El Partido Popular (PP) ha anunciado que interpondrá una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los próximos días ante el Tribunal Supremo (TS). Los populares sostienen que podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa en el ascenso de su antecesora a fiscal de la Sala del Militar al Tribunal Supremo, máxima categoría del Ministerio Fiscal. Según el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, este nombramiento tenía como objeto "pagar una deuda de gratitud" y propiciar así que Delgado se incorporara a la carrera en la máxima categoría, un nombramiento en el cual, argumenta el PP, García Ortiz tuvo un "carácter decisivo".
El mismo Tribunal Supremo anuló el pasado mes de noviembre el ascenso de Delgado, al considerar que hubo "desviación de poder" por parte de su sucesor. Ahora, ante el mismo tribunal, el PP presenta una querella en la que recoge que no hay "ninguna duda" que García Ortiz sabía que no contaba con el apoyo legal cuando propuso a Dolores Delgado para el cargo, alegando que la proposición del fiscal fue "arbitraria" y se hizo, al contrario de la opinión de la mayoría del Consejo Fiscal, "sin esfuerzo argumentativo ni apoyo normativo, basándose en la obstinación personal."
Además, fuentes de los populares remarcan que la exministra ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarlo de investigaciones relevantes para el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del Partido Popular.
El precedente del pasado noviembre
El TS dictó una sentencia el pasado noviembre en la cual apreciaba desviación de poder en la propuesta del fiscal general del Estado para promover a fiscal de Sala a la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado. Más concretamente, la sentencia del Supremo considera acreditado que la finalidad que buscaba García Ortiz era la promoción de Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una falta de la legislación en vigor. Según el Supremo, eso se aparta de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes tienen que proveerse fundamentalmente conforme al criterio del mérito.
"Conseguir este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad. Además, no hay que subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza para la misma codemandada cuando todavía era fiscal general del Estado, dimisión poco después de este cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud para la señora Delgado, propuesta a favor de ella para quien fue su estrecho colaborador y en este momento ya su sucesor; y todo eso, por si no fuera bastante, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad," indica la sentencia del Supremo. Según fuentes del PP, la desviación de poder podrían constituir un delito de prevaricación según el artículo 404 del Código Penal.