las debidas explicaciones sobre por qué ha adulterado LaLiga a través del CSD, tomando una decisión inédita llamada a pervertir la competición”, según sostiene el partido en un comunicado. Los populares esgrimen que la decisión “consagra el trato de favor de un Gobierno empeñado en generar desigualdades” y acusan al ejecutivo de querer “corromper también el deporte”.
Una de las preguntas que plantea el PP es si se han producido “conversaciones formales o informales” sobre este tema entre miembros del Gobierno o del PSOE con “cualquier otro partido del arco parlamentario”. Justo ayer Junts se mofó de las insinuaciones que ya había deslizado el PP. “Espérate cuando descubran lo que hemos pactado para el Girona FC”, espetó Carles Puigdemont a través de X. “Y para el RCD Espanyol”, añadió Jordi Turull, un reconocido perico. Era su respuesta a un tuit del portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, que había sostenido que la decisión “contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga” supone un “trato de favor” y “adultera la competición”. “Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño”, añadió. Además, el portavoz de Deporte del PP en el Congreso, Javier Merino, acusó al CSD de “saltarse” la normativa de la RFEF y las resoluciones de LaLiga para “favorecer” al Barça. “¿Hay pagos políticos para seguir en el Gobierno?”, se preguntó.
Y ahora el PP da un paso más allá y lleva la cuestión a las Cortes Generales. “¿El Gobierno está en condiciones de asegurar que la suspensión de la eficacia de un acto adoptado por los titulares de potestades administrativas delegadas se ha basado en criterios estrictamente jurídicos?”, preguntan los populares. Además, solicitan los “motivos jurídicos de peso” que haya ponderado el CSD para “justificar el sentido de su decisión y sobreponer su criterio” al de la RFEF, la Comisión de Control Económico de LaLiga y los tribunales. “¿Existe algún precedente en el que el CSD haya concedido una medida cautelar similar a favor de otro club o jugadores en situaciones comparables?”, añaden. Asimismo, el PP dispara contra José María Enríquez Negreira y Gerard Piqué. “¿Qué medidas van a tomar el Gobierno y/o el CSD para restaurar la credibilidad y la limpieza del fútbol en España, ya de por sí heridas de muerte tras los escándalos sin sanciones federativas ni gubernamentales por el caso Negreira o el caso Supercopa, entre otros?”.
“¿Qué impedirá a partir de ahora romper las normas? ¿Cómo pretenden el Gobierno y el CSD reparar a los clubes?”
Más preguntas. El PP pregunta al Gobierno si considera que el “sistema de control económico de LaLiga” ha quedado “desactivado de facto” con esta decisión y si “existe un plan para revisar y mejorar los procedimientos y competencias de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga”. Asimismo, los populares miran hacia el futuro: “¿Qué impedirá a partir de ahora que cualquier club incorpore a jugadores rompiendo las normas que todos los clubes se han autoimpuesto para después hallar amparo, siquiera de forma cautelar, con base en la protección de sus intereses económicos y de la carrera deportiva de los jugadores?”, se preguntan. “¿Garantizan el Gobierno y el CSD que en situaciones análogas se pronunciarán de forma igualmente taxativa y en el mismo sentido?”, añaden. Y si la resolución del fondo da la razón a la RFEF y a La Liga, los populares quieren saber “cómo pretenden el Gobierno y el CSD reparar a los clubes que sí han cumplido las normas y que habrán resultado perjudicados de gravedad, económica y deportivamente, por esta decisión cautelar”.
“¿El Gobierno tiene alguna duda de que la RFEF y LaLiga actúan conforme a derecho?”
Finalmente, el PP apunta hacia la Federación Española y La Liga. Por un lado, los populares piden que se publique íntegramente “toda la documentación relacionada” con el caso para “asegurar la transparencia del proceso”. En segundo lugar, preguntan si el Gobierno tiene “alguna duda” de que la RFEF “actúa conforme a derecho al dar de baja la licencia de un jugador” y de que LaLiga “ejerce su potestad administrativa delegada de control económico conforme a derecho”. En tercer lugar, interrogan sobre la relación entre los tres organismos implicados: “¿Qué diálogo se ha mantenido con LaLiga y la RFEF respecto a la concesión de esta medida cautelar? ¿Existen mecanismos de consulta entre el CSD, LaLiga y la RFEF para supuestos similares y, en tal caso, se activaron para este supuesto?”. Y una última petición: los populares reclaman que el Gobierno aclare si tiene constancia del “acuerdo de la Comisión de Control Económico de La Liga”, de los “parámetros por los que se consideró que el Barça incumplía los requisitos presupuestarios del fair play” y del “acuerdo de la RFEF de retirada de la licencia federativa a Dani Olmo y Pau Víctor”.