El Partido Popular no apoya a Vox en su afán por ilegalizar a Junts y Esquerra Republicana como partidos políticos. Los populares han rechazado votar a favor de una moción de los ultras —que se han quedado solos— que instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de las dos formaciones independentistas y los han acusado de buscar un "protagonismo forzado". Sin los votos del PP, que ostenta mayoría absoluta en la cámara alta, la moción de Vox queda rechazada este martes.
La senadora del PP María Yolanda Ibarrola ha defendido que la extrema derecha sabía que los populares no apoyarían el texto, ha avisado de que ni la moción saldrá adelante en el pleno ni prosperaría una eventual ilegalización en el Tribunal Supremo y ha recalcado que "la disolución de un partido político es una de las medidas más graves que pueden adoptarse en democracia", al margen de señalar que el "pluralismo político es un valor superior de nuestro ordenamiento". Además, el PP ha recriminado a Vox que no existe "ni una sola sentencia firme que avale la acción que se pretende", en referencia a las acusaciones de terrorismo por parte de la Audiencia Nacional contra Marta Rovira o Carles Puigdemont, entre otros.
"Traen este debate a la cámara en busca de un protagonismo forzado, un altavoz que les haga parecer los mayores defensores de España, principalmente ante el PP. Se confunden. Con su actuación, al final a quien acaban beneficiando es a Pedro Sánchez y a sus socios", ha afirmado la senadora popular, que ha añadido que su partido, desde el Senado, hará "todo el que en derecho quepa para frenar la deriva tiránica del Gobierno". Ahora bien, han apuntado que no se frena un ejecutivo "a golpe de nota de prensa, de tuit, o proponiendo lo imposible". En el turno de defensa de la moción, la senadora de Vox Paloma Gómez ha pedido el apoyo a su texto, amparándose en la ley de partidos, apelando a la "sensatez y al sentido común" para prohibir a unos partidos que consideran que "no son rivales, sino enemigos de la nación". Para los ultras, ambas formaciones "han apoyado al terrorismo" y han intentado "destruir el orden constitucional".
Junts y ERC: "Indigna" y una "ofensa"
A su vez, Junts ha presentado una moción de supresión total a la iniciativa de Vox, que han calificado de "ofensa" a los ciudadanos, una "apreciación personal más propia de la barra de un bar que del Senado". Según ha defendido el senador Josep Lluís Cleries, "Junts nunca ha apoyado ningún acto terrorista" y ha señalado que la moción es una "expresión de odio" contra formaciones políticas "democráticas, pacíficas y regulares".
A pesar de no presentar ninguna enmienda al texto, ERC ha criticado la iniciativa por "indigna". "No nos derrotan en las urnas, y por eso quieren eliminarnos del mapa político", ha afirmado la portavoz republicana, Sara Bailac. En su opinión, lo que busca Abascal es "prohibir" a los catalanes el hecho de "imaginar un futuro mejor". "Seguiremos defendiéndonos, porque votar no es un delito y ser independentista es un derecho".
PP gesticula contra la transferencia al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social
Durante la sesión de este martes, también se ha debatido una moción presentada por el PP en formato de gesticulación contra la transferencia al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social. Los populares sostienen que no solo ellos están en contra, sino que incluso organizaciones sindicales y empresariales "lo criticaron duramente". La portavoz de los socialistas en el Senado, la catalana Eva Granados, ha tildado de "bulo" que se rompa la caja única de la Seguridad Social si se acaba transfiriendo la gestión a Euskadi.
Tras llegar a un pacto de investidura con el PSOE, el PNV sostuvo que el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco está incluido en los 28 acuerdos pendientes en Euskadi. De hecho, el pacto indica que dicho traspaso debe llegar en menos de dos años, se matizaba que no se rompería el carácter unitario y que la gestión se efectuaría a través de convenios. Pero el PP asegura que la transferencia es una "ruptura de la caja única de la Seguridad Social", algo contrario a la Constitución.