La distancia que separa la sede de Génova del Tribunal Constitucional es más corta que la que aparece en los mapas de Madrid. En plena precampaña madrileña, que Isabel Díaz Ayuso quiere consolidar como un paraíso fiscal, el Partido Popular ha presentado un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Esta vez, contra dos preceptos de los presupuestos del Estado del 2021. Se trata de los preceptos que blindan el impuesto sobre el patrimonio y que, por lo tanto, impiden que las comunidades autónomas puedan suprimirlo totalmente. "España es el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto del Patrimonio, y el único en la OCDE en que convive con otras cargas que inciden sobre el ahorro", denuncian los populares. "Noruega, Suiza y Holanda también lo mantienen, pero cumple una función de sustitución ante otros tributos o se integra en el IRPF", contraponen.

Así, el objetivo declarado del PP es acabar con este impuesto, que es "confiscatorio, profundamente injusto y arcaico". Por este motivo el grupo parlamentario en el Congreso ha llevado ante el tribunal de garantías el artículo 66 de los presupuestos del Estado, que modifica la Ley del impuesto del Patrimonio e incrementa el tipo marginal del 2,5% al 3,5%. También impugnan la disposición derogatoria de una parte del real decreto 13/2011 que restablecía el impuesto del Patrimonio con carácter "temporal", y que ahora ha pasado a tener carácter "indefinido".

En una nota de prensa, los populares argumentan que incrementar este tipo marginal máximo al 3,5% hace que en algunos casos los propietarios tengan que desprenderse de sus inmuebles. De la misma manera, añaden desde el PP, el hecho de que los presupuestos conviertan en indefinido el impuesto del Patrimonio implica que se crea un nuevo impuesto. Por lo tanto, entienden ellos, el Gobierno vulnera el artículo 134 de la Constitución, que establece que los presupuestos del Estado no pueden crear tributos.

En su comunicado, los populares aseguran que con este recurso responden a las demandas que les han trasladado "organizaciones de la sociedad civil, como Foment del Treball, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y otras organizaciones empresariales." Pero también forma parte de la estrategia del PP en Madrid. La capital ya se ha convertido, de facto, en un paraíso fiscal dentro del Estado. Y la presidenta y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, promete todavía más rebajas fiscales.