El Partido Popular vuelve a la carga contra la amnistía. Después del acto de los populares en Madrid el pasado domingo que va, cifrar en más de 60.000 manifestantes, el partido liderado por Núñez Feijóo asegura que cinco comunidades autónomas llevarían una posible ley de amnistía al Tribunal Constitucional. Consideran que la aprobación de esta ley no entraría dentro de la Carta Magna y opinan que se trata de un "privilegio" a una "élite catalana" que "rompe con el concepto de la igualdad", tal como establece el artículo 1.
Aragón, el pionero
El primer presidente autonómico al anunciar esta medida contra la amnistía fue la jefe del ejecutivo de Aragón, Jorge Azcón, quien aseguró hace unos días que votaría medidas para "garantizar la igualdad de todos los españoles" si hay cesiones a los partidos independentistas. De hecho, remarcó la posibilidad "de interponer un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe una ley de amnistía con los votos de todos y cada uno de los diputados".
Sin embargo, no será el único presidente de una comunidad autónoma que lo lleve al TC. Después de las elecciones autonómicas españolas del pasado 28 de mayo los populares ganaron peso territorial por todo el Estado. Recuperaron territorios como las Islas Baleares, el País Valencià, Aragón, La Rioja, Extremadura y Canarias las cuales se tienen que añadir a Andalucía, la Comunidad de Madrid, Murcia y Castilla y León. Eso hace tener más capacidad de presión a un posible gobierno del PSOE, y es que, según explica El Mundo, más comunidades se plantean seguir la medida que anunció el presidente aragonés.
Los barones populares, con más poder
Entre los presidentes populares que lo plantean, está la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ya aseguró que harían "todo el posible para que nadie se salte la Constitución". "España se convertirá en un Estado dictatorial si los delitos pesan más o menos dependiendo de quien lo haga", ha subrayado. También seguiría la misma línea al ejecutivo de la Junta de Castilla y León liderado por Alfonso Fernández Mañueco, así como la Región de Murcia y la Junta de Andalucía.
Los andaluces ya rechazaron el pasado jueves una posible amnistía desde su parlamento con los votos en contra del PSOE con el argumento que es una cuestión que no se tendría que tratar en los parlamentos autonómicos. Asimismo, otras autonomías como Galicia, el País Valencià o las Islas Baleares están reflexionando sobre los pasos a seguir. Además, incluso el presidente socialista de Castilla La Mancha apostó por una posible intervención del Constitucional en el caso de que el Congreso valide la amnistía.