El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El texto se registró el pasado 30 de diciembre, después de meses (y años) del PP bloqueando la renovación de este órgano. Además, se trata de un texto con medidas que iban incluidas en el pacto que al que los populares llegaron con el PSOE y que ellos mismos rompieron cuando se anunció la reforma del delito de sedición. Ahora bien, socialistas y populares iban encaminados a reformar la ley del CGPJ una vez este mismo organismo se renovara con los parámetros actuales.

Una de las medidas estrella del PP, que ha pedido desde hace mucho tiempo y que está incluida en este texto que ha presentado en el Congreso de los Diputados es que a partir de ahora sean los jueces los que se escojan a ellos mismos para hacer de vocales en el órgano de gobierno de los jueces españoles. Se trata de un sistema de elección, en principio, menos democrático; ya que actualmente son las Cortes españolas las que designan a estos vocales, respetando el resultado de las elecciones. Cuando anteriormente el PP ya ha intentado hacer esta modificación, las cámaras españolas han tumbado sus intenciones.

El PSOE y el PP pactaron, sin embargo, medidas para evitar las puertas giratorias dentro del mundo judicial, y los populares recuperan esta medida pactada en este texto. Se trata de un sistema en el cual no se permite que los jueces entren en política y tampoco puedan emitir sentencias hasta que pasen dos años desde su cese.

Asimismo, la propuesta también pide que los magistrados que sean escogidos para sitios del Parlamento Europeo, el Congreso, las asambleas autonómicas, o corporaciones locales, o cuando sean nombrados para un cargo político de confianza por encima de director general, no podrán reingresar en su lugar de trabajo hasta dos años después. Sí que podrían seguir ejerciendo como juristas al CGPJ, pero no como vocales, pero sí ofreciendo algún servicio especial.

Por otra parte, el PP recupera otra medida que se pactó con el PSOE: exigir una antigüedad de 20 años de servicio en la carrera judicial con el fin de ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Actualmente, solo se piden 15 años. Asimismo, ahora el PP quiere que se pidan también estos 15 años para acceder a las audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia y sus salas. Por otra parte, sin embargo, incluye una medida pactada con el PSOE que tumba una reforma que hizo el gobierno de Mariano Rajoy: pretenden reforzar la mayoría con la cual los presidentes de estos tribunales son escogidos, para pasar de una simple a una de tres quintos.