El Partido Popular ha confirmado que votará a favor de la derogación de la ley de memoria democrática en las Islas Baleares, según ha revelado la portavoz adjunta del grupo, Marga Durán, este lunes en rueda de prensa. Esta era una de las cuestiones que estaba en el aire después de la ruptura, por parte de Santiago Abascal, del acuerdo entre PP y Vox en las Islas. Duran ha detallado que la preocupación de su partido si se derogaba la normativa balear "era que quedara alguna cosa pendiente de que no estuviera recogida en la ley de fosas o en la ley de memoria estatal", pero al ver que la ley nacional recoge estas cuestiones, consideran que no era necesario presentar ninguna enmienda sobre este tema. El PP no ha presentado ninguna enmienda en la toma en consideración de la propuesta de derogación porque no lo considera necesario, porque cree que todas las cuestiones que contempla la ley balear de 2018 quedan cubiertas por la ley estatal, ha explicado Durán en una rueda de prensa. "Votaremos en el mismo sentido que votemos en la toma en consideración", ha asegurado. Ha añadido que además el PP continuará con los trabajos "para encontrar las fosas que pueden estar pendientes", en cumplimiento de la Ley de Fosas.
Iniciativa de Vox
El Parlamento balear aprobó el pasado 18 de junio la toma en consideración de la derogación de la Ley de Memoria de las Baleares, en un pleno cargado de polémica donde el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió una foto de Aurora Picornell, fusilada por el franquismo, y otras víctimas asesinadas durante la Guerra Civil que los diputados socialistas que forman la mesa habían enganchado a sus ordenadores. Las familias y asociaciones de víctimas denunciaron los hechos y Le Senne declarará como investigado por un delito de odio el día 27, en el juzgado de Instrucción número 1 de Palma.
Vox fue quien registró hace unos meses la proposición para derogar la ley de memoria democrática en el Parlamento balear. La supresión de esta normativa formaba de parte del acuerdo de legislatura (ya rotura) conseguido entre PP y extrema derecha, por el que los de Santiago Abascal se comprometían a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del gobierno. Entre los argumentos que defiende la formación de extrema derecha es que la ley "atenta contra la igualdad de todos los españoles", ya que, según su juicio, "vulnera el artículo 14 de la Constitución que sirve de clave para los derechos fundamentales". Y añaden que "esta ley discrimina y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el cual lucharon". Según Vox, la ley "promueve el rencor y evita el reconocimiento a todos aquellos que, en algún momento de la historia y por varias causas, derramaron su sangre por España sin importar el bando en el cual estuvieran".