Autogol del PP a costa de la amnistía. Una de las grandes estrategias de los populares en su dura ofensiva contra la ley de amnistía era el llamado conflicto entre órganos constitucionales entre el Senado y el Congreso por la tramitación de la ley de amnistía. Un choque institucional que anunció a bombo y platillos y que ahora ha acabado en nada. La pelota estaba encima de la mesa del PP, que tenía que decidir si, después de que el Congreso se negara a retirar la iniciativa, culminaba la batalla acudiendo al Tribunal Constitucional. Y la respuesta es que no. Giro copernicano. A tal efecto, el PP ha registrado este martes un escrito de urgencia que se debatirá, también con prisas, pasado mañana en un nuevo pleno del Senado con el objetivo de “suspender y, en consecuencia, dejar sin efecto” el acuerdo relativo al planteamiento del conflicto de atribuciones.
En su texto, que ha aparecido de forma sorpresiva esta mañana en la Plaza de la Marina Española, el PP acusa a la Mesa del Congreso de haber “frustrado completamente el único requisito de procedibilidad” que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, haber “impedido” un debate y votación en el pleno de la cámara baja sobre la “competencia de las Cortes Generales para conceder amnistías mediante ley”. Los populares entienden que la Mesa del Congreso “contestó incorrectamente al requerimiento, arrogándose competencias que no le corresponden” y que, de esta forma, “ha perjudicado irreversiblemente” al pleno de la cámara baja, que “no ha podido cumplir, en plazo, con este imprescindible acto previo a la judicialización del conflicto”.
Desde Esquerra Republicana, la portavoz en el Senado, Sara Bailac, ha denunciado que, con el nuevo texto que ha registrado el PP, “queda demostrado” que los populares “funcionan a base de ocurrencias”, dado que “la realidad es que no se atreven” a ir hasta el final para llevar al TC el conflicto de competencias entre las dos cámaras que plantearon inicialmente.
El Congreso ha “entorpecido” el “derecho” del Senado a plantear el conflicto
Así pues, el escrito reza que, mientras el Senado “ha cumplido con el trámite de aprobación de la ley de amnistía”, la Mesa del Congreso “no ha cumplido con su obligación” de someter al Pleno el requerimiento previo que esta Cámara le trasladó por medio de su presidente. El PP se escuda aduciendo que solo podía acudir al TC sin “incumplir los presupuestos procesales” habiendo conocido “la posición del pleno del Congreso”. Igualmente, el texto reitera la necesidad de “restablecer el legítimo equilibrio entre los poderes de los órganos constitucionales del Estado”.
Consecuentemente, la respuesta del PP es declarar que el acuerdo de la Mesa del Congreso es “nulo conforme a las reglas más elementales de validez de los actos” y lamentar que solo haya servido para estar “entorpeciendo” el ejercicio, por parte del Senado, de su “derecho a plantear el conflicto”. Asimismo, denuncia que el órgano de gobierno de la cámara baja “ha suplantado al pleno” y “le ha hurtado la posibilidad de pronunciarse sobre esta materia, a él reservada únicamente, lesionando con ello los derechos fundamentales de representación política de todos los diputados”. “Es evidente que se frustra por completo la finalidad del requerimiento si este es contestado por el órgano que no es competente”, lamenta. Además, pide que el Congreso “muestre el debido respeto institucional” al Senado.
Un conflicto entre órganos constitucionales ante una “reforma encubierta de la Constitución”
El conflicto entre órganos constitucionales impulsado por el PP se remonta a un informe de los letrados del Senado, que guiaron a los populares a través de una especie de manual de instrucciones para torpedear la amnistía. El PP se agarró a este dictamen esgrimiendo que la amnistía es una “reforma encubierta de la Constitución” y, veinte días más tarde, activó el choque justificando que era una “obligación ética, moral y plenamente democrática”.
Los siguientes pasos provocaron una guerra abierta entre los letrados del Congreso y del Senado. Tras la petición de la cámara alta, el Congreso denunció la “clara injerencia” promovida por el Senado y la Mesa de la cámara baja respondió que no retiraba la ley de amnistía. La réplica del Senado fue acusar al Congreso de estar “entorpeciendo” su “derecho a plantear” el conflicto de atribuciones. El PP se había mantenido en silencio sobre esta cuestión desde entonces, hasta que ahora ha decidido dejarlo todo en papel mojado.