El PP ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poner freno a las enmiendas introducidas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición con el fin de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la ley del Tribunal Constitucional. Según los populares, se trata de una maniobra del PSOE y Podemos que hace un uso fraudulento de los trámites parlamentarios, ya que consideran que no hay ninguna relación entre una proposición de ley que pretende derogar un delito como el de sedición con la voluntad de cambiar las normas para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el mismo Tribunal Constitucional.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido ha presentado "el primero" de más recursos que presentará ante este mismo tribunal. Ha asegurado que "el objetivo" de la Moncloa es "controlar el Tribunal Constitucional, cosa que necesitan para que se pueda celebrar el referéndum del que tanto es habla estos últimos días". La esperanza de los populares es que el TC se pronuncie antes del Pleno de este jueves, cuando se tienen que votar los enmiendas a la derogación de la sedición.

La voluntad del PP de recurrir estas enmiendas de PSOE y Unidas Podemos ya fue conocida hace unos días. Gamarra anunció que el PP llevaría al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante "el atropello del poder legislativo" para utilizar la proposición de ley y la vía de la enmienda para "saltarse todos los controles de legalidad", como "primera medida de acción" ante las reformas planteadas por el Gobierno en el Código Penal y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según el PP, la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es utilizar la vía de enmienda para "llevar a cabo reformas que no pueden utilizar esta vía". Gamarra ya advirtió que el PP exigiría la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Sánchez porque "está escondido" y para que "dé la cara ante los españoles a quien mintió".

La semana pasada PSOE y Podemos presentaron dos enmiendas en la reforma del Código Penal con el fin de desbloquear la situación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. La primera enmienda pretende reformar la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que tiene que sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados para el Constitucional que le corresponden, de manera que ahora establece un nuevo sistema por el cual se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos.

La segunda enmienda pretende modificar la Ley orgánica 2/1979 del Constitucional de manera que si pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno, "uno de estos dos órganos no hubiera hecho su propuesta", se procederá "a la renovación de los magistrados designados por el órgano que hayan cumplido con su deber constitucional". Así se acaba con el debate sobre si la renovación por tercios, que en este caso es de dos escogidos por el Gobierno y dos para el máximo órgano de gobierno de los jueces, tiene que hacerse conjuntamente, y se elimina la necesidad de verificación por parte del Tribunal Constitucional de los nuevos magistrados.