Pocas horas después de haber sabido que el Gobierno no moverá ficha, el Partido Popular ha anunciado que lleva al Tribunal Constitucional el decreto de la Generalitat por las fianzas del Tribunal de Cuentas impuestas a 34 excargos del Govern por la acción exterior entre 2011 y 2017.
Así lo ha hecho saber la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra: "Hemos formalizado el recurso delante del Constitucional". "No se puede avalar la sedición con fondos públicos, malversar para avalar malversadores", ha expresado en Twitter.
El recurso presentado por 88 diputados del PP encabezados por su líder, Pablo Casado, discrepa del argumentario adoptado a la exposición de motivos del decreto ley catalán, donde se indica que el abogado de la Generalitat puede asumir la representación y la defensa de los miembros del Govern, de los altos cargos, de los funcionarios y de los empleados públicos de la Administración de la Generalitat (y de sus organismos) "cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, a menos que los intereses del representado y los de la generalidad sean opuestos o contradictorios", sea cual sea la posición procesal.
Al mismo tiempo, el texto discrepa por el derecho a ser "beneficiario de las garantías necesarias para hacer frente a las reclamaciones que contra los empleados públicos se puedan presentar, con la finalidad de evitar que estas reclamaciones puedan suponer un perjuicio al patrimonio personal de las personas involucradas."
Una norma "absolutamente desconcertante"
Los populares también manifiestan su discrepancia con el hecho de que, "de forma absolutamente desconcertante", la norma catalana indica que "el ejercicio lícito de estos derechos en ningún caso puede comportar un perjuicio económico a la Generalitat". "En un nuevo giro de la argumentación se señala que tampoco se puede hacer responsable de estas actuaciones a los empleados públicos que hayan intervenido en las actuaciones administrativas correspondientes dando cumplimiento a todos los trámites legalmente preceptivos, ya que el control de oportunidad está especialmente prohibido, en palabras del Tribunal Constitucional, a los órganos de control o de intervención", añaden.
De la misma manera, el PP voz inconstitucional que la ley considere "necesario y urgente" que la Generalitat adopte medidas complementarias en los mecanismos ya existentes "dirigidas a garantizar y proteger el derecho a la indemnidad de las personas afectadas en el ejercicio de sus funciones, al menos hasta que haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal".
La formación de Casado tampoco está de acuerdo con lo que considera "la verdadera razón de la aprobación de la norma", que es la causa abierta en el Tribunal de Cuentas contra los responsables del procés y rechazan el párrafo del decreto ley que estipula el siguiente: "La brevedad de los plazos en muchos de estos supuestos y la falta de mecanismos para dar cobertura a la situación producida obligan la Generalitat de Catalunya a adoptar, con carácter urgente y general, las medidas necesarias para garantizar tanto el principio de indemnidad como la protección de los derechos fundamentales de todos los servidores públicos afectados por siniestros no cubiertos por las pólizas de responsabilidad civil y patrimonial actuales de la Generalitat de Catalunya, mediante la creación de un fondo específico complementario de las pólizas suscritas".
Así, los populares presentan el recurso de inconstitucionalidad contra todo el decreto ley porque "todo él resulta contrario a las prescripciones del Estatuto de Autonomía de Catalunya y de la Constitución española". Y subraya que el verdadero objetivo de la norma es "eximir, de facto, de toda responsabilidad por los actos de malversación de dinero públicos cometidos por determinados cargos de la Generalitat para promocionar la secesión catalana".
Vox ya lo había hecho
Todo eso lleva, "por pura lógica", a creer que el decreto ley impugnado "se convierte en un nuevo instrumento de apoyo y promoción de la causa secesionista declarada inconstitucional en infinidad de ocasiones por el Tribunal Constitucional en la modalidad en que se está desarrollando por los responsables políticos de la Generalitat de Catalunya".
No es la primera vez que este decreto ley es recurrido. El partido de ultraderecha Vox presentó el pasado 2 de septiembre un recurso para declararlo nulo. Además, la fiscalía inició una investigación de estos hechos, todo donante respuesta a una denuncia presentada por el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en Catalunya, Carlos Carrizosa.
Imagen principal: La fachada del Tribunal Constitucional / ACN