La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas –formada por representantes del Congreso y del Senado– ha aprobado este miércoles una iniciativa del PP para que este organismo fiscalice el gasto del Diplocat entre los años 2011 y 2017. La propuesta ha sido aprobada con los votos del PP, del Grupo Socialista y de Ciudadanos, mientras que Podemos y el PNV se han opuesto. El Diplocat fue disuelto por el gobierno español en el marco de las medidas del 155.

Los populares quieren que el informe detalle el uso de dinero público en acción exterior por parte de la Generalitat "para internacionalizar el procés". El diputado del PP Jordi Roca ha acusado al Govern de hacer "supremacismo" utilizando unas exportaciones de Catalunya que "ya se producían antes" y ha pedido que se ponga punto final a las "duplicidades" en este caso.

La iniciativa busca que la Generalitat "rinda cuentas" por el dinero que se han dedicado en acción exterior en estos años de "despilfarro" de dinero público y de "deslealtad" a los catalanes, según el popular. "Esperamos que este informe ilumine esta gestión de la Generalitat y nos permita a todos saber cómo se ha utilizado nuestro dinero", ha afirmado Roca.

La senadora del PNV María Dolores Extano ha expresado su oposición y ha recordado que las políticas del Govern han permitido batir récords de exportación, y el diputado de Unidos Podemos Joan Mena ha acusado el PP de querer resolver el conflicto de Catalunya "por la vía de la judicialización, la fiscalización y la sanción" y no por la vía del acuerdo político. La iniciativa, ha afirmado, "está dentro de la estrategia punitiva del gobierno de Rajoy contra las instituciones catalanas".

Por el contrario, el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez ha afirmado que si la acción exterior del Govern ha sido "maravillosa" la Generalitat "no tiene nada que esconder". Ramírez ha recordado que la acción exterior diplomática es competencia exclusiva del Estado. "Mi grupo está a favor de fiscalizar los fondos que puedan suponer un despilfarro del dinero del conjunto del Estado", ha dicho.

La iniciativa ha obtenido el apoyo del Grupo Socialista. El diputado Antonio Hurtado ha afirmado que la fiscalización "es un mecanismo de garantía del Estado de derecho", y la iniciativa busca "intentar controlar si los recursos públicos se han gestionado de la manera adecuada, conforme a la ley para actividades legales y asumiendo competencias propias". Cualquier incumplimiento, ha afirmado, supone "responsabilidades contables" para sus autores que "exigen resoluciones contundentes por parte del Tribunal de Cuentas para reparar los daños en el erario público".