Rebajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, prorrogar la bonificación del gasóleo o flexibilizar la Política Agraria Común (PAC). Son medidas que el Gobierno rechaza en votaciones parlamentarias, pero que el Congreso de los Diputados lo insta a impulsar a petición del Partido Popular. Esta semana la Cámara Baja ha acogido los primeros debates de iniciativas no legislativas en comisión y el PP lo ha aprovechado para defender políticas con su huella y poner en cuestión la solidez parlamentaria del Gobierno. Las comisiones, representaciones a pequeña escala del pleno y divididas por ejes temáticos equivalentes a los ministerios, pueden aprobar textos no vinculantes que sirven para orientar la política del ejecutivo. En este caso, el PP, siempre de la mano de Vox, ha contado con la complicidad de Junts y del PNV (en forma de voto afirmativo o de abstención) para sacar adelante algunas de sus propuestas. Han sido declaraciones de intenciones, denominadas proposiciones no de ley (también conocidas como PNL), que, aunque no tienen carácter jurídico, sí que tienen una clara significación política.

Una de las medidas más reclamadas por los populares desde hace semanas es la rebaja del IVA de ciertos productos básicos. De hecho, fue la réplica inmediata del PP después de conocer la prórroga de la mayoría de las medidas anticrisis del Gobierno y la condición de los populares para facilitar la convalidación de aquel real decreto ley. Ahora Génova se ha aliado con Junts (que se abstuvo) y el PNV (que votó a favor) para reclamar a la Moncloa que mantenga la reducción del IVA de productos básicos y lo amplíe a la carne, el pescado y las conservas. Eso fue el miércoles en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. La debilidad parlamentaria del Gobierno también se puso de manifiesto en la votación sobre la idoneidad de Carmen Calvo como nueva presidenta del Consejo de Estado. Junts iba a votar en contra, cosa que hacía descarrilar la votación (que no es vinculante), pero acabó dando el ‘sí’ después de una negociación hasta a última hora en la que consiguió unos resultados que no ha querido explicar. Es un nuevo aviso de los juntaires, que ya llevaron al PSOE a una negociación in extremis a principios de año con la votación de los primeros tres reales decretos ley de la legislatura.

Todas estas votaciones pueden servir como toque de atención a las puertas de la recta final (y parece que definitiva) para la ley de amnistía: el PSOE y Junts tienen doce días para negociar y retocar el texto. El jueves 7 de marzo es la fecha límite. La Moncloa, que está dispuesta a no llevar la amnistía a votación si no hay un acuerdo, admitía el martes que se había "plantado" y que solo aceptaría retoques meramente "técnicos". En paralelo, asumía que, si no se aprueba la amnistía, Junts (que, igual que ERC y los otros socios de investidura, es un actor imprescindible en la aritmética endemoniada que dejó el 23J) obstruiría los presupuestos y, por lo tanto, impediría que el ejecutivo tuviera unas nuevas cuentas públicas. Ahora bien, a pesar de todos estos condicionantes y lejos del nerviosismo, Pedro Sánchez está convencido de que habrá amnistía y una legislatura de cuatro años.

El plan de choque para el sector primario

La fragilidad parlamentaria de Pedro Sánchez se ha puesto de manifiesto en más de una votación los últimos días. La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación también avaló, con la complicidad de Junts y del PNV, parte del plan de choque que proponía el PP para abordar la crisis del sector primario. En los cinco puntos que se aprobaron (de los once que contenía la propuesta), los juntaires votaron a favor de todos y los jeltzales se abstuvieron en dos de ellos. Fueron los referentes a "reforzar la imagen de los productos alimenticios españoles en los mercados" y a exigir la flexibilización de la Política Agraria Común con el objetivo de "consensuar criterios impuestos unilateralmente por el gobierno de España".

Asimismo, las dos formaciones votaron a favor de revisar el Plan de seguros agrarios combinados para ampliar coberturas, reclamar el "pago inmediato" de las indemnizaciones de los productos que han sufrido ataques en territorio francés y crear un grupo de expertos que revise las actuales políticas de sanidad animal y controle la fauna salvaje y las especies invasoras para conservar la biodiversidad.

Una prórroga de la bonificación del gasóleo

Por su parte, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico dio luz verde a una proposición no de ley que reclamaba una prórroga de la bonificación del gasóleo. Con la abstención de Junts y el PNV, la Cámara Baja instó al Gobierno a aprobar, en un plazo de un mes, una hoja de ruta para mantener durante el 2024 las bonificaciones del impuesto especial de hidrocarburos vigentes en los combustibles de uso profesional y prorrogarlas hasta que haya "alternativas sostenibles", así como "impulsar el desarrollo de biocombustibles y ecocombustibles".

Justamente a finales de febrero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró en una comparecencia en la comisión del ramo que el Gobierno "piensa mantener la devolución del impuesto especial de hidrocarburos en el caso del gasóleo profesional".

Sumar y el PSOE votan divididos sobre medidas para el sector de la pesca

El PP no ha conseguido solo poner de relieve la debilidad parlamentaria del Gobierno, sino que también ha llevado a los dos socios de coalición a votar de forma diferenciada. El Congreso ha instado al ejecutivo a diseñar un PERTE específico para el sector pesquero alimentario y a interceder ante la Unión Europea para que intensifique los controles "ante la amenaza de países terceros" y se cumplan "todas las exigencias laborales, sociales, medioambientales y sanitarias". Junts y el PNV votaron a favor, el PSOE votó en contra y Sumar, ERC y Bildu se abstuvieron. También salió adelante la demanda de extender la rebaja del IVA a los productos del mar, aunque, en este caso, Junts se opuso.

¿Cómo se vota en las comisiones del Congreso?

Las comisiones, representaciones a pequeña escala del pleno, están formadas por 37 diputados, que se reparten de forma proporcional entre todos los grupos parlamentarios: catorce del PP, doce del PSOE, tres de Vox, tres de Sumar, uno para ERC, Junts, Bildu y el PNV y uno para el Grupo Mixto. Las votaciones se hacen con estas cifras, pero, en caso de empate, se desempata ponderando el voto con los números del pleno. Así pues, estos días ha habido votaciones que han recibido luz verde exactamente por la mínima: diecinueve (el PP, Vox, Junts y el PNV) a dieciocho (PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos). En el caso del IVA de la carne y el pescado, por ejemplo, hubo un empate a dieciocho (porque Junts se abstuvo), pero la ponderación dio por aprobada la iniciativa (175 a 165).

La amenaza de las leyes que llegan desde el Senado

Las votaciones que se han producido esta semana han sido un primer aviso para el Gobierno. Pero es evidente, a ojos de todo el mundo, que Pedro Sánchez no cuenta con una mayoría sólida en el Congreso. Y eso se titubea todavía más ante un Senado donde el PP tiene mayoría absoluta. Los populares, que están utilizando la Cámara Alta como uno de los principales polos de oposición al Gobierno, aprovechan la aritmética favorable para impulsar proposiciones de ley, que reciben luz verde y se envían al Congreso, donde tienen que continuar su recorrido parlamentario.

Desde el principio de la legislatura, el PP ha aprobado cuatro iniciativas legislativas que ha remitido al Congreso. Ahora bien, hay dos con especial interés, dado que el PSOE y sus socios de investidura se dividieron. La primera fue una iniciativa para rebajar el IVA de las peluquerías del 21% al 10%. El PP consiguió el voto a favor de todos los partidos, excepto el PSOE. Si los partidos mantienen su posicionamiento en el Congreso, los populares podrían conseguir imponer una rebaja del IVA contra el criterio del Gobierno.

Por otra parte, una iniciativa que no generó tanto consenso es la conocida como ley antiokupas, que quiere fijar el plazo de un día para desalojar voluntariamente una vivienda ocupada y, en caso de que eso no pase, permitir un desalojo de manera forzosa pasadas 24 horas. En este caso, Junts y el PNV se abstuvieron, cosa que volvería a abrir la puerta que la iniciativa pueda recibir luz verde en la Cámara Baja si mantienen el mismo sentido del voto. Ahora bien, a pesar de esta realidad, es cierto que en el Congreso hay muchos mecanismos que el PSOE puede utilizar para ralentizar, retrasar o imposibilitar que una proposición de ley de estas características se llegue a aprobar.

Una mayoría parlamentaria frágil

Sea como sea, las cifras y las últimas votaciones ilustran que el Gobierno tiene una mayoría parlamentaria que se puede desequilibrar fácilmente. Y no solo tendrá que preocuparse por sacar adelante sus iniciativas, sino también tiene que ser consciente de que, en todo momento, los partidos pueden presionarlo aprobando iniciativas de más o menos envergadura en contra de su voluntad. De momento, en el Congreso han sido iniciativas no legislativas, pero hay leyes que calientan en la banda.