Surrealista. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha suspendido la declaración como investigado del expresidente del Partido Popular (PP) Pablo Casado por haber insultado a la escuela catalana porque no se lo ha localizado. Casado tenía que declarar como investigado por los delitos de injurias, calumnias y delito de odio el lunes próximo por videoconferencia. Por eso, el juzgado de Barcelona envió un exhorto a los juzgados de Madrid para que lo localizaran. La sorpresa es que el exhorto se envió a la sede del PP, en la calle Gènova, 13 de Madrid, desde donde han respondido que Casado "ya no tiene despacho en esta sede y que desconocen donde le pueden facilitar", según el escrito del agente judicial. La respuesta del magistrado Santiago García ha sido de suspender la declaración y preguntar a la Generalitat, impulsora de la querella, qué quiere hacer.

Después de derivarse la querella a los juzgados de A Coruña y luego al Supremo, el noviembre pasado, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona finalmente admitió a trámite investigar al expresidente del Partido Popular Pablo Casado - ya sin aforo al dejar de ser diputado en el Congreso-, por las declaraciones contra la escuela catalana que hizo en diciembre del 2021 La Generalitat presentó una querella contra Casado por fomentar el odio contra la escuela catalana, ya que afirmó en un acto en Galicia que había profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo niños porque hablan castellano. También aseguró que se les ponía piedras en las mochilas. La respuesta del PP, al titular del juzgado de instrucción 11 de Madrid -que hace de puente con el de Barcleona- vuelve a dilatar este procedimiento.

Campañas contra el catalán

Pablo Casado hizo las declaraciones en un acto en Galicia en medio de la polémica política por el fallo judicial que obligó a una clase de una escuela de Canet de Mar a impartir el 25% de las clases en castellano. La escuela catalana volvió a ser el centro de la confrontación política, y las nuevas leyes catalanas para superar la aplicación del 25% de castellano a todos los centros educativos, como impuso el TSJC, está ahora en el tejado del Tribunal Constitucional, que tiene que resolver si son normas anticonstitucionales. Para el TSJC sí, ya que asegura que la nueva normativa catalana -aprobada por una mayoría parlamentaria- no establece de forma clara que el castellano tiene que ser lengua vehicular, como el catalán.

Después de la agónica renovación del TC, la magistrada Laura Díez, fue designada como ponente en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Partido Popular y Ciudadanos contra el decreto ley creado para dejar atrás las limitaciones del 25% de clases en castellano. Díez, al final, se ha abstenido, porque trabajó en la administración catalana.

Ante esta plantada popular, la Generalitat tiene que comunicar al juzgado que quiere hacer, y seguramente, pedirá buscar el domicilio particular del exlíder popular para que comparezca y declare como investigado.