La derecha española se ha aliado en las Cortes Generales para reclamar al Gobierno que desclasifique los documentos relacionados con los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 con el objetivo de “dilucidar la identidad de los autores y cómplices de los mismos”. Ha sido en una proposición no de ley impulsada por Vox (que no tiene carácter vinculante ni efectos jurídicos) que se ha debatido y aprobado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Ambas formaciones tienen mayoría absoluta porque su composición es una ponderación de los escaños del Congreso y del Senado y la iniciativa ha recibido luz verde por 20 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. Los atentados del 11M tuvieron lugar en la Estación de Atocha y causaron 192 muertos y más de 1.500 heridos. Inicialmente, el gobierno de José María Aznar señaló directamente a ETA, pero el ataque fue realmente perpetrado por una célula yihadista. Tres días más tarde, se celebraron unas elecciones generales en las que se acabó imponiendo José Luis Rodríguez Zapatero.

La exposición de motivos del texto, signado por la formación de extrema derecha, esgrime que, veinte años después de los atentados, “todavía se sigue sin esclarecer la autoría intelectual ni la participación de actores terceros en los atentados”. En este sentido, recuerda que la modificación del Código Penal de 2010 para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte no se puede aplicar al 11M, por lo tanto, son unos hechos que “han prescrito y ya no son perseguibles ante la Justicia”, cosa que provoca que la “función esclarecedora de los hechos aparejada al proceso judicial penal” haya quedado “agotada”. “La imposibilidad de continuar la investigación judicial limita sobremanera la capacidad de los familiares de las víctimas y de la sociedad española de conocer todos los datos y de esclarecer quiénes fueron los autores y cómplices de los atentados”, remacha la justificación de Vox. Por cierto, en 2004, el Gobierno del PP, cuando estaba en funciones, desclasificó dos documentos del CNI.

El PP defiende que “no hay reconciliación verdadera sin verdad completa”

¿Y cómo ha justificado el PP su voto a favor? En nombre de los populares, el senador José Antonio Monago ha esgrimido que, en democracia, “no puede haber zonas oscuras cuando se trata de crímenes de tal magnitud”, “no hay reconciliación verdadera sin verdad completa” y “no hay verdad completa si el Estado no contribuye con todos los instrumentos a su alcance para esclarecerla”. El PP ha votado a favor del texto de Vox “sin ánimo de alimentar especulaciones ni reabrir heridas gratuitamente” y “convencido de que la transparencia fortalece las instituciones, honra a las víctimas y reafirma el compromiso de todos con la verdad y con la democracia”. Esta argumentación choca de pleno con la frontal negativa del PP a desclasificar información sobre los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils.

 

“La desclasificación de información, cuando ya no compromete la seguridad del Estado ni procesos judiciales pendientes, es un acto de justicia y de respeto democrático. Se trata de un deber de conciencia con nuestra historia reciente”, ha insistido José Antonio Monago durante su intervención. El senador del PP ha reiterado su “convicción profunda” de que la transparencia “no es un privilegio, sino una obligación moral del Estado con las víctimas” y ha presentado la memoria, la dignidad y la justicia como “pilares irrenunciables” de cualquier política pública relacionada con el terrorismo. “Si hay documentos en poder del Estado que puedan arrojar luz sobre los hechos, sobre su autoría intelectual o sobre eventuales conexiones aún no conocidas, deben conocerse”, ha concluido.

El PSOE carga contra la gestión de José María Aznar

En nombre del PSOE, José Antonio Rodríguez ha criticado la respuesta del gobierno de José María Aznar frente a los atentados, ha reconocido que el sumario del juicio afirma que no se sabe si los autores del atentado cumplían órdenes o actuaban por libre (dado que no se pudo probar su vinculación con Al Qaeda), pero ha recordado los detalles que dio el investigador Fernando Reinares en su libro: “Explica la descoordinación informativa sobre la prevención del atentado y que es evidente que está claro y bien documentado quién lo ideó y lo instigó. Cómo se formó la red terrorista, qué componentes tuvo, cuáles fueron las motivaciones de los individuos implicados y por qué España se convirtió en blanco de Al Qaeda”, ha relatado.

Además, ha recordado que el dictamen con las conclusiones de la comisión de investigación del Congreso “ponía de manifiesto varias notas informativas del CNI y de los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil advirtiendo de la amenaza”. “El Gobierno de José María Aznar no previno de forma adecuada la amenaza del terrorismo islamista radical y tergiversó los datos de la teoría del atentado de los días posteriores, insistiendo en hablar de ETA cuando la investigación policial se alejaba de esa hipótesis”, ha denunciado.