En los próximos meses, el Tribunal Constitucional emitirá el veredicto sobre la ley de amnistía. Su pronunciamiento tiene que servir para que los líderes independentistas se beneficien por completo de la norma del olvido penal: los exiliados puedan volver a Catalunya en libertad y los inhabilitados puedan volver a presentarse a las elecciones. Entre otros, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se aferran a ello para conseguir la amnistía plena que el Supremo, desoyendo la ley, les ha negado hasta ahora. Ahora bien, no será un camino fácil. Mientras el recorrido de la amnistía en el TC sigue su curso, dos de los principales actores que quieren embarrancarla abonan el terreno para cuando tengan que reventar una sentencia del TC favorable a la amnistía. Por un lado, el Partido Popular ha recrudecido y multiplicado sus ataques sin cuartel al TC desacreditando públicamente a los magistrados que lo componen y deslegitimando sus resoluciones. Por otro lado, el Supremo se mantiene firme y ha aprovechado dos autos poco mediáticos para lanzar amenazas veladas al Constitucional por lo que pueda venir en el futuro.
De momento, la semana pasada el Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo que presentaron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Supremo de no amnistiarlos por la malversación del 1 de octubre. Los tres dirigentes denunciaban que la Sala Penal “se estaba erigiendo en legislador” y “se apartaba del principio de legalidad”, cosa que tiene “consecuencias gravísimas” para sus derechos fundamentales. En las próximas semanas, el TC admitirá a trámite el recurso de amparo que presentó Jordi Turull, que reprochó al Supremo que hacía una interpretación “extravagante, imprevisible, analógica e irrazonable” de la ley. Más tarde será el turno de Carles Puigdemont, que está teniendo más trabas en el Supremo. El siguiente paso llegará el 10 de marzo, cuando se celebrará la vista para resolver su recurso de apelación contra la decisión de Pablo Llarena de mantener en vigor la orden de detención. Cuando el Supremo haya rechazado las pretensiones del líder de Junts, se abrirá la puerta del Constitucional. Además, el TC también tiene encima de la mesa las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo y del TSJC y los recursos de inconstitucionalidad del PP y de las comunidades autónomas.
El PP arremete contra el TC: un “tribunal político” que actúa de “forma arbitraria”
Esta última semana, el Partido Popular ha subido los decibelios de la confrontación contra el Tribunal Constitucional. Quien abrió la veda fue Alberto Núñez Feijóo, que el lunes en una entrevista en El Mundo sostuvo que el TC es un “tribunal político al servicio del Gobierno” y lamentó que se dedique a “derogar, enmendar y anular” sentencias del Supremo, cosa que consideró que “ha hecho temblar los cimientos del Estado”. Unos días antes, en la COPE, pidió al Constitucional que “deje de manosear las sentencias del Supremo” para tener la “garantía de un estado de derecho pleno en España”. Y lanzó una advertencia a los magistrados del TC: “El hecho de ser miembro del Constitucional no significa que no se pueda delinquir: una resolución injusta a sabiendas es una prevaricación”.
Fuentes del entorno de Feijóo consultadas por ElNacional.cat no rebajan ni matizan ni un ápice sus críticas: defienden que son “militantes del PSOE nombrados a dedo” que “deciden” sobre leyes del Gobierno siendo exministros del mismo. “Se pronuncian sobre leyes que han escrito compañeros suyos”, añaden las mismas voces, que diferencian sus críticas de los reproches que lanzan los socialistas a los jueces porque los magistrados “no tienen partido político, ni un pasado de militancia en un Gobierno”.
A las críticas de Feijóo se sumó la líder del PP en Europa, Dolors Montserrat, que en una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, para denunciar que el fiscal general del Estado “mina la salud del Estado de derecho”, introdujo duras críticas al TC. “Tenemos serias dudas sobre la actuación del Tribunal Constitucional”, esgrimió. “La Unión Europea se basa en valores como la justicia y el Estado de derecho. Si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea. La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas”, añadió. “El abuso de poder en beneficio de los dirigentes políticos constituye prevaricación. Ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos. No permitamos excesos autoritarios ni manipulaciones jurídicas que violan por completo los principios de nuestro Estado de derecho”, concluyó. No era la primera ofensiva en Europa contra el PP. Hace unos días los populares presentaron una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la sentencia del TC sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado.
“El Constitucional no se aplica a sí mismo ni siquiera los estándares que exige a otros órganos jurisdiccionales”
Otro de los dardos envenenados que el PP ha lanzado recientemente al Constitucional ha sido a raíz de la decisión de extender la recusación de José María Macías, un magistrado conservador muy crítico con la amnistía, a todos los debates sobre la ley. Los populares recurrieron la decisión del TC ante el “atropello al derecho de las partes personadas a un proceso justo y equitativo”. Su recurso argumenta que el TC “vulneró” su derecho a efectuar alegaciones como parte implicada, “no respetó” los principios de contradicción e igualdad de armas, “generó su indefensión” i “prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según denunciaron fuentes del PP. A su juicio, el auto evidenciaba que el Constitucional “no se aplica a sí mismo ni siquiera los estándares que ha venido exigiendo a otros órganos jurisdiccionales”. “En el PP no vamos a permanecer quietos ante lo que entendemos es una vulneración de nuestros derechos fundamentales”, concluían las mismas voces.
De hecho, las recusaciones ya fueron el primer ariete que usó el PP para cargar contra el Constitucional. En septiembre, Alberto Núñez Feijóo afirmó que el actual TC es “el que tiene más sospechas de parcialidad” y avisó de que si las personas que el PP recusaría “no aceptan su exclusión”, él tendría “muchas dificultades para entender que su fallo esté dictado por personas independientes”. El PP recusó a Juan Carlos Campo (exministro de Justicia), que se apartó voluntariamente de los debates, a Cándido Conde-Pumpido y a Laura Díez. Ahora bien, ambas recusaciones fueron descartadas.
El Supremo avisa al Constitucional que no tiene “carta blanca”
El otro movimiento en las últimas semanas ha llegado de la mano del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha inadmitido tres querellas de Hazte Oír, de Vox y de la Asociación contra la Prevaricación Atando Cabos contra los magistrados progresistas del TC por haber revocado las condenas del caso de los ERE en Andalucía. El Supremo descartó que los magistrados cometieran un delito de prevaricación alegando que una “interpretación que puede reputarse errónea no es injusta a los efectos del delito de prevaricación siempre que sea defendible en Derecho”. Ahora bien, el Supremo no se quedaba aquí y ponía en duda que las resoluciones del TC no puedan ser “enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”, que es lo que estipula la Ley del Tribunal Constitucional.
“No significa que la dinámica de funcionamiento jurisdiccional del Tribunal Constitucional resulte ajena de manera absoluta a eventuales recursos o a control jurisdiccional alguno por parte del poder judicial o de otros poderes del Estado”, argumentaba el primer auto, del que fue ponente Andrés Palomo del Arco (que formó parte del tribunal del juicio del procés) y al que ha tenido acceso ElNacional.cat. Y añadía que esto “no equivale a una suerte de inviolabilidad” de sus miembros. “No supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación”, esgrimía. El segundo auto, con Vicente Magro como ponente, validaba el razonamiento.
Asimismo, justificaba que para apreciar un delito de prevaricación en los magistrados del TC es necesario “sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho” y que haya una “imposibilidad de sostenerse mediante algún método aceptable de interpretación de la ley”. ¿Amnistiar la malversación sería un “método inaceptable” de interpretar la ley? El Supremo tendrá que responder esta pregunta. Los magistrados insistían que las resoluciones prevaricadoras son las que “no observan la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico” y son “pura y simplemente” producto de la “voluntad” de los magistrados “convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”. Por todo ello, concluyen que una “objetiva injusticia” supondría una “lesión de un derecho o del interés colectivo en el buen funcionamiento” de la Justicia y “posibilitaría tipificar la conducta como prevaricación, aun cuando de resolución dictada por magistrados del Tribunal Constitucional se tratase”.
Esto ha levantado las críticas de Jueces para la Democracia. “La erosión de las instituciones por el mero hecho de mantener visiones distintas sobre la interpretación de la Constitución es una absoluta irresponsabilidad”, denunciaron en un comunicado. Asimismo, condenaron que la “práctica deslegitimadora respecto de cualquiera que no se pliega a los intereses de determinados grupos” es un “grave error que amenaza el sistema de equilibrios”. “No podemos permitir que el pluralismo constitucional se vea amenazado por el uso del derecho penal como herramienta de presión política”, concluían.
Dos apuntes más. El Supremo recuerda que, en la prevaricación dolosa, una resolución injusta es la que “se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles”, “carece de toda interpretación razonable” y es “exponente de una clara irracionalidad”. Por su lado, la prevaricación culposa o imprudente se da en las resoluciones que infrinjan el ordenamiento jurídico de forma “grosera, patente, evidente, notoria o esperpéntica”. “Debe concurrir una contradicción clara y palmaria con la norma, debiendo ser aquella tan patente que resulte evidente por sí misma”, añade.
Por cierto, las amenazas del Supremo no son nuevas del todo. En julio, en el auto que denegaba la amnistía a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva, el Alto Tribunal aprovechó para lanzar una advertencia al Constitucional y a los líderes independentistas: si el TC interpreta que el delito de malversación es “amnistiable”, recurrirá la decisión a Europa. “Nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, adelantaba el auto. Es decir, aunque el Constitucional imponga una amnistía total, como es la esperanza del independentismo, el Supremo se guardaba una última carta para torpedear su aplicación.
Cándido Conde-Pumpido: “Los poderes están obligados a cumplir lo que el Constitucional resuelva”
En los últimos meses, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido la labor del Constitucional y ha intentado poner la venda antes que la herida. “Tal como dice la ley, todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva”, reivindicó en septiembre. Y reclamó el “máximo respeto político e institucional por sus decisiones y su independencia”. Y hace una semana mantuvo el mismo mensaje. Fue durante el acto de homenaje a Francisco Tomás y Valiente, que fue presidente del TC entre 1986 y 1992, cuando citó una de sus frases: “El Tribunal Constitucional no debe obsesionarse nunca por el eco de sus resoluciones. Ni ha de buscar el aplauso ni ha de huir de la censura”. Y pidió que el Constitucional permanezca “impávido frente a estos aplausos y censuras”. Asimismo, puso en valor que los magistrados ejerzan sus funciones “atendiendo única y exclusivamente a la Constitución y a su ley orgánica, sin someterse a presiones directas o indirectas de ningún grupo de poder, sea político, económico o mediático, esté en el Gobierno o en la oposición y sea tanto público como privado”.