El desafío de Joaquim Paladella, alcalde de Batea, que pretende segregar esta localidad de la Terra Alta y de Catalunya e integrarla en Aragón, ha causado un fuerte alboroto tanto en Catalunya como en Aragón, aunque todo se pueda reducir a un simple pulso para conseguir más servicios y por lo tanto, se trate de una maniobra política para conseguir que el Govern les preste más atención.
Este mismo martes, el municipio celebra un pleno extraordinario para tratar precisamente la propuesta del alcalde de iniciar los trámites legales para pasar a formar parte de Aragón. Ahora bien, por muy sorprendente —y con poco recorrido, a juzgar por la reacción de los empresarios del mismo pueblo— que parezca la decisión del dirigente de Batea, el hecho es que la propuesta de Padalella no es ninguna novedad. Tiene precedentes, y precisamente a la inversa, del lado aragonés.
Efectivamente, pedir cambiar de territorio ha sido una táctica utilizada por varios municipios fronterizos a lo largo de los años, y aunque nunca ha ido más allá de un toque de atención, en marzo del año 1996 se produjo el intento más sonado de cambio territorial. En aquella ocasión ocho municipios de la Franja de Ponent, los integrantes de la mancomunidad de la Ribagorça Oriental, en Huesca, anunciaron su intención de pedir la incorporación a Catalunya.
Municipios catalanohablantes
Se trataba de los municipios de Benavarri, Tolva, Viacamp-Llitera, el Pont de Montanyana, Areny, Sopeira, Bonansa i Montanui, todos ellos catalanohablantes, que mostraron su disconformidad con el plan de comarcalización de la Diputación General de Aragón —la Generalitat aragonesa—, que aglutinaba en una misma comarca, la de la Ribagorça, tanto los municipios catalanohablantes como los que no lo eran, fijando la capital en Graus, donde no se habla el catalán.
La intención de estos ocho municipios era la de pedir que si no se reconocía su singularidad lingüística y cultural como territorios catalanohablantes con la constitución de una comarca propia, se podría proceder a pedir la incorporación a Catalunya, en concreto a la vecina comarca de la Alta Ribagorça, con la que eran y son habituales los contactos de todo tipo.
Con tod ello, la demanda no fue más allá y aunque el gobierno aragonés se mostró receptivo a discutir con los pueblos afectados los planes de comarcalización, finalmente se constituyó la comarca tal como estaba previsto, con capital en Graus y sin diferenciar la zona catalanohablante.
Eso sí, el precedente demuestra que la intención del alcalde de Batea no es nueva y que, con toda probabilidad, no es más que una maniobra para conseguir más prestaciones por parte del Govern.