Al Partido Popular le preocupa que los ayuntamientos catalanes que no icen la bandera de España. En su opinión, la bandera nacional es un símbolo de "concordia" y "orgullo" para todo el territorio, y no entienden que en Catalunya la práctica cada vez más "habitual" sea no lucirla en el balcón. Es por eso que el PP ha hecho público este domingo que llevará al Congreso una iniciativa para presionar al Gobierno a multar a los consistorios catalanes que no ondean la rojigualda. "Representa un llamamiento a la unidad, a la cooperación y al respecto mutuo, y recuerda que, como nación unida, España puede superar cualquier diferencia y obstáculo bajo una identidad común", han insistido los de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado. El PP quiere que la proposición se debata y se vote a la comisión de Política Territorial de la cámara baja.
No lucir la rojigualda fomenta la "insumisión"
Los populares lamentan que desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa la normativa vigente en este ámbito se haya dejado de hacer cumplir. "No se ha llevado a cabo ningún requerimiento, ni interpuesto ningún recurso" para hacer cumplir la normativa vigente a los ayuntamientos catalanes, han criticado en el escrito, añadiendo que no mostrar la bandera española en las fachadas de los ayuntamientos catalanes fomenta la "insumisión" ciudadana. "Se da una férrea alianza entre aquellos que incumplen la ley y los que guardan silencio y complicidad ante su incumplimiento", han señalado.
El PP recuerda que la normativa vigente es "clara"
El Partido Popular ha recordado que la legislación vigente en este ámbito es muy "clara" sobre el papel que tiene que tener este símbolo dentro de las instituciones. Detallan que el artículo 4 de la Constitución, que establece su uso, indica que las rojigualdas se tienen que lucir al lado de las banderas autonómicas en los edificios públicos y en los actos oficiales. También destacan que la bandera española tiene que ondear en el exterior del consistorio y no en el interior, para que pueda ser vista desde la calle, y que, aparte, tiene que ocupar un lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial y municipal del Estado.
Además, los populares piden a la Generalitat que se ponga las pilas y haga cumplir la legislación vigente en esta materia en el territorio catalán. También reclaman que la administración competente en Catalunya tome las medidas sancionadoras "oportunas" con aquellas administraciones municipales que de manera repetida incumplan la ley.