La ley de vivienda estatal ni siquiera se ha aprobado todavía. Es simplemente un compromiso que han alcanzado el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la negociación de los presupuestos del Estado. De hecho, el mismo compromiso que consiguieron el año pasado en el mismo contexto, y que no han conseguido sacar adelante. A pesar de todo, desde la derecha ya amenazan. En primer lugar, de no aplicarla en aquellos territorios donde gobiernan. En segundo lugar, de llevarla ante el Tribunal Constitucional, como han hecho con tantas otras normas estatales o autonómicas. En el punto de mira, la regulación de los precios de los alquileres abusivos.

En estos términos se ha expresado Pablo Casado al día siguiente de anunciarse el acuerdo. En una entrevista en Telecinco este miércoles, el líder estatal del PP ha defendido que están "a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado trabajando toda la vida". En este sentido, el jefe de la oposición ha asegurado que no se aplicará en las comunidades que gobierna el PP en la parte de "decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler" ni en la parte que "si lo tienes vacío puede subir el IBI un 150%". Y ha advertido que lo llevarán al Tribunal Constitucional, "que es lo que hicimos con una ley parecida de la Generalitat de Catalunya". En realidad, la hizo el Parlament de Catalunya a través de una iniciativa legislativa popular.

En la misma línea se ha pronunciado Begoña Villacís, de Ciudadanos y vicealcaldesa de la ciudad de Madrid. "Spoiler: Madrid no aplicará la ley intervencionista del Gobierno", ha asegurado Villacís en sus redes sociales. La política municipal ha sostenido que "la seguridad jurídica que ofrecemos hará que sigamos siendo el refugio de la inversión extranjera" y "seremos más competitivos todavía". Y se ha dirigido al presidente valenciano Ximo Puig o al portavoz republicano Gabriel Rufián: "¡Madrid hace dumping inmobiliario! Y nos dará exactamente igual". Da la casualidad de que Begoña Villacís dispone de seis viviendas en propiedad, cuatro de las cuales en la capital española, según su última declaración de bienes.

El acuerdo de PSOE y Podemos

Todavía no se sabe cuándo llegará al Consejo de Ministros. Será "en las próximas semanas", sin más concreción. Pero ayer el PSOE y Unidas Podemos pactaron una ley de vivienda estatal, que incluirá la regulación de precios del alquiler para hacerlos bajar. La norma diferenciará entre pequeños y grandes propietarios (a partir de las diez viviendas). Con respecto a los pequeños propietarios, el texto establecerá la congelación de precios e incentivos fiscales —de hasta el 90%— para la reducción de precios del alquiler. Para los grandes tenedores, se contempla la retirada de privilegios fiscales. La ley también diferenciará a las personas físicas de las personas jurídicas. Estas últimas tendrán la obligación de rebajar el precio. En el caso de los particulares con más de diez viviendas, podrán acceder a las bonificaciones fiscales, pero si se aplica la rebaja a todos sus inmuebles. Al fin y al cabo, a la espera de que se apruebe en Consejo de Ministros y se haga pública toda la letra pequeña.