La relación entre el PP y Vox en las Illes Balears se tambalea. Entre las dos formaciones ha estallado una crisis por la cuestión lingüística. Uno de los puntos de desacuerdo, según ha trascendido este viernes por la noche, es que Vox quiere que se puedan poner multas de hasta 100.000 euros por incumplimiento del uso del castellano.
La crisis ha estallado por la oficina de derechos lingüísticos que los ultraderechistas pretenden imponer en Balears. Esta nueva oficina debe sustituir a la actual, lo que estaba previsto en el acuerdo entre ambas formaciones, que facilitó que el PP llegara a formar gobierno. El portavoz del gobierno popular, Toni Costa, ha asegurado este viernes que "incomprensiblemente" Vox presentó la propuesta para crear la nueva oficina "sin haber pactado el texto" y sin avisarles. Un texto del que, según recoge la agencia ACN, ha manifestado: "No nos gusta ni mucho ni poco", es por eso que ha pedido a los de Santiago Abascal que lo retiren bajo la amenaza de que, si no, se verán obligados a "presentar una multitud de enmiendas”.
El PP dice que quiere cumplir el acuerdo con Vox
Costa ha afirmado que el PP está formado por "gente de palabra" y que, por tanto, su intención es cumplir el acuerdo de legislatura con Vox, pero al mismo tiempo, ha subrayado que la propuesta de los de ultraderecha no es la adecuada, porque "invade competencias", tiene un preámbulo que no gusta a los populares y un régimen sancionador "que no lleva a ningún sitio".
Por eso, el PP ha instado a Vox a retirar el texto y ha subrayado que el partido de la presidenta de Balears "ha estado siempre y seguirá estando con el Estatuto de Autonomía y con la defensa y la normalidad de convivencia de las dos lenguas oficiales que tenemos en las Islas, la propia, el catalán, y la otra lengua oficial, el castellano".
Multar para favorecer el castellano
El texto obliga de facto a todas las administraciones baleares a escribir en castellano su documentación, y no solo en catalán. Asimismo, incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100.000 euros por incumplimiento del uso del español.
Según se lee en el texto, "el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto que prácticamente todas las instituciones de las Islas, todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por extensión, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para utilizar el castellano".
El pacto entre PP y Vox que permitió a Prohens llegar al gobierno prevé que la oficina esté en manos de los de ultraderecha.
En una nota de prensa difundida este jueves, Vox afirmaba que la misión de la oficina es "defender la libertad de uso y opción lingüística" y "fomentar la protección tanto del castellano como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas, que desde hace más de 30 años sufren la aplicación de una normativa pancatalanista".