¿Ha sido una trampa del PSOE, Sumar y Bildu? ¿El PP ha sido realmente engañado? Son las preguntas que circulan desde el lunes por los pasillos del Congreso, el Senado y la Moncloa, desde que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado el 'gol' que le ha colado el Gobierno: el Congreso de los Diputados votó por unanimidad el 18 de septiembre a favor de una ley que, gracias a unas enmiendas de Sumar, rebaja las penas de prisión a una cuarentena de exmiembros de ETA. El relato de los populares es que se han equivocado votando a favor —así lo reconocen— y que no se dieron cuenta de los efectos de esta reforma. El grupo parlamentario llegó a firmar en un acta que "había estudiado con total atención la citada iniciativa, así como sus enmiendas". Por una parte admiten el error y por la otra disparan contra Pedro Sánchez.
Mientras tanto, los socialistas señalan con el dedo a los populares por no haberse leído atentamente el texto. Pero, de la misma manera, no argumentan por qué, según su opinión, es beneficiosa la reforma de la ley. Se zafan cada vez que sale este tema; en público y en privado. Solo un importante parlamentario del PSOE se pronuncia sobre el tema con los micrófonos apagados: "Antes las cosas se hacían por excepcionalidades; ahora, sin ETA, hay que corregir estas excepcionalidades". Fuentes de la rama de Sumar salen a defender las polémicas enmiendas sin ningún pavor. El entorno de Yolanda Díaz insiste en que hay que cumplir con la normativa europea y con los "derechos humanos". Insisten en la defensa del concepto del derecho latino 'non bis in idem', que implica que un reo no puede ser condenado dos veces por la misma cosa. Y desconfían de la 'inocencia' del PP. "Aquí todo el mundo es plenamente consciente de qué propone y qué vota", señalan las mismas fuentes.
¿Qué implica la reforma de la ley?
A grandes rasgos, la reforma de la ley implica tener en cuenta los años de condena que los etarras han pasado en Francia, y restarlo del tiempo que tienen que pasar en una prisión española. En otras palabras, Javier García Gaztelu —Txapote— podrá salir de la prisión el próximo año y no en 2031; porque se le 'perdona' el tiempo que pasó encerrado en Francia entre 2001 y 2007.
Vamos por partes. En 2008, el Consejo Europeo tomó una decisión marco en que recomendaba a los estados miembros tomar en consideración las condenas que un reo había cumplido en otros países del club continental, y considerarlas propias. El gobierno de Mariano Rajoy obedeció a la Unión Europea y lo aplicó en la legislación española. Pero durante la tramitación del texto se dio cuenta de que eso podría beneficiar a etarras y añadió una disposición adicional a la norma: "En ningún caso se tendrán en cuenta por la aplicación de esta ley las condenas dictadas por un Tribunal de un estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto del 2010".
Ahora, el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma de esta ley con unas enmiendas de Sumar que eliminan la disposición adicional del PP de Rajoy. No obstante, en 2018 el TEDH rechazó que se produjera una violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; y avaló fijar condenas de 30 años (la máxima condena que se podía fijar entonces) para etarras que ya habían cumplido penas en Francia con anterioridad.
El relato de la Moncloa
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha hecho trampas. Pilar Alegría ha defendido que en 2014 el gobierno de Mariano Rajoy impulsó una norma calcada a la que ahora mismo se encuentra en tramitación en las Cortes españolas. Sí pero no. Porque los populares se dieron cuenta de las consecuencias más tarde de la ley y entonces la enmendaron: se aseguraron de que los etarras no se podrían beneficiar de ella. Y ha hecho una segunda trampa: ha asegurado que la ley recibió el aval del Consejo de Estado. Sí pero no. Porque este aval llegó antes de que Sumar incluyera las enmiendas que benefician la cuarentena de exmiembros de ETA.
La reforma de la ley, en el tejado del Senado y del Gobierno
Para más inri, el PP se ha dado cuenta de todo demasiado tarde. Aunque la ley se encuentra ahora en los cajones del Senado, los populares ya no están a tiempo de tumbarla a través de enmiendas o vetos. De manera que la norma está condenada a imprimirse en el BOE a partir del 14 de octubre. El PP sí que sostiene, de todos modos, que el Gobierno sí que puede poner el freno de mano: insiste en que es potestad de Pedro Sánchez retirar la reforma y frenar su aprobación definitiva.
Esta tarde de martes, el ministro Félix Bolaños y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han mantenido una llamada telefónica. Ambas partes lo confirman. Según explican fuentes de los populares, se le ha pedido al Gobierno que retire inmediatamente la ley, pero no han detectado que el ejecutivo tenga voluntad de hacerlo. "Hay que evitar este daño; pero Pedro Sánchez es el único responsable; tiene la voluntad de excarcelar a terroristas", manifiestan las mismas fuentes. Paralelamente, el Ministerio de la Presidencia, de Justicia y Relaciones con las Cortes se mantiene en el mismo relato: aseguran que Bolaños le ha preguntado a Gamarra a qué se debe el "repentino cambio de opinión". Insisten en que la reforma hace falta sacarla adelante porque "hay que aplicar el derecho europeo en España".