Como ya anunciaron Vox y Ciutadans, el PP ha confirmado este viernes que llevará a la Junta Electoral Central el caso del diputado de la CUP Pau Juvillà, que ha sido inhabilitado por el TSJC por un delito de desobediencia en las elecciones municipales del 2019, cuando estaba en la Paeria de Lleida. Lo ha anunciado la diputada Lorena Roldán desde el Parlament, que ha añadido que el cupaire "tendría que dejar su escaño". Juvillà fue condenado por desobediencia por no retirar los lazos amarillos en apoyo a los presos que había colocados en la parte de fuera de las ventanas de su despacho de concejal en el ayuntamiento.
En una atención a los medios, Roldán también ha aprovechado para acusar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de utilizar el reglamento de la Cámara "de manera malintencionada y de mala fe", al permitir que se introduzca en el orden del día la votación del dictamen de la Comissió del Diputat que permite que no se retire el escaño a diputados sin sentencia firme, como es el caso de Juvillà.
La popular ha criticado que este dictamen permita "proteger a un tramposo y atropellar al resto de diputados", y ha afirmado que el caso de Juvillà es igual que el del expresident de la Generalitat Quim Torra, por lo que cree que tendría que dejar su escaño.
El movimiento de los independentistas
Roldán se ha referido al movimiento de los tres partidos independentistas en el pleno de esta misma mañana. Primero ha sido la diputada de la CUP Eulàlia Reguant quien ha pedido la palabra para solicitar alterar el orden del día e incluir la aprobación del dictamen para mantener el escaño en Juvillà hasta que la sentencia sea firme. Seguidamente lo han hecho la portavoz de ERC, Marta Vilalta, y el diputado de Junts Josep Rius. La inclusión de un punto en el orden del día se puede hacer siempre que lo pidan más de dos grupos, ha recordado la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, por lo cual ha llamado a votación. Esta misma estrategia es la que las formaciones independentistas llevaron a término en los polémicos plenos del 6 y 7 de septiembre, cuando aprobaron las leyes de desconexión y transitoriedad jurídica que permitieron celebrar el referéndum del 1-O y tenían que implementar la República si el 'Sí' ganaba.
Quien se ha quejado de este movimiento en el pleno ha sido la diputada de Cs Anna Grau, que ha acusado al Parlament de ejercer una "desobediencia sistemática del marco legal", a lo cual Borràs ha contestado que se estaba siguiendo a rajatabla el reglamento.
Imagen principal: la diputada del PP Lorena Roldán, en el Parlament de Catalunya / Foto: Europa Press