Pleno de alta tensión en el Senado en el que estaba llamado a ser el último paso de la ley que beneficiará a los presos de ETA. Con giro de guion inesperado a última hora. El conflicto entre el PP y el PSOE estalló hace justo una semana, cuando se conoció que una iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad permitirá contabilizar en España los años de condena en otros países de la Unión Europea, cosa que reducirá el tiempo que algunos presos de ETA estén en prisión. En la cámara baja, los populares votaron a favor, pero en los últimos siete días han dirigido la presión al Gobierno para que retire el proyecto de ley. El pasado martes el PP pospuso el debate en el Senado, que se ha celebrado finalmente este lunes, y la previsión de todo el mundo era que la cámara alta no tenía posibilidades reales de frenar su aprobación definitiva porque no se presentaron ni enmiendas ni vetos dentro de plazo. Esto impedía, a priori, obstaculizar que la norma llegara al Boletín Oficial del Estado en los próximos días.
Sin embargo, el PP ha retorcido el Reglamento del Senado y asegura que una votación por mayoría absoluta equivale a un veto. El presidente de la cámara alta, Pedro Rollán, se escuda en un informe ad hoc de los letrados que concluye que “un rechazo por mayoría absoluta del pleno del Senado es un acto que debe tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global”. “No es necesaria la presentación formal del veto, sino que es suficiente con el rechazo por mayoría absoluta del pleno”, esgrime el documento, de doce páginas. "Como el proyecto de ley se ha rechazado por mayoría absoluta del Senado, que es la exigida por el artículo 90.2 de la Constitución para oponer el veto, debe entenderse que el pleno del Senado ha vetado el texto", ha afirmado Pedro Rollán tras una votación que ha dado como resultado 111 votos a favor de la ley, 148 en contra (del PP, Vox y UPN) y 2 abstenciones. La versión que traslada al equipo de Rollán es que ahora el texto vuelve al Congreso, que deberá pronunciarse sobre el veto. Pero habrá que ver cuál es la reacción de la cámara baja. De momento, fuentes cercanas a Francina Armengol señalan que el Senado debe enviar oficialmente su “inédita decisión” y, a partir de ahí, los servicios jurídicos del Congreso lo estudiarán para que la Mesa tome una decisión el próximo martes 22 de octubre.
El informe, realizado por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, reconoce que un rechazo del texto al Senado por mayoría absoluta sin que se hayan presentado vetos o enmiendas es un “caso inédito”, pero defiende que “ignorar la voluntad real del pleno del Senado de rechazo del texto” aduciendo que “solo hay veto si se ha presentado formalmente” sería “excesivamente formalista”. "Debe primar la voluntad real manifestada por la cámara ante una aplicación del Reglamento que, por excesivamente rígida y formalista, no sea conforme con la Constitución", sostiene. Y remacha la argumentación: “Cuando el artículo 90 de la Constitución solo exige para el veto una votación por mayoría absoluta en el pleno de la cámara alta, no cabe entender que los preceptos del Reglamento que regulan el procedimiento legislativo son más restrictivos que la dicción literal de la propia Constitución”.
El PP acusa al PSOE de emitir “votos manchados de sangre” y “llenar las calles de terroristas”
Con todo esto, el debate entre los partidos ha terminado quedando en un segundo plano. “Todavía están a tiempo de retirarlo y pedir perdón por dar prioridad a unos votos manchados de sangre frente a la dignidad de las víctimas. Hoy están a tiempo de retirar esta ley y de abrazar el aplauso de los presos de ETA”, ha dicho desde la tribuna Marimar Blanco. La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco (concejal del PP en Ermua asesinado por ETA en 1997) ha subido al estrado con una “inmensa carga de humildad, pero también de dolor e indignación”. La parlamentaria popular ha querido pedir un “perdón sincero a todos los españoles y a todas las víctimas del terrorismo” por el apoyo que dio el PP a la ley en el Congreso y ha expresado su “dolor e indignación al comprobar la maniobra oculta y calculada con la que este Gobierno ha colado de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios”.
Marimar Blanco ha criticado la “complicidad y cobardía” del PSOE y ha cargado contra el voto de los socialistas aduciendo que hay una “diferencia abismal” entre “cometer un error y liberar de forma deliberada a los asesinos de ETA”. La senadora del PP ha acusado al Gobierno de “llenar las calles de terroristas”, de estar “muy orgulloso de romper las cadenas de los territorios más sanguinarios de la historia”, de obviar el “grito desesperado de las víctimas”, de estar “barriendo la dignidad de las víctimas bajo las alfombras del sanchismo” y de haber “arrastrado la dignidad de la democracia por el lodo de la vergüenza y la humillación”. Para el PP, esta ley es “consecuencia del pacto encapuchado con Otegi” y es un “pago siniestro que hunde la democracia en el fango de la indignidad que supone vivir de rodillas ante los herederos de ETA”. “Otegi dicta, Sánchez ejecuta”, ha añadido Marimar Blanco.
ERC reprueba que la justicia española “nunca está exenta de arbitrariedades”
En su turno a favor de la ley, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, ha defendido la norma como herramienta para “mejorar el intercambio de información sobre antecedentes penales y cooperación judicial y policial a nivel europeo”, para “facilitar el marco judicial europeo” y para mejorar la “eficiencia frente a la delincuencia transnacional”. Lo que hace la ley es permitir que “computen en el Estado español las condenas europeas”, cosa que “permitirá que tribunales españoles den a las condenas europeas los mismos efectos que a las condenas españolas, como ya pasa en toda Europa, menos en España”. “Ya sabemos que aquí la Justicia nunca está exenta de arbitrariedades”, ha denunciado la senadora republicana. Asimismo, Bailac ha criticado que, nuevamente, el PP esté utilizando el Senado como su “platón de televisión” y haga “perder el tiempo” mientras la ciudadanía “tiene problemas que no se resuelven”.
Junts reprocha a los populares que quieran que España sea una “isla jurídica” en la UE
En nombre de Junts, Joan Bagué ha recriminado al PSOE y al PP que esta ley se haya convertido en “otra pugna y disputa sin sentido” entre los dos partidos mayoritarios y ha hecho un llamamiento a evitar que España sea una “autarquía” o un “estado que va por libre”. “¿Vamos a ser una isla jurídica en la Unión Europea? Si no se aprobara, nos excluiríamos de la homogeneización jurídica entre estados de la UE que es muy beneficiosa para todas las partes”, ha proclamado. Y ha sostenido que es “bastante patético” querer ser europeos “a ratos”. “Los valores fundamentales de la UE van en la línea de lo que plantea este proyecto de ley, vemos con perplejidad que algunos pretenden ser europeos intermitentemente”, ha argumentado. “Estamos haciendo un ridículo jurídico monumental”, ha lanzado a los populares. Asimismo, Bagué ha reconocido que a los juntaires no les “extraña” que los populares “desconfíen de la justicia europea” y ha lanzado un mensaje en clave catalana: “No es serio ni de recibo mezclar el movimiento independentista catalán con ETA o con el terrorismo ni por tradición ni por hechos”.